La delegación del Parlamento Europeo que visitó Madrid para interesarse por los 379 crímenes de ETA aún impunes insta España a habilitar mecanismos para que quienes tengan información al respecto puedan suministrarla de manera "confidencial, protegida y anónima" a la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Así consta en una de las conclusiones del último borrador sobre este asunto, que se presenta el próximo lunes en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara y que podrá ser enmendado hasta el 24 de marzo. El 20 de abril de 2022, el texto final se someterá a votación en el Pleno del Parlamento Europeo.
Otra de las recomendaciones del borrador, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, destaca el especial interés por obtener datos sobre "los casos de las cinco personas secuestradas, asesinadas y hechas desaparecer [por ETA y otras organizaciones terroristas] y cuyos restos nunca han sido encontrados". Por ello, los eurodiputados de la delegación instan a utilizar este buzón confidencial para suministrar información sobre estos casos.
Los desaparecidos son: José Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge García (en 1973), Eduardo Moreno Bergareche, alias Pertur (en 1976), y José Miguel Echeverría Álvarez, alias Naparra (en 1980).
Los tres primeros cruzaron la frontera francesa para ver la película El último tango en París, censurada por el franquismo dado su contenido sexual. Miembros de la banda terrorista les habrían confundido con policías y les habrían asesinado.
Vista general del Parlamento Europeo durante una sesión plenaria.
Pertur fue un dirigente de ETA político-militar durante los últimos años de la dictadura franquista. Desapareció en Francia, sin que hasta la fecha se haya encontrado su cuerpo. No se descarta que pudiera haber sido asesinado por sus excolegas de la banda.
José Miguel Echeverría Álvarez perteneció a los Comandos Autónomos Anticapitalistas —una escisión de ETA— antes de ser asesinado, supuestamente, por el ultraderechista Batallón Vasco-Español. En 2016, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicitó a Francia información sobre el posible paradero de Naparra. La búsqueda no dio resultado.
En dicho borrador, la delegación europea también sugiere a las autoridades competentes "agotar las posibilidades interpretativas del Derecho penal, también en relación con la teoría de la autoría mediata indirecta por dominio prevista en el artículo 28 del Código Penal". Es decir, insta a abrir la puerta a que los líderes de la banda puedan ser procesados como instigadores y corresponsables de los crímenes, al haberlos ordenado y/o seleccionado los objetivos.
¿Qué dice este artículo? Que "son autores [criminalmente responsables de los delitos] quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento". No obstante, también otorga esta calificación a "los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo" y "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado".
Y esta es la vía seguida por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia para perseguir a los líderes etarras. Precisamente, su abogado, Miguel Ángel Rodríguez, es el peticionario ante el Parlamento Europeo, cuya solicitud provocó el viaje a España de los eurodiputados Agnès Evren (EPP), Alex Agius Saliba (S&D), Vlad Gheorghe (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Dolors Montserrat (EPP), Cristina Maestre (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew) y Jorge Buxadé (ECR).
Con el artículo 28 del Código Penal español como apoyo, Dignidad y Justicia, presidida por el diputado madrileño Daniel Portero, ha impulsado varias causas contra los dirigentes de ETA por varios atentados, como el asesinato del juez Querol o el ataque a la T-4 del aeropuerto de Barajas.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, la delegación europea también insta a modificar la ley española para censurar los homenajes a presos etarras —los llamados ongi etorri—, condicionar los beneficios penitenciarios a la colaboración para resolver los crímenes aún impunes o que éstos sean considerados delitos de lesa humanidad y no prescriban. Estas tres peticiones, ya incluidas en el preborrador, se mantienen en este último informe, que comienza el próximo lunes el periodo de enmiendas. También mantiene, al igual que la versión anterior, el tono crítico con la "falta de justicia" con las víctimas.
"Se ha detectado que un porcentaje significativo, aproximadamente el 44% de los asesinatos de ETA, no existe sentencia judicial para todos los autores materiales de los delitos, lo que provoca una falta de justicia con los familiares de las víctimas", indica el documento.