En España existe un calendario común de vacunación a lo largo de la vida que se actualiza anualmente y cuya última versión se aprobó por la Comisión de Salud Pública hace menos de un mes.

Se trata de un acuerdo de mínimos que deja fuera algunas vacunas como la que protege a los niños del meningococo B y que obliga a sus progenitores a desembolsar 300 euros (cuesta 100 euros cada vacuna y se recomiendan tres) si quieren inmunizar al menor contra este serogrupo, causante del 65% de los casos de meningitis.

La vacuna, que responde al nombre comercial de Bexsero, se vende en las farmacias, aunque su inoculación debe hacerla un profesional. Así, si el pediatra recomienda a los progenitores poner la vacuna, estos la compran, la pagan, y el médico se la pincha al niño.

Su elevado coste, 300 euros las tres dosis, crea desigualdades entre familias que pueden permitírselo o no. Algo que no ocurre con otras vacunas que sí están incluidas en el calendario vacunal. Estas son gratuitas.

Por ello, algunas comunidades usan la potestad autonómica para incluir y subvencionar nuevas vacunas, como esta de Bexero, que recientemente se incluyó en el calendario vacunal catalán.

Cuatro CCAA

Sólo Cataluña, Andalucía, Canarias y Castilla y León tienen financiada la vacuna Bexsero, comercializada por GSK, contra la meningitis B. Los catalanes han sido los últimos en unirse a esta decisión para "solucionar las desigualdades socioeconómicas".

Según han confirmado fuentes de la consejería, la vacuna se lleva administrando desde el 1 de enero con una pauta de vacunación de tres dosis: a los dos, a los cuatro y a los 12 meses.

Actualmente, la mitad de los niños menores de 2 años en Cataluña están vacunados contra esta enfermedad previo pago de sus padres. Lo que pretende hacer la consejería subvencionando la dosis es que "no existan diferencias importantes de vacunación debido al nivel socioeconómico de las familias".

La primera región en la que se puso en marcha la subvención de esta vacuna fue Castilla y León y le siguió Canarias durante el año 2019. Andalucía se unió dos años más tarde, a partir de diciembre de 2021.

Hay dos vacunas aprobadas contra el meningococo B en España. Por un lado, la citada de Bexsero que está indicada en lactantes, niños y adolescentes a partir de los 2 meses de edad y, por el otro, la vacuna Trumenba que pertenece a Pfizer y está indicada en niños y adolescentes a partir de los 10 años de edad.

Pediatras

Desde hace años, la Asociación Española de Pediatría (AEP) lleva solicitando al Gobierno de España que incluya la vacunación sistémica contra el meningococo B en el calendario de toda España.

"La AEP está es desacuerdo con esta decisión, manteniendo su recomendación de vacunar de forma sistemática a todos los lactantes desde los 2-3 meses de edad. Existe evidencia suficiente de la seguridad y efectividad de la vacuna, según la experiencia de Reino Unido, que incluye esta vacuna en su calendario desde septiembre de 2015", reclaman.

Actualmente, España dispone de vacunas para mejorar la prevención frente a prácticamente todos los tipos de meningitis bacterianas adquiridas en la comunidad que se producen en la edad infantil (fuera del periodo neonatal). Algunas se han ido introduciendo en las últimas dos décadas en los calendarios oficiales, como las de Haemophilus influenzae tipo b, meningococo C y neumococo, en ese orden.

"Tanto desde los puntos de vista médicos como éticos y de equidad, la AEP insiste en la necesidad de que la vacuna del meningococo B sea introducida en los calendarios oficiales. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de cerrar el círculo de prevención frente a las meningitis en la infancia, y como pediatras no podemos renunciar a que los niños se beneficien de los avances que nos ofrece la investigación biomédica en la prevención de una enfermedad tan grave como las infecciones meningocócicas", insistían en un comunicado remitido en 2019 después de que la Comisión de Salud Pública rechazara incluir la vacunación frente a meningococo B en la infancia.

El argumento de la Comisión de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, era que la vacuna no protegía a los no inmunizados y que faltaban "datos de efectividad". 

Esta decisión se tomó, aseguraba la Comisión de Salud Pública en su decisión del 14 de marzo del 2019, "teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, junto con la información disponible sobre la vacuna, que muestra una corta duración de la protección tras la vacunación, ausencia de protección en la población no vacunada, falta de datos de efectividad y alta reactogenicidad cuando se administra junto a las vacunas del calendario en la etapa infantil".

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