La Comisión Europea ha aprobado este martes el pago a España de un anticipo de 5,4 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE para hacer frente a los gastos inmediatos de emergencia causados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.
En su solicitud de ayuda a Bruselas, las autoridades españolas han estimado en 862,7 millones de euros los daños directos totales provocados por la erupción volcánica.
"Los daños causados por el volcán han exacerbado los efectos negativos de la crisis del coronavirus, que ha afectado especialmente a regiones ultraperiféricas como Canarias. Es extremadamente importante que el Fondo de Solidaridad (junto con otras fuentes disponibles de financiación de la UE) se active para ayudar a las personas a superar esta catástrofe y mirar al futuro con renovada esperanza", ha dicho la comisaria de Política Regional, Elisa Ferreira, en un comunicado.
El pago de este anticipo ayudará a las autoridades españolas a restaurar las infraestructuras esenciales (electricidad, agua, transporte, etc.), cubrir los gastos de alojamiento temporal de las personas desplazadas y limpiar las zonas afectadas por el desastre.
La isla de La Palma sufrió erupciones del volcán Cumbre Vieja del 19 de septiembre al 15 de diciembre de 2021. La erupción arrasó una superficie de aproximadamente 1.200 hectáreas y causó daños, entre otras cosas, a la infraestructura de la red, los activos residenciales y el sector agrícola.
España solicitó la activación del Fondo de Solidaridad el 3 de diciembre de 2021. Este mecanismo tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros y a los países candidatos a hacer frente a la extraordinaria presión presupuestaria que les imponen los desastres naturales y las grandes emergencias sanitarias. Se creó en respuesta a las graves inundaciones del verano de 2002 en Alemania.
Para los desastres regionales, el Fondo de Solidaridad interviene cuando el daño directo total supera el 1,5% del PIB de una región. Para las regiones ultraperiféricas como Canarias, este umbral se reduce al 1% del PIB regional.