El Gobierno saca del ámbito sanitario el título para supervisar las residencias de ancianos

Desde su aprobación en el Congreso de los Diputados, el grado de Formación Profesional (FP) para la Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal no ha parado de traer de cabeza al Gobierno.

La que se presentaba como una proposición en la Comisión de Sanidad del Congreso, se ha terminado convirtiendo en una FP superior que se pondrá en marcha el próximo año y que ha sembrado el malestar entre los profesionales sanitarios. Principalmente, las enfermeras.

Primero materializaron sus quejas en los medios de comunicación y, después, elevaron su disconformidad ante el Tribunal Supremo. Mientras, el Ministerio de Sanidad (por su ámbito) y el de Educación (tiene la competencia) tiraban balones fuera y, ahora, el Gobierno responde: "No es una titulación sanitaria".

Así lo aseguran en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ella, el Gobierno asegura que esta titulación específica para ser supervisor en residencias de ancianos y centros de día no compete al ámbito sanitario.

"En ningún caso puede ser considerada como del ámbito de la familia profesional de sanidad, ni describe competencias propias de los profesionales sanitarios", insiste el departamento, añadiendo que en el proceso de elaboración y tramitación de la norma interviene expertos sectoriales "altamente cualificados".

El Gobierno defiende su postura para la puesta en marcha de esta ley bajo dos supuestos: es demanda de las CCAA y la profesión no se ha pronunciado al respecto. Fuentes del sector tachan esta última declaración de ser "parcialmente cierta".

Si bien no se enviaron propuestas durante su fase de tramitación (que coincidió con el verano), sí han elevado sus quejas por carta a los ministerios de Sanidad y de Educación. Incluso, y como adelantó EL ESPAÑOL, elevaron su queja ante el Tribunal Supremo. Órgano del que, estas mismas fuentes, aseguran que están todavía a la espera de que les remita "el expediente con toda la información".

Los enfermeros acusan al Gobierno de crear una titulación que se traduce en "mano de obra low cost". "Las Cualificaciones Profesionales, al igual que los Títulos de Formación Profesional, no regulan profesiones en ningún caso", contesta el Gobierno, asegurando que la FP, en sí, no constituye una oferta formativa.

Competencias

Además, el Ejecutivo también asegura que esta FP se ha puesto en marcha por la demanda de las Comunidades Autónomas, aunque son ellos mismos los que, a su vez, reconocen que la idea originaria de la formación de grado superior se fraguó en el Congreso de los Diputados, por iniciativa socialista.

Pero es ahí donde el Ejecutivo sostiene más su defensa. En su argumentación de siete páginas reitera en varias ocasiones que la nueva FP "responde a un mandato derivado del Congreso de los Diputados mediante una Proposición No de Ley". Dicha iniciativa se aprobó "por unanimidad" y, con ella, la "creación de un Ciclo Formativo de Grado Superior de Supervisión Socioasistencial en residencias de mayores".

Las enfermeras argumentan que la FP sí tienen competencias sanitarias por el ambiente de trabajo en el que van a trabajar, un centro sociosanitario, y por las materias que van a impartirse, relacionadas con los cuidados de los internos.

Araceli Hidalgo con la ministra Carolina Darias y el consejero Jesús Fernández Sanz

En este sentido, el Ejecutivo se defiende y dice que "el módulo de primeros auxilios" que se imparte es "un módulo que figura en un porcentaje muy alto de títulos de formación profesional, sin que tenga carácter sanitario como tal".

A su parecer, es una formación que da "las competencias necesarias para prestación por personal no sanitario de los primeros auxilios ante situaciones incidentales o accidentales que pongan en riesgo la salud de las personas".

El Ejecutivo afirma que la FP tiene como competencia general "planificar, organizar y realizar, en el ámbito de su competencia, los procesos de supervisión de actividades sociosanitarias, socioculturales y socioeducativas del equipo de profesionales de cuidados de atención al usuario de forma integral".

En estos momentos, los puestos directivos de los centros se obtienen por promoción interna o por ser gestores de la salud, máster que se imparte por varias sociedades científicas y que cuenta con el visto bueno de estándares europeos y nacionales.

Rechazo enfermero

La argumentación del Gobierno no ha servido para calmar los ánimos de la profesión que siguen rechazando frontalmente su puesta en marcha.

"El módulo de Formación Profesional por el que apuesta el Ejecutivo de Pedro Sánchez incorpora como 'intervenciones sanitarias asistenciales' propias del título los cuidados básicos de enfermería, algo incomprensible, ya que si lo que persigue esta titulación es contar con personal cualificado lo que se debe hacer es recurrir a las enfermeras, tanto generalistas como especialistas en Geriatría", han denunciado desde el Consejo General de Enfermería.

En la actualidad, los equipos asistenciales de las residencias de mayores y el sector sociosanitario se componen de enfermeras, trabajan en equipos de cuidados junto a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). "No es necesario que se incorporen nuevas titulaciones, sino que se refuercen las plantillas del ámbito sociosanitario y se cuente con los profesionales ya existentes", insisten.

El Sindicato de Enfermería SATSE, el Consejo General de Enfermería (que aglutina a todas las enfermeras colegiadas de España), la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) y la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), han considerado esta medida "un auténtico despropósito".

Pilar Fernandez (CGE) y Rafael Reig (Satse). E.E

Insiste en que la pandemia visualizó el déficit considerable de profesionales formadas en cuidados y crear una categoría profesional para la gestión, en lugar de invertir en formar más enfermeras no solucionará nada. Explican que hay profesionales suficientemente formados, pero no existen unas condiciones laborales dignas para que esos profesionales crezcan y se desarrollen en un sector tan "abandonado" como el sociosanitario.

SATSE y el CGE acusan al Ejecutivo de satisfacer los deseos de la patronal que gestiona el 75% de las residencias de mayores en nuestro país. Con esta FP ofrecen un perfil de cuidados básicos de Enfermería que "les va a resultar mucho más barato a los empresarios del sector" y, con ello, va a suponer un aumento de sus beneficios empresariales.

Hay que recordar que la gran mayoría de las residencias de ancianos del país están gestionadas de forma directa por entidades privadas y, las públicas, suelen estar condicionadas a contratas externas. Lo que en Sanidad se ha venido a denominar conciertos sanitarios y que tanto ha criticado Unidas Podemos. Partido, con Ione Belarra al frente, que gestiona las residencias de ancianos desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Por poner un ejemplo, en la actualidad las plazas públicas suponen un 23% del total de plazas de residencias de mayores en España, pero de estas, solo un 13% se ofrecen en centros de titularidad pública.

Las entidades privadas llevan soportando el peso de la gestión asistencial en residencias desde siempre. De hecho, pese a suponer el 77% de las plazas que se ofrecen en España, la cuantía total es insuficiente.

Según el recuento del Imserso, en España hay 380.000 plazas para mayores de 65 años. Esto supone una media muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 5 plazas por cada 100 habitantes de 65 o más años. Para llegar a los estándares de la OMS hacen falta 70.000 puestos.

El sector, al que siempre se le acusa de privatizar estos cuidados, insiste en que, si no fuera por ellos, las más de 292.600 plazas que ofertan no existirían y España estaría mucho más lejos de los estándares internacionales.