Darias obvia las cautelares del Supremo y pondrá en marcha su sistema de verificación de fármacos

Nodo SNSFarma, un sistema de verificación de medicamentos liderado por el Ministerio de Sanidad, va a ser una realidad en poco tiempo. Así lo ha aseguran desde el departamento de Carolina Darias, pese a que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han puesto en duda su viabilidad.

El Ministerio ha reiterado, en respuesta a las alegaciones del proyecto realizadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) y la federación de Asociaciones de Mayoristas y Distribuidores de Especialidades Farmacéuticas (Fedifar), que las cuestiones prejudiciales "no impedirán" la tramitación de Nodo SNSFarma.

El nuevo sistema, según ha cuantificado el Consejo de Estado, "tendrá un coste estimado de 500.000 euros", abonados por el Ministerio de Sanidad, y una inversión de "160.000 euros" necesaria para "actualizar los sistemas de gestión informática" que correría a cargo de las Administraciones autonómicas.

El alto coste del nuevo sistema y el hecho de que un año antes que Sanidad el sector farmacéutico hubiera lanzado un sistema de verificación similar (Nodofarma) ha provocado el enfrentamiento con Nodo SNSFarma. El Ministerio lo defiende como su herramienta y la única viable, mientras que el sector farmacéutico denuncia una duplicidad de sistemas que crea un problema a las farmacias españolas.

Todo se remonta a diciembre de 2019, cuando el Consejo de Ministros aprobó, a petición de la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, la norma que modificaba el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de medicamentos de uso humano de fabricación industrial. Un real decreto que llegaba con diez meses de retraso, puesto que pretendía transponer una directiva europea de revisión de medicamentos que se había empezado a implantar en febrero de 2019.

Y es que, mientras que el Ministerio llegaba tarde a poner en marcha el sistema, los farmacéuticos y la industria farmacéutica presentaron el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem) el 9 de febrero. Un sistema por el que el conjunto de farmacias españolas comenzaban a verificar medicamentos con el Nodofarma Verificación, creado por el Consejo General de Farmacéuticos y costeado por los propios profesionales. La adaptación tuvo un coste de 200 millones de euros.

A partir de entonces surgió el problema. Las operaciones de verificación y autenticación no podían ser realizadas por los hospitales públicos españoles porque no estaba traspuesto el modelo. Debía de ponerse en marcha el real decreto, que se aprobó en diciembre de 2019. Pero, desde entonces, apenas ha habido cambios.

Contencioso

Tras la pandemia, el Ministerio de Sanidad presentó el proyecto de consulta pública Nodo SNSFarma, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos recurrió ante el Tribunal Supremo su legalidad. El organismo nacional ha elevado el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como una "cuestión prejudicial". Los farmacéuticos piden, básicamente, suspender el proceso hasta que las prejudiciales sean resueltas.

En el recurso contencioso-administrativo que los farmacéuticos elevaron al Supremo se denunciaba que Sanidad obliga a las farmacias a utilizar SNSFarma aunque ya tengan un sistema vigente desde 2019. A su juicio, es una "complicación innecesaria" porque, hasta ahora, han cumplido con la función encomendada por Europa con NodoFarma Verificación.  

Ante estas acusaciones, Sanidad indica a las partes propulsoras de Seven que los recursos no van a parar la tramitación de su proyecto. Según Sanidad, la posibilidad de un convenio entre su departamento y SEVeM, que hubiera permitido la integración del nodo SNSFarma en el repositorio nacional, no contó con el visto bueno de las partes.

"Tras haberse trabajado más de un año en la negociación del mismo, no se ha llegado a consenso alguno, por lo que se han descartado las alternativas no regulatorias y en aras al interés general que preside el actuar de la Administración pública, ex artículo 103 de la Constitución, se ha decidido dictar la orden ministerial", alegan.

El sector no cree que esto deba seguir adelante, puesto que consideran que desarrollar el contenido de la plataforma de Sanidad antes de que el TJUE se pronuncie no es lo correcto.

"Supone contrariar esta doctrina expuesta, puesto que lejos de evitar que una norma previsiblemente contraria al Derecho de la UE sea aplicada, implica poner en marcha el mecanismo para que esta comience a desplegar efectos" que, en caso de que el TJUE decrete su invalidez, habrán generado un "injustificado perjuicio a los operadores implicados". 

Duplicidad

Sobre las acusaciones de duplicar un sistema que ya existía, Sanidad se defiende afirmando que sus sistema "tiene otras funcionalidades, como permitir la trazabilidad del paciente en el caso de receta electrónica".

Además, achaca al sistema creado por los farmacéuticos no estar integrado con los sistemas de receta electrónica y dejar sin cohesión "las operaciones de desactivación y dispensación". Algo que no es del todo así, puesto que el sistema de los farmacéuticos sí establece un procedimiento para que la desactivación se realice previamente a la dispensación. Aun así, el equipo de Carolina Darias cree que este modelo "no ofrece garantías técnicas de que efectivamente sea así, siendo posible que se ejecute una desactivación no asociada a una dispensación".

Del mismo modo, el Ministerio rechaza de forma tajante que se siga usando el sistema de los farmacéuticos y lo descarta. Afirman que tanto en las oficinas de farmacia como en el Repositorio Principal quedan trazadas a la utilización del sistema de receta electrónica, siendo de aplicación los procedimientos ya establecidos, "que no implican intervención de NodoFarma verificación".

Pero Sanidad no sólo niega la mayor al sector farmacéutico. También al Consejo de Estado. Y es que, frente a los aproximadamente siete millones de euros que el Consejo de Estado considera que va a costar su sistema, el equipo de Darias dice que no supondrá una inversión tan elevada.

El coste

"Nodo SNSFarma se apoyará en el Nodo Central del SNS y los sistemas de receta electrónica de las CCAA. Se trata de sistemas e infraestructuras consolidados que vienen ofreciendo garantías de servicio", recrimina.

Desde Sanidad aseguran que, al estar ligado a la receta electrónica, no hará falta un alto ingreso en nuevos sistemas, puesto que las oficinas de farmacia ya tienen acceso a estos programas.

El Consejo de Estado, en su informe para sacar adelante el proyecto, no opinó lo mismo. Sostenía que la implantación del Nodo SNSFarma conllevará "unos costes mínimos para las oficinas de farmacia" ligados a la actualización del escáner para la lectura (100 euros por oficina) y del programa informático de gestión (unos 181 euros por oficina).  

O lo que es lo mismo, un extra para las más de 22.000 farmacias que hay en España de cerca de 300 euros por botica (más de seis millones de euros en total). Este dinero no se ha concretado quién debería de pagarlo.

Estos seis millones de euros deberán sumarse al coste estimado abonado por el Ministerio de Sanidad, de 500.000 euros y a otra inversión extra de "160.000 euros" necesaria para "actualizar los sistemas de gestión informática" que correría a cargo de las Administraciones autonómicas.