Denuncian que PDVSA entregó a la juez Tardón documentos falsificados para tapar su corrupción

Algo que podría constituir un delito de estafa procesal, previsto en el artículo 250.7 del Código Penal y penado con hasta seis años de cárcel.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón investiga el pago de sobornos millonarios y blanqueo de capitales en contratos adjudicados entre 2009 y 2015 por PDVSA y su central internacional de compras, Bariven.

El foco está puesto en 2.562 contratos que la petrolera venezolana adjudicó en dicho período a empresas vinculadas a Roberto Enrique Rincón y su socio Abraham Shiera: Venmar Inc., Ovarb Industrial, KCT Cumaná, Derwick Associates y Tradequip, entre otras. 

Sobornos en contratos millonarios

Ambos empresarios fueron detenidos en diciembre de 2015 en EEUU, donde van a ser juzgados. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, solicitó a PDVSA hace varios meses los expedientes completos de estas 2.562 contrataciones.

Sin embargo, la petrolera venezolana sólo ha remitido a la Audiencia Nacional una pequeña parte del material solicitado. Y varios de los documentos entregados, denuncia Alvarado en su escrito a la juez, han sido presuntamente "manipulados o alterados" para tapar las prácticas corruptas de uno de sus directivos, César Rincón Godoy, que fue gerente de Planificación, Presupuestos y Gestión de PDVSA Gas.

César Rincón fue detenido en España en octubre de 2017 y extraditado a EEUU, donde va a ser juzgado por corrupción por el Tribunal del distrito Sur de Texas-División Houston.

Ficha de César Rincón Godoy (hoy en prisión en EEUU) como directivo de PDVSA.

Entre estos documentos se encuentra una orden de compra de un contrato de 17,3 millones de dólares adjudicado por PDVSA a la empresa Tradequip (vinculada a Roberto Rincón). La defensa de Alvarado ha denunciado ante la juez que este documento reúne "todos los elementos para ser considerado una burda falsificación".

Al pie del documento aparecen, en tinta azul, la firma de todos los altos cargos de PDVSA que intervinieron en el proceso. En cambio, la firma de Javier Alvarado aparece en trazo negro, como si hubiera sido copiada y superpuesta desde otro impreso. 

Las firmas presuntamente manipuladas en uno de los documentos entregados por PDVSA a la juez de la Audiencia Nacional.

De hecho, dado que el importe del contrato es inferior a los 18,6 millones, su autorización no correspondía a Alvarado, sino al gerente de Planificación y Presupuestos de PDVSA, César Godoy. Y sin embargo, bajo la rúbrica de este último ha sido borrado su rango de autorización (que era de entre 9,2 y 18,6 millones de dólares, exactamente el que corresponde a este contrato).

Esta presunta "manipulación o alteración" también se detecta en otros documentos remitidos por la petrolera venezolana a la juez, como un listado de contratos adjudicados por PDVSA a Venmar (empresa controlada por Roberto Rincón). En esta lista han sido eliminados 17 contratos aprobados por César Rincón Godoy, por un total de 165,6 millones de dólares, en octubre de 2010.

Lista de órdenes de compra de PDVSA a Venmar, en la que han sido eliminados los 17 contratos autorizados por César Rincón Godoy.

La maniobra se repite en otra orden de compra de PDVSA, por importe de 9,3 millones de dólares a la sociedad Northland Automation & Services LLC. En el impreso entregada a la juez el logotipo de la filial PDVSA Services BV (que fue la que adjudicó el contrato, con sede en Holanda) por el de PDVSA Services Inc. (con sede en Houston). La petrolera pretendería forzar así que Alvarado sea juzgado bajo la jurisdicción de EEUU, en lugar de la española.

La procuradora Victoria Pérez Mulet ha informado a la juez María Tardón de que estos documentos han sido elaborados por el equipo de auditores forenses del despacho Berkowitz Pollack Brant Advisors (encabezado por Robert C. Aldir), contratado para esta labor por la oficina de Miami de la firma de abogados Squire Patton Boggs.

La procuradora informa a la juez que los documentos presuntamente alterados han sido elaborados por auditores forenses del despacho Berkowitz Pollack Brant Advisors, de EEUU.

Este despacho de abogados, Squire Patton Boggs, fue precisamente el que contrató por 8,8 millones de euros a la compañía Ilocad, dirigida por el magistrado inhabilitado Baltasar Garzón, para ejercer la acusación en representación de PDVSA en la causa que instruye la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional.

La orden de contratar a Ilocad fue firmada el 15 de noviembre de 2016 por el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, y por el comisario principal de la petrolera, Silvestre Molero.

Ilocad informa de que fue contratada por la firma de abogados Squire Patton Boggs, de EEUU, para ejercer la acusación en representación de PDVSA en España.

En su escrito dirigido a la juez el pasado día 21, al que ha tenido acceso este diario, Alvarado solicita que cite a declarar al directivo de PDVSA César Rincón Godoy (procesado en EEUU) y que requiera a la petrolera los originales de los documentos que parecen haber sido "alterados o falsificados".

El escrito especifica que Javier Alvarado asistió a una reunión del Estado Mayor Eléctrico de Venezuela, en la que el presidente Hugo Chávez y el ministro de Energía, Ali Rodríguez Araque, le informaron de que se habían detectado prácticas corruptas en PDVSA.

Por este motivo, tras convertirse en presidente de la central de compras de PDVSA, Bariven, Alvarado encargó una auditoría interna y pidió que se investigaran varios contratados millonarios adjudicados a empresas de Roberto Rincón (como Ovarb y Venmar), sobre los que albergaba sospechas de que podían responder a prácticas corruptas.

Los fiscales de EEUU

Antes de ser interrogado en España, Javier Alvarado remitió el 19 de julio de 2018 a través de sus abogados a los fiscales de EEUU Sara E. Edwards (destinada en Washington), Robert S. Johnson y John. P. Pearson (destinados en Miami) distintos documentos sobre la investigación interna que había ordenado en Bariven y sobre las prácticas corruptas de los directivos de PDVSA Silvestre Molero y César Rincón Godoy.

Sin embargo, los fiscales norteamericanos ocultaron estos datos al Gran Jurado que preparó el escrito de acusación contra ex altos cargos de PDVSA por corrupción. En cambio, la juez María Tardón de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción española sí han accedido a investigar estos indicios.

Rectificación de Ilocad

Illocata ha dirigido un escrito de rectificación a este medio y solicita que se publique el siguiente texto: "El despacho de abogados ILOCAD SL no ha propuesto, pactado, facturado ni cobrado la cantidad de 8,8 millones de euros del despacho de abogados Squiere Patton Boggs, ni de ningún otro receptor de los servicios jurídicos en el ejercicio de la actividad profesional en la defensa en España de los intereses de PDVSA o de alguna de sus filiales".