15 de las 16 enmiendas que suavizan el informe de la UE contra los crímenes de ETA son del PSOE

Quince de las 16 enmiendas presentadas al informe europeo contra los crímenes impunes de ETA llevan una misma firma: la de Cristina Maestre Martín De Almagro, diputada socialdemócrata en el Europarlamento (PE). De ellas, tres son de supresión.

Así consta en un documento de la Eurocámara, que recoge todas las enmiendas registradas por los grupos parlamentarios al borrador redactado por la delegación europea que visitó Madrid y Vitoria el pasado noviembre para reunirse con víctimas, autoridades y fuerzas de seguridad del Estado. Este miércoles, la comisión de Peticiones del PE votará el texto final con sus conclusiones y recomendaciones.

Entre las enmiendas presentadas por los socialdemócratas (S&D), la más polémica es la destinada a intentar suprimir la posible consideración de los crímenes de la banda terrorista como "delitos de lesa humanidad", lo que podría evitar su prescripción. Este asunto ha provocado la disputa de los miembros de S&D con los liberales de Renew.

En la única que no lleva firma socialista, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (Renew) propone "instar a la Audiencia Nacional a que informe sobre la situación procesal del procedimiento judicial seguido contra los dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina (Txeroki), Mikel Carrera Sarobe (Ata) y Ángel Iriondo Yarza (Gurbitz), por la posible comisión de un delito de lesa humanidad del artículo 607 del Código Penal cuya instrucción se concluyó en abril de 2018".

Los socialistas de S&D, por contra, proponen eliminar del borrador la conclusión que sugiere "a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004".

Tal y como informó este diario, la Audiencia Nacional ha reactivado la causa contra, precisamente, los exjefes de ETA que cita Pagazaurtundúa. A comienzos de abril, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consultó a la Fiscalía por la pertinencia de solicitar a Francia la entrega de estos etarras —Txeroki, Ata y Gurbitz— para que puedan ser enjuiciados por posibles crímenes de lesa humanidad. Es en el país galo donde todos ellos cumplen actualmente condena.

Las enmiendas

El resto de las catorce enmiendas han sido propuestas por el grupo parlamentario socialdemócrata. Algunas suponen añadir matices o reenfoques al escrito y otras, la supresión de varios párrafos del informe.

Entre las del primer grupo, Cristina Maestre sugiere modificar el siguiente literal: "Se ha confirmado la existencia de instrumentos jurídicos y jurisprudencia internos del propio Estado español que podrían permitir la aclaración de muchos
de estos asesinatos, a través de la responsabilidad directa de los dirigentes que controlaban realmente la organización y los delitos".

Y sustituirlo por este otro: "Se ha confirmado la existencia de instrumentos jurídicos y jurisprudencia que, de tener aceptación en la jurisprudencia española, podrían permitir la aclaración de muchos de estos asesinatos, a través de la responsabilidad directa de los dirigentes que controlaban realmente la organización y los delitos". [La letra en cursiva muestra los fragmentos en disputa].

Lo mismo sucede con este texto original: "Las víctimas siguen luchando por hallar la verdad y para que se dé respuesta a sus necesidades y se respeten sus derechos".

Una enmienda de los socialdemócratas pide transformarlo en este otro: "Las víctimas se encuentran actualmente amparadas por la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que prevé medidas para dar el apoyo psicológico, médico y financiero que cada víctima requiera y siguen luchando por hallar la verdad y para que se dé respuesta a sus necesidades y se respeten sus derechos". [La cursiva muestra el texto que se pretende añadir].

A su vez, S&D pide añadir al informe la siguiente recomendación: "Sugerir al poder legislativo en España modificar la legislación para que, dentro del marco constitucional español, los condenados por terrorismo tengan que colaborar en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento para acceder a determinados beneficios o recompensas penitenciarias".

Con el objetivo de que sustituya a ésta otra: "Instar a las instituciones competentes a que garanticen que los beneficios y el trato penitenciarios que se puedan otorgar a los condenados por terrorismo, con arreglo a la legislación española vigente, vayan ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento, como muestra añadida de su verdadero  arrepentimiento".

La eurodiputada Cristina Maestre Martín De Almagro también ha solicitado eliminar la recomendación que insta a conformar una "comisión de juristas" encargada de elaborar un informe detallado sobre cada uno de los expedientes de las víctimas de ETA cuyos casos aún no se han resuelto, tras solicitarlos a la Audiencia Nacional y una vez elaborada una lista actualizada de crímenes impunes.

El grupo socialdemócrata también pretende añadir una recomendación que "recuerda" a las autoridades que la normativa penitenciaria "tiene como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad".

El abogado español Miguel Ángel Rodríguez fue quien presentó la petición en el Parlamento Europeo que provocó el viaje a España de los eurodiputados Agnès Evren (EPP), Alex Agius Saliba (S&D), Vlad Gheorghe (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Dolors Montserrat (EPP), Cristina Maestre (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew) y Jorge Buxadé (ECR) el pasado noviembre.

El letrado también ejerce la defensa jurídica de la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia. Es el autor de varias querellas, ya admitidas a trámite por la Audiencia Nacional, contra los jefes de la banda. También ha colaborado en la recopilación de los 379 expedientes sobre los crímenes de ETA sin resolver.