Podemos y los socios de Sánchez piden investigar la actuación de la Policía en el asalto a Melilla

Podemos, EH Bildu, Esquerra Republicana, Más País, Compromís, BNG y la CUP han solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación sobre el salto de cientos de inmigrantes a la valla de Melilla, ocurrido el pasado día 24 de junio.

Más de una veintena de migrantes, posiblemente sudaneses, murieron durante los hechos. Otras fuentes —y así lo cifran estos grupos parlamentarios— elevan el dato hasta los 37 fallecimientos. Se calcula que hay más de 60 migrantes heridos, así como unos 140 policías marroquíes y más de 50 agentes españoles.

La petición enviada a la Mesa, firmada por diputados como Gabriel Rufián, Íñigo Errejón o Mertxe Aizpurua, pretende indagar si hubo "pasividad y/o colaboración" de los agentes españoles en la supuesta entrada de gendarmes marroquíes en territorio melillense y, una vez allí, cometiesen las llamadas devoluciones en caliente "contraviniendo la legislación internacional".

Asimismo, los socios de Pedro Sánchez piden que esta comisión investigue si la fuerza utilizada por los agentes españoles fue proporcional y estuvo justificada. Y cuál fue la coordinación con la Gendarmería de Marruecos "y su compatibilidad con el cumplimiento de los derechos humanos".

Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso, ya anunció este martes esta solicitud. A su juicio, "está muy bien" que el Defensor del Pueblo vaya a investigar los hechos, pero "no tiene recursos". Además, la Fiscalía ya ha abierto diligencias sobre las posibles vulneraciones de derechos durante el salto a la valla de Melilla. La ONU también ha urgido a España y a Marruecos a aclarar las muertes.

Otro de los extremos que los socios de Sánchez piden investigar es el siguiente: "Si las actuaciones de vigilancia de frontera realizadas por la gendarmería marroquí fueron financiados por el Ministerio del Interior y por otros ministerios, con detalle de las subvenciones y fondos transferidos, así como la existencia o no de mecanismos de prevención (due diligence) de respeto de los derechos humanos que condicionen la transferencia de dichos fondos".