Sanidad ampliará la exención de los copagos farmacéuticos a rentas superiores a 18.000 euros

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, el Ministerio de Sanidad tiene previsto modificar la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y, con ella, muchos de los aspectos que regula, como es el caso de los copagos.

Las líneas generales del proyecto coinciden, además, con el anuncio que hizo la directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, durante el II Simposio del Observatorio de la Sanidad: Las Lecciones de la Covid-19 que se celebró en septiembre del 2021 a cargo de EL ESPAÑOL e Invertia.

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En ese encuentro, Lacruz ya adelantó que se estaba negociando modificar los tramos para estar afectado o no por un copago farmacéutico. Por ello, todo apunta a que esa modificación estará encaminada a ampliar los tramos por los que ahora se miden los copagos sanitarios, de manera que las rentas más bajas se beneficien de mayores descuentos. 

La normativa que se pretende modificar es la encargada de regular los medicamentos en España y data de 2006. También coordina las competencias del Estado en materia de precio de medicamentos de uso humano, evaluación, autorización, relación con la industria farmacéutica y un largo etcétera.

Ahora, el Gobierno pretende modificarla en varios frentes. Por un lado, habrá cambios en el sistema de copagos, una reforma que tiene más peso todavía si se tiene en cuanta la presión a la que está sometida la población por la crisis económica. Por el otro, se aborda la relación con la industria farmacéutica, con aspectos como la modificación del sistema de precios de referencia o el que regula la aportación de los fabricantes.

Tres tramos

En lo que respecta a eliminar copagos farmacéuticos, el documento del Ministerio de Sanidad (que está sometido a audiencia pública) alude a "modificar el sistema de aportación farmacéutica para alcanzar una mejor redistribución de la carga económica derivada del copago, en función del nivel socioeconómico de la ciudadanía". Todo ello, "con especial atención a los colectivos más vulnerables".

El documento publicado hasta ahora no ofrece ningún detalle más acerca de estas modificaciones, aunque la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, sí adelantó algunos en el II Simposio del Observatorio de la Sanidad.

Lacruz explicó que su departamento estaba revisando la posibilidad de aumentar los tres tramos de aportación en función de la renta que tiene la población general. O lo que es lo mismo, ampliar el tramo de rentas consideradas vulnerables para que más población esté exenta del copago farmacéutico.

Hay que recordar que, en estos momentos, los niveles de aportación para el pago de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se establecen en función de tres criterios: renta, edad y grado de enfermedad. Por ello, existen tres tramos de aportación en función de la renta (de 0% a 60%) y están establecidos, en el caso de los pensionistas, límites máximos de aportación al mes en función de la renta.

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Del mismo modo, los pacientes con enfermedades graves y los pacientes crónicos tienen una aportación reducida del 10% en los medicamentos y productos sanitarios con financiación pública, con un límite máximo de aportación actualizado al IPC.

Así las cosas, la opción que baraja Sanidad es ampliar el número de grupos en los que se divide el pago en función de la renta. Ahora mismo hay tres: rentas inferiores a 18.000 euros (que sólo en algunos casos pagan un 40%), rentas de entre 18.000 a 100.000 (un 50% de retribución) y rentas superiores a 100.000 (el 60%).

Serían esos tramos los que el Ministerio va a modificar con esta nueva Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. ¿El objetivo? Reajustar los niveles de renta para que los "más vulnerables" paguen menos por sus fármacos. Es previsible entonces que el tramo de rentas inferiores a 18.000 es el que se vea ampliado.

La futura modificación coincide, además, con la reciente aprobación de la Ley de Equidad. En ella, el equipo de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, unificó la Cartera Común de Servicios con el objetivo de eliminar la posibilidad de que futuros gobiernos creen nuevos copagos sanitarios.

Industria farmacéutica

La reforma de la Ley de Garantías incluye importantes cambios que afectarán de lleno a la industria del medicamento. Por un lado, se aumentará la aportación que las compañías tienen que hacer al Sistema Nacional de Salud (SNS). Si ahora se calcula con las ventas de medicamentos y productos sanitarios financiados con fondos públicos y dispensados en farmacias, se añadirán los que dispensan (no aclara si también los que se usan) en centros sanitarios.

Por otro lado, el texto expuesto a audiencia pública recoge también cambios en el sistema de precios de referencia, que es como se regula automáticamente el coste de los medicamentos con financiación pública.

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Se anuncian nuevos elementos de competencia no concretados, pero también una de las grandes reclamaciones de la industria farmacéutica española: introducir en los precios de referencia la valoración de los "beneficios incrementales".

Esto consiste, ni más ni menos, en que el precio también dependa de las mejoras que introduzca un nuevo medicamento, pese a que no se trate de una nueva molécula. Por ejemplo, una formulación o un modo de administración que genere menos efectos secundarios.

Muchos laboratorios españoles lanzan productos con estos beneficios incrementales, pero, pese a introducir mejoras, están obligados a venderlos al precio que marca el sistema de referencia del Ministerio de Sanidad, que suele ser el más bajo.

Así mismo, el departamento que dirige Carolina Darias persigue consolidar en la legislación algunas de las medidas que se implementaron durante la pandemia y que resultaron prácticas.

Se trata de la dispensación no presencial de medicamentos de uso hospitalario y la telefarmacia, dos realidades que fueron especialmente desarrolladas en Andalucía y que cuentan con el respaldo tanto de los farmacéuticos españoles como de la distribución mayorista.