El juez José Luis Calama, instructor del caso Pegasus en la Audiencia Nacional, ha acordado un plazo de 7 días para que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) presente los informes definitivos sobre el análisis de los teléfonos móviles del Gobierno supuestamente espiados con el software espía de fabricación israelí.
Según una providencia dictada este miércoles a la que ha accedido EL ESPAÑOL, en una semana Centro Criptológico Nacional (CCN), la sección del CNI dedicada a luchar contra las amenazas en el ciberespacio, tendrá que aportar a la causa sus informes y sus conclusiones sobre qué le pasó a los terminales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles y de los titulares de las carteras de Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.
Los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que analizaron de forma preliminar los móviles del Gobierno tras detectar la infección Pegasus en el teléfono del presidente Pedro Sánchez revelarán así al juez las averiguaciones completas que hicieron sobre los ataques cibernéticos que sufrieron los citados dispositivos a mediados de mayo del pasado 2021, en plena crisis diplomática y migratoria con Marruecos.
En un primer análisis constataron que se produjo el citado robo de información. Ahora, ya con unas conclusiones más amplias, ofrecerán todos los detalles al juez.
Hace algo más de un mes, el Ejecutivo autorizó, a través de un acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros, que quienes analizaron los teléfonos podrían revelarle al magistrado esa información reservada si este así se lo solicitaba.
De ese modo, los informes de los expertos en ciberseguridad del CNI podrán contar, sin temor a revelar información confidencial, cómo analizaron los dispositivos, cuándo lo hicieron, cuánto tardaron en esa operación, qué fue lo que constataron y si existen indicios que apunten a alguna potencia externa que estuviera interesada en espiar a los altos cargos del Ejecutivo socialista.
Espionaje
A su vez, Calama ha remitido en un sobre cerrado al ministro de la Presidencia Félix Bolaños, citado como testigo en la causa, el cuestionario de preguntas formuladas por él y por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
En la misma providencia, el magistrado establece un plazo de tres días para que Bolaños responda a las preguntas y las remita después al juzgado. El magistrado de la Audiencia Nacional indica que, una vez analizadas las respuestas a las referidas cuestiones, se abrirá un plazo para poder formular nuevas preguntas. El interrogatorio a Bolaños, como el ya realizado a Paz Esteban, la directora del CNI destituida, tendrá carácter secreto,
Por el momento, se desconoce con exactitud quién ordenó utilizar el software Pegasus para infectar los terminales de miembros del Ejecutivo. Certificar ese dato es, además, técnicamente complicado. Ninguna de las denuncias de Abogacía detallan tampoco qué tipo de información fue capturada por el programa espía.
La primera vez que el dispositivo de Sánchez resultó infectado, se le "extrajeron 2,6 gigabytes de información". En la segunda infección fueron 130 megas, según reconocían en la Moncloa.
No fue el único teléfono en el que se introdujo Pegasus. En el caso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el robo de datos fue menor, de 9 megas. El tercero en ser espiado fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con dos ataques en los que le fueron sustraídos 400 megas y 6,3 gigas de información.
El CNI también detectó otro intento fallido en el dispositivo del ministro de Agricultura, Luis Planas. Todos ellos ocurrieron en torno a las mismas fechas.