La profecía escrita por la madre de Joseba Pagazaurtundua en el año 2005 parece hacerse realidad a los ojos de las víctimas de la banda terrorista ETA. "Harás muchas más cosas que me helarán la sangre", le dijo al socialista Patxi López, quien este jueves ha sido designado por Pedro Sánchez como nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Tan solo unas horas después de este anuncio, el Ministerio del Interior acordaba una nueva tanda de traslados de etarras al País Vasco. Y no una cualquiera: en total, Instituciones Penitenciarias ordenaba el acercamiento once internos de la organización terrorista, nueve a prisiones vascas y dos a la de Pamplona. Todos ellos de perfil muy duro, con 44 asesinatos y muchos otros crímenes a sus espaldas.
"Ahora sí que se nos ha helado la sangre", apuntan algunas de las víctimas. "Es exactamente así", explica a su vez Carmen Ladrón de Guevara, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En su colectivo llevan todo el jueves tratando de consolar a los familiares de los asesinados por esos 11 terroristas. "El impacto que ha tenido en ellos es muy negativo. Nos hemos quedado muy sorprendidos", señala. Consideran que se trata del peaje del Gobierno por la aprobación de su Ley de Memoria Democrática.
"No son 11 cualquiera -continúa Ladrón de Guevara-. Hablamos de gente con un perfil de mucha responsabilidad en la organización. Y con condenas muy elevadas".
Entre quienes terminarán de cumplir sus condenas en cárceles del País Vasco y Navarra hay seis exjefes de la banda terrorista ETA, un condenado por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez y otro por el asesinato del socialista Fernando Buesa.
Inductor del asesinato
Entre los exdirigentes de ETA trasladados están Ainhoa Múgica y Juan Antonio Olarra Guridi, ambos exjefes del aparato militar de la banda en los 2000 y que el año pasado ya fueron trasladados a Logroño.
Ambos fueron detenidos en Talence, en las proximidades de Burdeos, en septiembre de 2002 y tras cumplir condena en Francia fueron entregados a España. Cumplen condena acumulada de 30 años por delitos de homicidio, atentado, estragos, lesiones, depósito de armas y explosivos.
Olarra Guridi fue el inductor del asesinato de Luis Portero García. Su hijo, Daniel Portero, que preside la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) había conseguido llevar ante la Audiencia Nacional a los exjefes de ETA Mikel Antza y Anboto este mismo jueves. "El mismo día que comparecen acusados de ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el Gobierno premia a Olarra Guridi, inductor del asesinato de mi padre, acercándolo a una cárcel del País Vasco", denuncia a EL ESPAÑOL.
Otro exjefe de la banda, Juan Carlos Iglesias Chouzas, será trasladado desde Dueñas (Palencia), donde cumple una larga condena por diferentes delitos de atentado, asesinatos y homicidio que llegará a sus tres cuartas partes en enero de 2029.
[El exdirigente de ETA Josu Ternera, absuelto en la primera causa abierta contra él en Francia]
Eneko Gogeaskoetxea, otro de máximos dirigentes del aparato militar y logístico de ETA, será trasladado desde El Dueso (Cantabria) hasta el País Vasco para cumplir la condena máxima de 30 años que pesa contra él por hechos como un atentado frustrado contra un cuartel de la Guardia Civil en Comillas en agosto de 1997.
Un nuevo paso
Hacía semanas que las víctimas no veían un movimiento de estas características por parte del Gobierno. Por eso la noticia de 11 pesos pesados, históricos y sanguinarios miembros de la banda, trasladados a cárceles vascas, ha causado indignación a las víctimas del terrorismo.
En un comunicado, la AVT ha vuelto a acusar al Gobierno de "ignorar a las víctimas del terrorismo y premiar a sus verdugos". "Terroristas sanguinarios que dormirán más cerca de sus domicilios, y a los que sus familiares prácticamente podrán visitar dando un paseo, mientras nosotros tenemos que hacer miles de kilómetros para visitar las tumbas de nuestros seres queridos", denunciado esta asociación.
Los familiares de los asesinados opinan que con este movimiento el Gobierno y el Ministerio del Interior sitúan en un nuevo estadio la política penitenciaria para los presos etarras. Se trata de un escenario diferente, otra fase distinta tras la cual temen que, en apenas unos meses, todos los miembros de la banda cumplan ya en el País Vasco su condena.
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