El fiscal evita interrogar a cargos de la Generalitat acusados de discriminar a la Policía en la vacunación

Pese a que hace unos meses pidió que se investigase a la exconsellera de Salud Alba Vergés por una "diferencia de trato" que creía "injustificada y discriminatoria" con respecto a los Mossos, el Ministerio Público ni siquiera se presentó al interrogatorio que tenía lugar este viernes en el Juzgado de Instrucción Nº 17 de Barcelona.

Según revelan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el interrogatorio, los cargos del Govern investigados judicialmente se han defendido en el interrogatorio del magistrado alegando que hubo retrasos en el envío de los censos de agentes de estos cuerpos a los que había que vacunar. 

Los acusados culparon a los agentes de ambos cuerpos de haber enviado tarde los listados. También adujeron que la vacuna de AstraZeneca, de la que disponían, dejó de administrarse a menores de 60 años al detectar casos de trombosis.

Sin embargo, las acusaciones mantienen que cuando se pausó esta vacuna el porcentaje de vacunados en Mossos d'Esquadra y Policías Locales ya era superior en comparación al de Policía Nacional y Guardia Civil.

Tal y como adelantó entonces EL ESPAÑOL, para el 29 de marzo de 2021 la Generalitat ya había vacunado al 80 % de los 17.000 'mossos' inmunizándolos con las dosis de AstraZeneca. Sin embargo, durante esos mismos dos meses apenas se le había inoculado la vacuna a un 5 % de agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil.

De los aproximadamente 3.500 guardias destinados en Cataluña, tan solo se había inmunizado a 200. En cuanto a los cerca de 3.300 policías nacionales en la región, tan sólo un centenar habían recibido los correspondientes pinchazos.

Puestos relevantes

El clamor entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue unánime. Los cuatro altos cargos llamados a declarar este viernes sólo han respondido a preguntas del juez y de su abogada defensora. A todos se les investiga para determinar si cometieron un delito de presunta prevaricación, infracción de las normas de prevención y otro delito contra los derechos de los trabajadores.

[La Generalitat ya ha vacunado al 80% de los Mossos pero sólo al 4% de policías y guardias civiles]

Los cargos investigados son la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas; el entonces director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella; la exdirectora del área de Organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón y el exdirector de Servicios del departamento, Xavier Rodríguez.

Los abogados defensores de JUPOL y JUCIL, sindicato y asociación mayoritarias en Policía Nacional y Guardia Civil, pedirán la declaración en calidad de testigo de la exconsejera de Salud, Alba Vergés. 

Los investigados explicaron durante su comparecencia ante el juez cómo recibieron los censos de agentes a los que vacunar entre dos y tres semanas tarde en comparación con los datos de Mossos d'Esquadra.

La imputación de todos ellos se conoció semanas después de que el Tribunal Supremo confirmase el trato excluyente del Ejecutivo autonómico con la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la pandemia. El TS ratificaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, asegurando que el trato hacia unos y otros agentes fue totalmente distinto.

A ojos del Tribunal la resolución del TSJ catalán contra la Generalitat contenía "sólidos razonamientos -cifras de evolución, fechas de diferencia y ritmo de vacunación, efectos de la medida cautelar, etc.- para llegar a la 'conclusión de quela Administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales'".

"Acto de justicia"

Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil veían así reconocida, por la vía contencioso-administrativa, la discriminación que sufrieron.

Ahora es otro tribunal de Barcelona el que va a empezar a indagar en si los altos cargos de la Generalitat tendrían alguna responsabilidad penal en los hechos, a raíz de la querella que en su día presentaron la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL, colectivos mayoritarios de ambos cuerpos.

Milagros Cívico, secretaria de JUCIL en Barcelona, celebraba por fin que un tribunal indague si la Generalitat prevaricó al discriminarles en la vacunación. "Este viernes somos partícipes no sólo de un acto de justicia, porque somos escuchados los guardias civiles y policías nacionales por un juez, sino que también se reafirma la protección merecida a quienes contribuimos a defender a los catalanes en un momento crítico como el vivido en la pandemia".

"Teníamos razón y así quedó demostrado", remataba, "frente a unos políticos que utilizan de manera permanente la demagogia para intentar echarnos de esta región".