Una revista editada en la cárcel madrileña de Estremera, con el aval de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, incluyó en el número del pasado mes de junio un artículo en el que un recluso acusaba sin prueba alguna a los funcionarios de Prisiones de delitos tan graves como el homicidio.
A lo largo de dos largas páginas acompañadas del título "Soledad y tristeza", el recluso llega a decir que en las cárceles de Andalucía "no existen tus derechos como reo y no respetan las normativas marcadas por el régimen penitenciario", reza el texto, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL.
"Me he recorrido cada uno de los búnkeres de Andalucía y he pasado por vejaciones, humillaciones y abusos de poder -prosigue-, y uno se llena de odio y de rabia por ver cómo por mucho que te defiendes siempre pierdes y acabas amarrado, pinchado para anular tu persona y eso te va vaciando y creando alguien que ya no le da valor a su vida".
Su relato prosigue acusando a los trabajadores de las prisiones como responsables de las muertes de otros compañeros de celda: "Viví muchas muertes de amigos provocadas por funcionarios. En este sistema se cubre todo. Un asesinato lo ponen como sobredosis. Por eso pedí protección judicial en Huelva y avisé a mi madre que si me pasaba algo que pidiera una segunda autopsia para que relucieran las realidades de lo duro que resulta y el dolor que causa vivir en estos agujeros".
"Ni una humillación más"
Este jueves los sindicatos Acaip-UGT y CSIF han ofrecido una rueda de prensa conjunta para anunciar una serie de medidas ante el ninguneo al que a su juicio Instituciones Penitenciarias tiene sometidos a los funcionarios de las cárceles.
Dicen que la situación resulta crítica dado el aumento de las agresiones a los trabajadores y la agresividad de las mismas. De hecho, tan solo en este mes de julio, al menos 18 funcionarios han resultado lesionados en distintos incidentes en las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Otros tres se intoxicaron a causa de un incendio. Uno de los heridos estuvo a punto de perder la vida cuando un radical islamista le cortó el cuello con una lata de sardinas en la cárcel de Murcia a principios de mes.
Por todo ello, los presidentes nacionales de las organizaciones sindicales ACAIP-UGT, José Ramón López, y CSIF, Jorge Vilas, han anunciado la retirada de la firma de ambas organizaciones del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA) debido a "los constantes incumplimientos de la administración".
Los representantes de CSIF y Acaip-UGT, esta mañana en la rueda de prensa.
Así se lo han comunicado por escrito tanto al Ministerio del Interior como a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Función Pública y a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
El pasado 18 de julio se celebró una reunión extraordinaria del PEAFA solicitada por las organizaciones sindicales ACAIP-UGT y CSIF por el aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y la agresividad de las mismas. En ella trasladaron la idea clave de lo expuesto este jueves. "No podemos tolerar ni una humillación más al colectivo".
"Inconcebible" publicación
Tras más de cinco años, a juicio de ambos colectivos Interior no se han conseguido los objetivos que se planteaban. "No se ha reforzado el papel de participación de los delegados de Prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones a los empleados públicos penitenciarios.
No se ha facilitado a todos los trabajadores penitenciarios el Plan de Formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas. No existe apoyo psicológico al trabajador agredido ni se ha elaborado una guía de asesoramiento jurídico al personal afectado", explican, entre otros detalles que en los que Prisiones no ha querido avanzar.
A día de hoy, los funcionarios de prisiones siguen sin ser reconocidos como agentes de la autoridad, y la investigación sobre los incidentes de las prisiones se deposita tan solo en las manos del subdirector de Seguridad de cada prisión.
En la comparecencia pública de esta mañana también han vuelto a poner de manifiesto la falta de respeto que la administración penitenciaria tiene respecto a sus trabajadores. Un claro ejemplo a su modo de ver es la publicación en la citada revista. "Es inconcebible que desde la administración se permita la publicación de un artículo de esta naturaleza en el interior de un centro penitenciario, degradando la imagen pública de los trabajadores y acusándolos de posibles delitos sin justificación más allá que las declaraciones de un interno".
En ella se acusa "sin pruebas y sin que medie denuncia oficial ante ningún órgano ni judicial ni administrativo de hechos tan graves como asesinato".