La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y las comunidades autónomas decidieron, en noviembre de 2021, poner en marcha en todos los colegios de España la figura del coordinador de bienestar infantil.
Un docente del claustro de profesores que se debe de encargar de luchar contra el 'bullying' e implantar protocolos de apoyo emocional en los centros. ¿El problema? Tanto docentes como autoridades educativas denuncian que la figura se va a implantar con "improvisación" y a costa del profesorado.
Así lo argumentan a EL ESPAÑOL fuentes de los sindicatos y las comunidades autónomas a un mes de que empiece el curso. Según las regiones, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 20230 no ha desarrollado un protocolo unitario sobre qué debe hacer esta figura y cada región está "adaptando" lo que ya tenía, "pero cambiándolo de nombre".
Por su parte, los profesores denuncian que los perfiles que se van a escoger no son personas específicamente formadas para ello, sino docentes que se presenten al puesto. "Van a pedir voluntarios, la gente va a comprometer sus horas y, al final, nos van a cargar de papeleo", lamentan.
Todos, profesores y autoridades educativas, coinciden en que el proyecto de Belarra no era "malo" sobre el papel, pero que la improvisación hace que, ahora, la elección de estas figuras esté resultando caótica. La búsqueda de voluntarios es a contrarreloj y el tiempo corre cada vez más rápido hacia septiembre.
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Recientemente, las redes sociales se hacían eco de las denuncias de varios directores de colegios en la Comunidad de Madrid. La región confirma que a todos los docentes que ejerzan estas funciones se les van a descontar de sus horas lectivas, pero que la región no puede regular el trabajo que cada coordinador tenga en su centro. Cuántas horas debe dedicar cada figura a sus alumnos es algo que "decidirá cada director".
Es decir, que un coordinador de bienestar en dos colegios separados por unos kilómetros y en una misma ciudad puede suponer para un docente una carga extra de seis horas lectivas, mientras que, para otro, sean dos horas semanales.
Sindicatos como CSIF denuncian que estas figuras son "improvisaciones" a costa de la "buena voluntad del profesorado". Dan por hecho que a costa del horario de los maestros y de que aumenten su "carga burocrática" estos perfiles podrán ponerse en marcha finalmente.
"Es una figura improvisada y sin negociarse. Una vez más en las políticas educativas están marcadas por la improvisación y el problema recae en el profesor", añaden.
Figura existente
Muchas autonomías aseguran que el peso se ha puesto sobre las regiones porque el texto normativo del equipo de Belarra da mucha libertad. Esto hace que algunas reconozcan, incluso, que van a 'reutilizar' proyectos ya vigentes, como los coordinadores de igualdad, para encomendarles esta tarea.
Y es que, como denuncian sindicatos y consejerías de Educación, la mayoría de las regiones tienen planes enfocados a hacer frente al acoso escolar que cumplían las funciones del coordinador de bienestar "con creces".
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Por ejemplo, en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Cataluña tienen desde hace más de 10 años planes de convivencia específicos de cada centro que tienen que ir actualizándose y están centrados desde potenciar la alimentación saludable hasta prevenir el acoso escolar.
Lo mismo ocurre con el profesorado. Por ejemplo, en la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, existe un equipo de atención socioemocional en la consejería de Educación que forma al profesorado para enfrentarse a casos de acoso, etc.
La ley
El texto normativo deja mucho espacio a que las autonomías lo diseñen a su gusto pero, aun así, recoge unas tareas básicas que, según el profesorado, "son poco concretas" y van a dificultar su puesta en marcha.
Los sindicados afirman que esperaban una reunión para desarrollar el proyecto que nunca ha llegado. En algunos casos, la imagen del coordinador de bienestar es tan importante que es quién debe establecer la comunicación con los agentes policiales y los servicios sociales "en los casos que lo requieran".
"Es un batiburrillo. Es un profesor que lo mismo tiene que coordinar planes de prevención contra agresiones que fomentar la dieta saludable", lamentan desde una autonomía gobernada por el PSOE.
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Al final, lo que denuncian tanto agentes sociales como autoridades políticas, es que la falta de concreción de la normal termine "cargando de trabajo a los docentes" sin ningún beneficio real para el menor.
"El coordinador de bienestar del colegio, antes de que inicie el curso, tendrá que adaptar los protocolos de las administraciones nacionales y regionales, ponerse en contacto con las asociaciones de padres y coordinar los cursos de detección precoz de abuso que se dirigen al resto de profesores", explica un director de un colegio de Castilla-La Mancha.
Y, ¿después de eso? "Según la ley, durante el curso deberá de coordinar actividades para fomentar la resolución pacífica de conflictos, cursos de prevención de cualquier forma de violencia para los jóvenes, intentar que el comedor del centro ofrezca una dieta saludable y, por supuesto, ser el referente tanto para alumnos, padres y autoridades policiales en caso de abuso". Un trabajo "llevadero", ironizan desde los sindicatos, si no fuera porque "además de coordinador de bienestar, tiene que ser el tutor de un curso completo".