El exmilitar y activista argelino Mohamed Azzouz Benhalima, expulsado por el Ministerio del Interior a su país en el mes de marzo, presentó el 3 de agosto una denuncia, por medio de sus abogados, contra España ante la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (UNCAT).
El objeto de esta denuncia es “declarar la violación del Art. 3 UNCAT, principio de no devolución, y del Art. 1, principio de no discriminación”, según consta en el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Benhalima fue devuelto de urgencia a su país de origen, Argelia, el 24 de marzo de 2022, “a pesar de las sólidas razones que indicaban el riesgo cierto y real de sufrir torturas y otros malos tratos que padecería en caso de devolución”. Actualmente, permanece en prisión, sufriendo “torturas y malos tratos, y bajo pena de muerte”.
Según su defensa, “la decisión del Gobierno de expulsar a Benhalima y la decisión de la Audiencia Nacional de no aplicar una medida suspensiva contravienen el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) ratificada por España en 1987”, que establece una protección absoluta contra la devolución de personas en peligro de ser torturadas o maltratadas en un Estado al que van a ser expulsadas.
Para conseguir esta expulsión lo más rápido posible y evitar cualquier supervisión judicial, “el Reino de España eligió deliberadamente un procedimiento administrativo preferente, evitó pedir garantías al Gobierno argelino y estableció un plan específico urgente para la devolución”.
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La devolución se llevó a cabo en un vuelo chárter expresamente contratado por el Gobierno español para este fin, en lugar de hacerlo por las vías ordinarias de devolución como el ferry y el vuelo regular, “lo que indica la voluntad deliberada del Ministerio del Interior español de entregarlo a las autoridades argelinas”. Toda la operación duró menos de cuatro horas.
Violación adicional
Cuando se detiene al activista el 14 de marzo en Zaragoza, todavía se ignora “si fue en el marco de un dispositivo ordinario de inmigración o porque ya era un objetivo principal de la Brigada General de Extranjería y Fronteras”, máximo órgano policial en España en materia de inmigración.
“La detención fue la clave para poner a Benhalima fuera de la protección de la ley, lo que podría plantearse como una violación adicional”, mantiene en el documento su representante legal en España.
La denuncia se centra en que “al hacerlo, ya sea por ceguera voluntaria o por un acto intencionado, el Reino de España fue responsable de la devolución de Benhalima bajo un riesgo cierto y creíble de tortura”. Por lo tanto, “España incumplió las obligaciones críticas del derecho internacional que prohíben a los gobiernos devolver a personas a un país donde estarían en peligro de sufrir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Las medidas cautelares solicitadas por la representación legal de Benhalima ante los tribunales españoles para detener la deportación fueron rechazadas. En todo caso, si se hubieran estimado habrían sido inútiles porque la resolución del Tribunal se produjo siete horas después de que hubiera aterrizado ya en suelo argelino”, explícita la comunicación a la UNCAT.
Discriminación por creencias
Inmediatamente después de su detención, la Brigada General de Extranjería y Fronteras inició un procedimiento administrativo contra Benhalima para expulsarlo de suelo español y deportarlo a Argelia por la presunta infracción muy grave de “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países”.
Sin embargo, la Brigada General de Extranjería y Fronteras “no ha presentado hasta la fecha ningún informe o documento que acredite dicha supuesta actuación subversiva o radical”.
Además, los abogados recuerdan que “las autoridades españolas tampoco parecen haber tenido en cuenta el contexto actual, en el que las autoridades argelinas han estado formulando cada vez más falsas acusaciones de terrorismo y de seguridad nacional contra activistas pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas, como han advertido repetidamente desde 2019 varios relatores de la ONU y organizaciones internacionales”.
Como fundamento de la decisión de expulsar a Benhalima de suelo español, “las autoridades españolas confundieron y mezclaron deliberadamente creencias religiosas legítimas, como el islamismo, con creencias críticas e ilegales, como el terrorismo”.
La asignación de creencias islamistas a Benhalima y a su presunto entorno, “además de ser falsa, ha sido esencial para retratarlo como una amenaza para la seguridad nacional y un sospechoso de terrorismo”. En consecuencia, sus representantes legales consideran que “este retrato ha sido esencial para lograr la resolución de expulsión de España y la denegación de la solicitud de asilo y, por lo tanto, han conducido a la tortura y a varias otras formas de maltrato en Argelia”.
La atribución, señalización y estigmatización de una persona por sus creencias religiosas, cuando está en juego la protección contra la tortura y los malos tratos, supone una violación del artículo 1 de la UNCAT.
El 24 de marzo, una vez que Benhalima ya estaba detenido en el CIE de Valencia, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior español finalizó este procedimiento y dictó su resolución de devolución. Sin embargo, “el Ministerio del Interior español no ha aportado ni uno solo de dichos supuestos mensajes radicales o llamadas a la violencia”. En los hechos de la denuncia, también se precisa que se le despojó de su teléfono móvil y que no se le notificó su expulsión.
Torturas y malos tratos en Argelia
La llegada de Benhalima a Argelia fue retransmitida en las televisiones públicas argelinas y “las autoridades argelinas lo expusieron como un trofeo de guerra, de forma especialmente cruel e inhumana”. La forma en que se llevó a cabo la expulsión “se asemejó a una rendición extraordinaria, que es en sí misma una forma de tortura un trato cruel e inhumano llevado a cabo por las autoridades argelinas con la bendición de las autoridades españolas”.
En la actualidad, “ya ha sufrido torturas y malos tratos y se encuentra en situación de experimentar más”, mantiene el documento.
Se encuentra en prisión en régimen de aislamiento en el centro penitenciario de El Blida desde abril, sólo se le permite una salida de 10 minutos al día de su celda, sin ningún contacto con otros presos.
Las autoridades argelinas han obstaculizado las visitas de familiares y su derecho a la defensa. “Sus abogados en Argelia no tienen acceso a los expedientes completos, no pueden obtener copias de los mismos y todos los interrogatorios, teóricamente privados, se realizan en presencia de los guardias de la prisión. Incluso, uno de sus abogados ha sido detenido”, detalla la comunicación enviada a la UNCAT.
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Como adelantó EL ESPAÑOL, Benhalima fue condenado a la pena de muerte en una vista celebrada en su ausencia en 2021 por delitos de deserción y espionaje, y a prisión en, al menos, otros 10 procedimientos penales en ausencia, que suman más de 25 años de cárcel. “También hay otros procedimientos penales y administrativos pendientes contra él que sólo pueden contribuir a aumentar el tiempo de encarcelamiento”, explicitan su representante en el escrito.
El Gobierno español ha declarado posteriormente ignorar esta condena, pero sus abogados aclaran que “no ha explicado ni las razones para no pedir plenas garantías al gobierno argelino antes de la devolución ni las razones por las que no utilizó el procedimiento judicial de extradición para devolver a Benhalima a Argelia”.