Los 4 argumentos del separatismo para acusar a España de los atentados islamistas en Cataluña

Este miércoles se cumplen cinco años desde los atentados yihadistas de agosto en Barcelona y Cambrils. El acto oficial en recuerdo de las víctimas se ha visto interrumpido por un grupo de separatistas que, a gritos, vinculaban al Estado español con los ataques.

1. El CNI

Esta teoría de la conspiración surgió en el verano de 2018 con acusaciones al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de estar relacionado con Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll (Gerona) e ideólogo del 17-A.

Un año más tarde, en julio de 2019, el diario Público (propiedad del empresario nacionalista Jaume Roures) publicó que Es Satty era confidente del CNI y que el servicio de inteligencia español era conocedor de la actividad terrorista, pero que optó por no frenar la preparación de los atentados.

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Prendió así la mecha de un fuego que sería avivado por rostros del propio Gobierno catalán y líderes del movimiento separatista. A través de sus redes sociales, Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat, calificó de "gravísima" esa información, y aseguró que se exigirían "las más altas responsabilidades".

Asimismo, Joaquim Forn, ex consejero de Interior, señaló la necesidad de "exigir una investigación a fondo, depurar responsabilidades políticas", incluyendo a "medios de comunicación que difundían las tesis del Ministerio del Interior sin contrastar".

Ante la publicación de esta información, el Parlament constituyó una comisión de investigación. Los resultados de la misma exculparon al CNI, a la vez que se concluía que "de la condición de confidente del imán Es Satty, acreditada por la comisión, no puede desprenderse de que dicho servicio de inteligencia conociera la intención del imán de promover o cometer los atentados".

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De igual forma, la Audiencia Nacional descartó, tanto en la sentencia de los atentados como en la apelación a la misma, la vinculación del Estado en los ataques, y desestimó todas las teorías conspirativas difundidas por grupos independentistas.

Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra en el momento de los atentados, aseguró en una entrevista con La Vanguardia que "la respuesta más efectiva, con más conocimiento de datos, más profunda y más leal" fue la del CNI. Asimismo, Trapero ha mantenido que el CNI "ayudó mucho en la investigación", y que no tiene "ningún indicio de la teoría conspirativa".

2. "Un susto a Cataluña"

A pesar de que ningún dato objetivo dote de verosimilitud a las teorías que culpabilizan al CNI de los ataques, estas no han dejado de tener relevancia en el relato secesionista del 17-A. Es más, gozan de una renovada popularidad gracias a José Manuel Villarejo.

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El excomisario aseguró en enero de 2022 que los atentados de Barcelona y Cambrils fueron consecuencia de un "error grave" de Félix Sánz Roldán, exdirector del CNI. Según Villarejo, Roldán "calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña".

3. "Guerra" anti-independencia

Las declaraciones del expolicía casan a la perfección con otra de las grandes acusaciones de los nacionalistas al Gobierno de España. Y es que, según los independentistas, los ataques del 17 y 18 de agosto son una batalla dentro de la "guerra del Estado contra la democracia catalana", en palabras del exconsejero de Esquerra Republicana Josep Huguet.

Por ello, el Gobierno catalán solicitó el pasado enero activar el artículo 54 del Congreso de los Diputados para conocer si, como defienden, el ataque yihadista fue una conspiración contra el movimiento soberanista catalán.

4. La información

Los reproches no se limitan al atentado de 2017, sino que se extienden a la gestión de la información que el Gobierno ha hecho en los cinco años transcurridos.

Ya en el verano de 2019, los Comités de Defensa de la República (CDR) se congregaron en una protesta en las que exigían "respuestas" y acusaban al Gobierno de "abandono a las víctimas". En las pancartas, los CDR se preguntaban "¿por qué no se investigan las relaciones de los terroristas con los poderes del Estado?".

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Así pues, los líderes del movimiento nacionalista se muestran en contra de que la información relativa al 17-A se califique como secreto de Estado, ya que, según apunta Elsa Artadi, número dos de Junts per Catalunya, "la ciudadanía y las familias tienen derecho a saber".

Es por eso que, a inicios de este año, el Ejecutivo catalán solicitó la reforma de la ley de secretos oficiales, ya que considera que la norma sirve al "órgano competente" al ocultar la información relativa a los atentados.

Durante este miércoles, día en el que se cumplen cinco años del atentado, las redes han recogido las demandas de "transparencia" a manos de políticos como Carme Forcadell o Joaquim Forn.

Asimismo, JxCAT ha hecho público un comunicado en el que denuncia la "pasividad por parte de algunos estamentos políticos y policiales de España". Además, señala que "todavía hay incógnitas por resolver", ya que "la relación del CNI con el imán de Ripoll" no ha sido investigada "con la transparencia y rigor que requiere algo tan grave".