La extracción del ficus centenario de Sevilla que comenzó el martes con la poda de sus principales ramas habrá de esperar. Este jueves, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla ha retomado su actividad de manera extraordinaria a causa de este asunto.
La sala ha admitido a trámite la petición de una plataforma ciudadana de paralizar la extracción del árbol, y suspende de manera temporal la tala. El auto, que llega horas después de que el ficus quedara despojado de todas sus ramas, ha provocado la paralización de los trabajos de poda hasta, al menos, el próximo lunes.
La Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) trasladó a la Justicia su petición de suspender la tala del árbol debido a que en los informes remitidos a las autoridades no se tuvo en cuenta el "dictamen de expertos arboristas".
El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, ha desviado su responsabilidad en la tala del ficus de San Jacinto en la Junta de Distrito y en la Junta de Andalucía, además de en la Orden de los Dominicos, regentes de la parroquia.
El portavoz del Gobierno municipal, Juan Manuel Flores, ha asegurado este miércoles que la “difícil decisión” se ha tomado en base a informes técnicos.
El pasado año, el consistorio alertó del “riesgo” que suponía el árbol centenario para los viandantes, en una zona de las más concurridas de la ciudad de Sevilla y, en concreto, del barrio de Triana. Los desprendimientos de ramas se venían dando desde hacía años, pero en marzo de 2021 se produjo el “incidente más grave”, con seis personas lesionadas.
Este hecho provocó que Parques y Jardines llevara a cabo una inspección del ficus. Los técnicos alertaron de pudriciones de gran diámetro y hongos, por lo que se realizó una poda de emergencia a manos de los servicios municipales, a pesar de que la titularidad del árbol recae sobre la parroquia de San Jacinto, y no sobre el Ayuntamiento.
Ese mismo mes, la Asociación Vecinal Triana Norte trasladó a la Junta de Distrito su solicitud de retirar el ficus del atrio de San Jacinto, y sustituirlo con la plantación de olivos, “de proporciones más pequeñas y adaptadas a las condiciones del sitio”. La propuesta fue aprobada con mayoría absoluta, con la abstención de Podemos.
Al tratarse la parroquia de un Bien de Interés Cultural (BIC), el proyecto había de ser aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Junta de Andalucía. Durante la sesión del 27 de abril del 2022, es decir, un año después de que se hiciera la propuesta, la Comisión aprobó por unanimidad “informar favorablemente que se tomen las medidas necesarias”.
“La única solución”
Este martes, con el beneplácito de la Junta y tras la insistencia de los grupos vecinales, comenzaron las podas previas a la tala del ficus de San Jacinto. El Ayuntamiento, por su parte, se lava las manos y asegura que, en último término, el propietario del árbol es la parroquia.
Sin embargo, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, órgano dependiente del Ayuntamiento, fue la encargada de aprobar la licencia que permitió a los Dominicos, regentes de la iglesia, llevar a cabo la extracción del árbol.
El portavoz municipal, Juan Manuel Flores, ha justificado la concesión de la licencia para los trabajos de apeo del árbol en un informe de daños estructurales presentado por la parroquia. Además, ha expresado que “el árbol es de titularidad privada, y la Iglesia nos ha demostrado que [la tala] es la única solución para garantizar la seguridad”.
Asimismo, Flores ha insistido este miércoles en que la tala ha estado autorizada por la Junta de Andalucía, así como avalada por informes técnicos que advertían sobre “su peligrosidad para las personas y el riesgo para la integridad patrimonial del templo”.
El consistorio, liderado por el socialista Antonio Muñoz, se ha respaldado igualmente en el apoyo de las asociaciones vecinales y grupos municipales representados en la Junta de Distrito.
Así pues, Juan Manuel Flores ha hecho hincapié en que “la licencia viene avalada por el movimiento ciudadano de Triana”, además de por el “órgano de gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente con el voto afirmativo del Partido Popular”.
Además, el también delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social ha asegurado que “no es una cuestión de dinero”, sino de seguridad. Por ello, ha llamado a la “responsabilidad de los partidos políticos que se manifestaron a favor del apeo”, así como a la “comprensión de la ciudadanía que se opone a la decisión”.