El pacto para renovar el CGPJ firmado en octubre de 2021 entre Teodoro García Egea y el ministro de presidencia, Félix Bolaños, ha derivado en el primer choque interno entre el equipo del entonces presidente del PP, Pablo Casado, y el actual, Alberto Núñez Feijóo.
Feijóo aseguró ayer jueves en Porto do Son (La Coruña) que, en el traspaso de poder en el partido, Pablo Casado nunca le informó sobre la existencia de ese acuerdo. Según Feijóo, tampoco el Comité de Dirección del PP debatió nunca ese documento: "Ni el anterior, ni el actual", precisó.
Sin embargo, el equipo de Pablo Casado ha indicado a EL ESPAÑOL que "en el traspaso de funciones se informó a la dirección entrante de la cuestiones importantes, también las judiciales", ha señalado el exsecretario de Comunicación del PP Pablo Montesinos.
El intercambio de información se habría producido entre el exsecretario general Teodoro García Egea y el actual responsable de Política Institucional, Esteban González Pons, según esta versión.
Además, "Cuca estaba allí. Antes, durante y después", añade Montesinos en alusión a Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde la etapa de Pablo Casado y hoy número 2 de la dirección del partido, como secretaria general.
Dentro de la escalada de descalificaciones puesta en marcha por el Gobierno, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha utilizado las palabras de Montesinos para tachar de "mentiroso" a Feijóo y compararlo con Donald Trump.
La dirección actual del PP desmiente rotundamente la versión ofrecida por el exsecretario de Comunicacion y recalca que nadie del equipo de Pablo Casado entregó ese documento "ni a Feijóo, ni a González Pons, ni a Cuca Gamarra".
Un "pacto secreto"
"Que el Gobierno lleve desde el mes de abril exigiendo a Feijóo que negocie la renovación del CGPJ, es la mejor prueba de que ni siquiera el Gobierno da validez a ese acuerdo", señalan fuentes oficiales del partido, "¿por qué lo filtran a la prensa ahora, once meses después?".
También Esteban González Pons ha negado rotundamente que Teodoro García Egea le informara de la existencia de dicho acuerdo. "Ni siquiera el entorno de Pablo Casado conocía la existencia de ese pacto", señalan fuentes oficiales de la actual dirección del PP, "rechazamos ese documento en cuanto lo conocimos y nos parece mal que Casado llegara a pactos secretos con Sánchez".
En rueda de prensa, Feijóo explicó ayer jueves que, en la primera reunión celebrada el pasado mes de abril para negociar la renovación del CGPJ, Bolaños amenazó a González Pons con filtrar el documento a la prensa, si no se alcanzaba un acuerdo: "O llegamos a un acuerdo o filtro ese papel". El Gobierno ha filtrado finalmente el documento al diario El País esta semana.
Desde Galicia, Feijóo ha respondido este jueves a dicho desafío advirtiendo: "No vamos a aceptar que nos amenacen, eso es muy infantil", ha dicho el líder del PP, "los españoles no necesitan política infantil sino un poco más de altura".
La actual dirección del PP no se siente comprometida por ese documento, que según Feijóo el exsecretario general Teodoro García Egea firmó sin informar al Comité de Dirección del partido.
"Si el Gobierno daba por hecho que ya tenía cerrado con el PP el acuerdo sobre Justicia desde el otoño de 2021, ¿por qué lleva exigiendo a Feijóo negociar la renovación del CGPJ desde el mes de abril? Ni el propio Sánchez hizo referencia a ese pacto secreto, cuando se reunió con Feijóo en La Moncloa", señala una fuente de la dirección actual.
Al respecto, Feijóo ha recordado que su propuesta para renovar los órganos del Poder Judicial es pública, desde que la remitió al Gobierno el pasado 11 de julio.
Incluye varias clásulas para frenar las "puertas giratorias" en la Justicia. Si su propuesta prospera, "un juez que acepta la responsabilidad de ser ministro, al mes de ser cesado no puede empezar a dictar sentencias. Deberá esperar dos años", ha explicado este jueves Feijóo.
Del mismo modo, un ministro que acaba de ser cesado no podría convertirse inmediatamente en presidente de una Sala del Supremo, fiscal general del Estado (como ocurrió con Dolores Delgado) o vocal del CGPJ. "Debe haber una moratoria de siete años", ha señalado el líder del PP.