El negocio del fuego: así se han repartido 6 empresas la extinción en España a cambio de sobornos

La organización, constituida por un grupo de empresas del sector de la aviación y apoyados por funcionarios y políticos de diversas administraciones y partidos, logró influir en el precio final de los contratos.

El funcionamiento de este grupo fue estable y permanente en el tiempo. A través de pactos clandestinos, muchos de ellos cerrados durante la celebración de cacerías en Andalucía y Castilla-La Mancha, imponían a las administraciones precios superiores por el uso de aviones en los incendios.

¿Cómo? Pues con un reparto fraudulento del mercado y ofertas previamente pactadas entre ellos con bajas insignificantes. Así obtuvieron a lo largo de dos décadas precios máximos y sin alternativa a cambio de entregas de dinero en metálico, regalos y el pago de cacerías o viajes.

La Audiencia Nacional finalizó en julio la investigación del denominado cártel del fuego y la Fiscalía Anticorrupción acaba de presentar la acusación. El fiscal Carlos Alba traza en su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, veinte años de gestión fraudulenta en la extinción de incendios forestales en España.

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La investigación ha acreditado que se pudieron concertar contratos por al menos 151 millones de euros y la trama se extendió por Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Cataluña. 

Acta de una de las reuniones del 'Grupo 6' incluida en el sumario.

Entre las empresas bajo investigación figuran Avialsa, Grupo FAASA, Trabajos Aéreos Extremeños, Grupo Martínez Ridao, Espejo y Cegisa. La Fiscalía pide penas de prisión para los empresarios, inhabilitación especial para obtener subvenciones y el pago de indemnizaciones millonarias para compensar el elevado precio que pagaron las administraciones. 

Las aeronaves son fundamentales en la extinción de incendios forestales, y que los montes ardan supone una oportunidad de negocio para las compañías.

Las empresas investigadas siguen ganando la mayoría de concursos públicos de España a la espera de que se celebre el juicio. En 2019, por ejemplo, el cártel volvió a ganar un concurso contra incendios en Valencia porque, hasta que no haya una sentencia firme, pueden seguir presentándose.

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado que las empresas bajo sospecha no puedan contratar con el sector público por un plazo de 15 años.

El origen

Este grupo "delictivo" se fundó en 2001 en el municipio cordobés de Palma del Río. Allí pactaron compartir de manera común la flota de aviones de extinción de incendios, incluidos los de reserva, para aumentar el margen de beneficios.

Para ello, crearon una "asociación clandestina" tras una reunión celebrada en la sede social de la empresa FAASA. Esta empresa es la que contrató el PSOE de Andalucía en 2010 para el traslado en avioneta de José Antonio Griñán, presidente de la Junta entre 2009 y 2013 y condenado por el caso de los ERE, a un acto del partido en Roquetas de Mar.

Las empresas acordaron repartirse España geográficamente y los concursos de manera rotatoria. En cada ocasión, se decidía qué compañía de las investigadas podía acudir al concurso y predeterminaban los criterios para licitar a través de una UTE.

En las reuniones también se establecía la contribución de cada compañía al mantenimiento de gastos de la flota y de los aviones de reserva. Además, fijaban las compensaciones posteriores de gastos entre ellos y por posibles incidencias que pudieran surgir cuando se negociaba con personal de las administraciones.

Este reparto del negocio se desarrolló al menos entre los años 1999 y 2018. La investigación comenzó en Valencia porque un colaborador cercano al propietario del grupo Avialsa, Vicente Huerta, y uno de los cabecillas, Francisco Alandí, se personó en la Fiscalía con un dispositivo informático con miles de documentos y material fotográfico que comprometía a la organización. 

Anticorrupción iba tras los pasos del exconseller valenciano de Gobernación, Serafín Castellano (PP), y entre esa documentación apareció la factura de un rifle Browning de 1.900 euros que la trama le regaló. 

El importe de todos los regalos que recibió Castellano, según la Fiscalía Anticorrupción, ascendió a "no menos de 167.177,02 euros", e incluye sesiones de SPA con noches en hoteles exclusivos. A esta cantidad hay que sumar las entregas puntuales de dinero en metálico.

Multa de 11 millones

Entre los acusados figura Vicente Boscá, coordinador del servicio contra incendios de la Comunidad Valenciana. La Fiscalía pide para este funcionario el pago de una multa de 11 millones de euros y así compensar el dinero público defraudado en concursos que deberían haber quedado desiertos por no reunir garantías legales.

Los investigadores tiraron del hilo y descubrieron que la red iba mucho más allá de Valencia y alcanzaba a contratos públicos en todo el país con "técnicas fraudulentas de elevación de los costes de contratación". Como el grupo estaba presente en casi toda España, el caso pasó a la Audiencia Nacional. 

El cártel también pactó los topes salariales a abonar a los pilotos de las aeronaves, tarifas por hora de vuelo y otras materias relacionadas con la extinción. En los pactos sobre turnos y sistemas rotatorios, se tomaban también en consideración, además de los concursos en España y Portugal, los puntuales servicios, desplazamientos o utilización de aeronaves en Italia.

En uno de los contratos ganados en Portugal, la investigación ha constatado que el Gobierno luso pagó hasta tres veces más de lo que realmente costaba el servicio contratado.

Huerta, del grupo Avialsa, tras ser detenido en 2015. EFE

El funcionamiento

Los empresarios acusados delimitaron para cada uno de los años el total de la flota de aviones disponible para el conjunto de los socios y se estableció un estricto turno rotatorio para optar a incrementar las contrataciones con Administraciones públicas.

Además, se fijaron zonas de influencia y de adjudicación de cada compañía, de forma que si se convocaba un concurso en un territorio sobre el que una empresa tenía ya contratadas aeronaves, sería esta empresa la que ofrecería el servicio en condiciones de éxito, pero utilizando el avión de la empresa que tenía adjudicado el turno rotatorio en ese momento.

De este modo, Avialsa tenía la preferencia en las comunidades de Valencia y Cataluña; el Grupo Ridao en las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; FAASA en Castilla y León y Andalucía, y CEGISA en Portugal.

Los asociados realizaban "ajustes anuales entre ellos" como consecuencia de la utilización de estos aviones por turno, y por el hecho de fijar la existencia de dos aviones de reserva, que cubrirían las posibles averías u otros incidentes que sufriera la flota común.

Así, las empresas establecían al final de año un precio por avión, que se calculaba en
función del total facturado a la Administración correspondiente. Una vez descontados los gastos, se fijaba la cantidad de referencia para establecer unas compensaciones entre el grupo

Cuando una empresa entrase por turno de contratación, tenía la opción de comprar o alquilar la aeronave, si no disponía de una, en cuyo caso debía hacerlo a otra empresa del grupo que estuviera sin contrato para compensar. 

La rama catalana

También fijaron y ejecutaron acuerdos para llevar a cabo las adjudicaciones, acudiendo únicamente la sociedad que tuviera asignado ese territorio. Incluso en algunos casos, se decidía que no acudiese nadie a ofrecer o licitar, para ocasionar que, en una nueva convocatoria, se inflase el precio final por la Administración a través de ofertas cebo para obtener mayores beneficios.

Todos se ajustaron a los pactos indicados. El empresario valenciano Vicente Huerta aseguraba la eficacia del reparto y provocó la elevación de los costes, según ha concluido el Ministerio Público.

En Cataluña, al igual que sucedía en la región valenciana, Huerta controlaba con funcionarios del sector el desarrollo de la actividad delictiva. Ramón Dinarés, jefe de medios aéreos de la Generalitat de Cataluña, indicaba a Avialsa cómo debía presentarse a los concursos a cambio de "entregas de dinero en efectivo, regalos, servicios de hostelería y hospedaje, así como instrumental electrónico, técnico e informático".

La trama catalana también ha salpicado a Manel Bosch, un alto cargo del departamento de Interior de la Generalitat catalana. Bosch era el jefe de la División de Operaciones cuando fallecieron cinco bomberos en el incendio de julio de 2009 en Horta de Sant Joan (Terra Alta) y ahora se enfrenta al pago de una multa de 1,3 millones de euros e inhabilitación por dos años.

Con estos métodos, Avialsa ganó concursos por valor de más de 48 millones de euros en Cataluña entre los años 2003 y 2015, según recoge el documento de la Fiscalía.