El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, gestionado por Unidas Podemos, ha remitido este lunes un escrito al Ministerio del Interior en el que solicita a la Dirección General a suspender el torneo del Toro de la Vega.
El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, firma este documento en el que recoge su preocupación por que “no se cumplan las medidas cautelares” impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) el pasado viernes.
Así, insta al ministerio de Fernando Grande-Marlaska a que “vele para que se cumplan en los términos establecidos”; esto es, suspendiendo el festejo de Tordesillas (Valladolid).
Las presiones de la formación morada por suspender el Toro de la Vega comenzaron el pasado jueves, cuando García Torres y Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030, presentaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente una escrito para que paralizaran de manera cautelar la celebración, debido a un “posible delito de maltrato animal”.
Y es que, aunque las fiestas ya han sufrido modificaciones debido a las presiones de la formación morada, el ministerio encabezado por Ione Belarra no cesa en su empeño por suspenderlas.
A principios de este año, el Ayuntamiento de Tordesillas acordó la modificación del estatuto de esta tradición, por la que eliminan la muerte pública del animal. Sin embargo, la nueva norma no suprime el torneo, en el que 50 participantes colocan divisas de ocho centímetros en el lomo del astado, a través de una lanza que contiene pequeños arpones.
La Fiscalía de Medio Ambiente, tan solo un día después de la denuncia de Verstrynge y García, archivó la investigación porque “no existen indicios de comisión de delito alguno”. Ese mismo día, el TSJCyL acordó adaptar las bases del espectáculo de tal forma que la modalidad de torneo no pueda celebrarse.
La petición de este lunes de Derechos de los Animales responde al comunicado emitido el pasado viernes por la Junta de Castilla y León, en el que aseguran que el torneo del Toro de la Vega no podrá adaptarse a las nuevas bases.
El Ministerio de Derechos Sociales solicita ahora al Ministerio de Interior la suspensión de las fiestas de manera cautelar, ya que prevén el incumplimiento de las medidas impuestas por el TSJCyL y, por tanto, la comisión de un delito contra la vida animal.