La petición de indulto para José Antonio Griñán ha puesto de acuerdo a miembros de todo el espectro político. Miembros del PP, de IU, andalucistas y nacionalistas catalanes se han sumado a la petición de indulto para el expresidente andaluz, condenado a seis años de prisión por el caso ERE. Una solicitud a favor del exlíder socialista andaluz que cuenta con el apoyo de más de 4.000 firmas del mundo político, sindical, empresarial, cultural y deportivo. Unos nombres entre los que destacan los de Rodolfo Martín Villa, Miquel Roca Junyent o Eugenio Nasarre. A los que se suma el dirigente de Podemos y exJEMAD Julio Rodríguez.
Además de numerosos históricos socialistas que apoyan el indulto, como Felipe González, Alfonso Guerra y José Luis Rodríguez Zapatero, piden la medida de gracia que debe decidir el Gobierno el exministro Martín Villa, el exdiputado del PP Eugenio Nasarre, el histórico dirigente del PP andaluz Juan Ojeda, la exdiputada popular Beatriz Gutiérrez Salmones o el parlamentario Juan Manuel Gómez Angulo.
Junto a la expresidenta socialista andaluza Susana Díaz, han firmado la petición de indulto destacados dirigentes nacionalistas catalanes. Entre ellos están Josep Antoni Durán i Lleida, Ignasi Guardans y Miquel Roca Junyent. Desde el ámbito del andalucismo también han firmado personalidades como Alejandro Rojas Marcos y José Núñez Castain.
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Otros políticos como José Bono, Jose María Barreda, Rafael Escuredo, José Montilla, Marcelino Iglesias, Joan Lerma, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina, Juan José Laborda, Javier Rojo, Francisca Sauquillo, Francisco Fernández Marugán o Leire Pajín también apoyan el indulto. Además de los exministros ya citados, como Bono, Montilla o Pajín, también está entre los firmantes el extitular de Industria Miguel Sebastián. Una solicitud que van a imitar otros de los cargos condenados en los ERE, según el listado, desvelado por la Agencia EFE.
También han suscrito la petición políticos de IU como Antonio Maíllo y Diego Valderas y el general José Julio Rodríguez Fernández (Podemos). El de este último es un caso especialmente significativo, ya que su partido ha criticado que se pueda conceder el indulto a Griñán. En el ámbito de la política internacional lo han hecho Josep Borrell, Javier Solana, Pedro Solbes, Joaquín Almunia, Enrique Barón, Gustavo Suárez Pertierra, Emilio Casinello, Emilio Menéndez del Valle y Luis Yañez.
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De los sindicatos, economía y empresa, se han adherido Antonio Gutiérrez, José María Fidalgo, Ignacio Fernández Toxo, Héctor Maravall, Cándido Méndez, Enrique Lillo, Julián Ariza, Óscar Fanjul, Raymond Torres, Francisco Martínez Consentino, Natalia Fabra y Julio Lacuerda.
Los respaldos en el mundo del derecho y la judicatura le han llegado por parte de Antonio Camacho, Juan Luis Ibarra Robles, Eligio Hernández, Javier Gómez Bermúdez, José Antonio Martín Pallín, Mariano Fernández Bermejo, Javier Moscoso del Prado, Juan Alberto Belloch, María Antonia Lozano, Pilar Sepúlveda, Manuel Carlos Palomeque, Jesús Cruz Villalón o Ángeles Amador.
De acuerdo con una lista de firmantes, del mundo deportivo han firmado el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque y la esquiadora María José Rienda. En el ámbito cultural lo han hecho, entre otros, Miguel Ríos, José Luis Garci, Manuel Vicent, Luis García Montero, Javier Cercas, Juan Tallón y Manuel Gutiérrez Aragón.
Del mundo el periodismo también hay algunos firmantes. Entre los que apoyan la medida de gracia solicitada por la mujer de Griñán y sus tres hijos, "expresamente en razones de humanidad y equidad", destacan Iñaki Gabilondo, Soledad Gallego o Maruja Torres.
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También hay rectores y profesores universitarios que se han sumado. Los nombres destacados son los de Josefina Gómez de Mendoza, Miguel Florencio, Juan Manuel Suárez Japón, Antonio Ramírez de Arellano, Adelaida de la Calle, Luis Parras, Pedro Molina, Antonio Martinón Cejas y Amelia Valcárcel.
En una sentencia conocida esta semana, con tres votos a favor y dos en contra, el Tribunal Supremo condenó a prisión a nueve exaltos cargos del Gobierno andaluz por aplicar entre los años 2000 y 2009 un sistema de concesión de ayudas sociolaborales a sabiendas del "descontrol" y de las "gravísimas ilegalidades" que se cometían, a pesar de lo cual no hicieron nada para impedirlo.