Discurso íntegro de Pedro Sánchez en la clausura del Foro de la Toja

Permítanme que comience esta intervención hablando de la grave situación que se está dando en Ucrania.

Ayer Vladímir Putin proclamó la anexión a Rusia de una parte de Ucrania. Lo hizo después de organizar un referéndum de pantomima mientras bombardeaba Zaporiyia asesinando a civiles inocentes con misiles rusos.

Quiero ser muy claro: ni España, ni Europa vamos a reconocer nunca esa anexión ilegal y exigimos a Putin que abandone Ucrania cuanto antes poniendo punto y final a esta guerra injusta e ilegal. Putin sabe que está perdiendo esta guerra y sabe también que está muy solo, cuanto antes tome la decisión correcta de poner fin a la guerra, será mejor para todos. También para él.

[Sánchez, contra "los brujos que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos"]

Señores y señoras: hace justo un año tuve ya el placer de participar en la clausura de la III edición del Foro de la Toja. Ese día me precedió en el uso de la palabra, el primer ministro de Portugal, António Costa.

Un buen amigo personal y, lo que es más importante, un buen amigo de España.

Tanto la intervención del primer ministro portugués como la mía propia abordaron una preocupación entonces creciente: la subida de los precios mayoristas de la energía y la necesidad de una reserva estratégica de gas para Europa.

Hablamos ya aquí de la península Ibérica como isla energética; hablamos ya de una respuesta conjunta de la Unión Europea a un problema que podía amenazar el crecimiento e incrementar las tensiones inflacionistas.

Hablamos, de lo que había que hablar; hablamos, si se me permite la expresión, de un elefante que ocupaba la habitación, aunque en aquel momento pocos a nuestro alrededor parecían querer verlo.

Mostramos capacidad de anticipación y coherencia al plantear soluciones que hoy, como refería recientemente el presidente Macron, son el camino a seguir para hacer de la excepción ibérica la norma europea.

Intentamos ser coherentes a la hora de identificar el impacto en la economía real, en las familias y en las empresas. Intentamos ser consecuentes al plantear la excepción ibérica con el tope al gas. Y tratamos de llevar esa coherencia hasta el final al exigir la intervención de un mercado afectado por graves distorsiones.

Y lo hicimos, por cierto, mucho antes del inicio de la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Un conflicto cuyas consecuencias padece el mundo entero. La más relevante es, sin duda, la espiral inflacionista global que también afecta de lleno a nuestro país.

Inflación

Señores y señoras: soy plenamente consciente del enorme impacto de la subida de precios en la economía real. Especialmente entre la clase media y trabajadora.

Mitigar ese impacto constituye una prioridad absoluta, y a ese fin el gobierno ha movilizado ayudas por valor de más de 35.000 millones de euros, equivalentes al 2,9% del PIB. Se trata de ofrecer una respuesta rotunda desde el estado para proteger a la gente. Para proteger rentas, familias y empresas, como ya hicimos en el momento más duro de la pandemia.

Esta semana hemos conocido los datos adelantados de inflación del mes de septiembre. La moderación de los precios indica que las medidas adoptadas empiezan a surtir efecto y que avanzamos en la dirección adecuada.

Pero conviene no bajar la guardia en un escenario global tan complejo. Estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad.

Vivimos una era de incertidumbre marcada por la acumulación de grandes crisis recientes. Es evidente que no elegimos la entidad ni la naturaleza del desafío al que nos enfrentamos, y este gobierno ha tenido que enfrentarse a muchos en un periodo muy breve. Pero sí podemos elegir la respuesta que ofrecemos. Y en esa respuesta, es imprescindible no olvidar las lecciones de la experiencia reciente.

Justicia fiscal y cohesión social

La senda elegida para superar la crisis financiera de 2008 ha quedado desacreditada por la historia y por la evidencia. Tardamos diez años en recuperar los niveles que otros estados habían alcanzado en sólo tres. Y lo hicimos además a costa de enormes sacrificios que pagamos más adelante. España afrontó la pandemia con 4.600 camas UCI. Un país como Alemania, con menos del doble de población, lo hizo con más de 28.000.

Entramos de lleno en la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años con 30.000 profesionales sanitarios perdidos en una década. Y con graves deficiencias acumuladas por una década de recortes.

No hay mayor herramienta para combatir la desigualdad y defender la justicia social que el estado del bienestar. Pero la justicia social requiere de una condición de partida: justicia fiscal. Que cada cual aporte en función de su capacidad. Es el valor inherente al modelo social europeo. Y es un principio que impregna nuestro pacto constitucional.

Es un valor que vincula a los países más avanzados y líderes en el índice de desarrollo humano con una fiscalidad justa para proveer servicios públicos de calidad. El que sostiene el contrato social que cohesiona a un país.

La pregunta que debemos hacernos es ¿Qué estado del bienestar queremos? Es tiempo de elegir y las opciones son claras. ¿fortalecer o debilitar el estado del bienestar? ¿robustecer los servicios públicos o fragilizarlos? ¿Protegernos colectivamente frente a los riesgos de futuras crisis o desarmarnos?

Nuestro país no tiene un problema de gasto, como algunos pretenden hacer ver. Antes de la pandemia, España era el sexto país de la Unión Europea con menos ingresos fiscales y el undécimo con menos gasto público. De hecho, nuestros niveles de ingresos y de gasto público han estado en los últimos años 8 y 5 puntos por debajo de la media de la UE. Recaudan y gastan más que nosotros Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Finlandia, Austria, Países Bajos, Suecia y Dinamarca.

Es cierto, que en el otro extremo existen naciones que recaudan y gastan menos: son esencialmente repúblicas que pertenecieron al antiguo bloque soviético...

Si uno mira la clasificación de los países con mayores niveles de desarrollo humano, de menor desigualdad, de mayor cohesión social, lo que aparece es una correlación directa clarísima con los niveles de ingresos fiscales de esos países. No es una casualidad.

Por tanto, la cuestión es a quién queremos parecernos en el futuro. Lo que no podemos pretender es tener un estado del bienestar como los países nórdicos con niveles de ingresos fiscales propios de países menos avanzados.

Esa es la primera cuestión: ¿queremos ser europeos con un estado de bienestar europeo? Si respondemos afirmativamente debemos ser consecuentes y dotar de ingresos a ese Estado de bienestar. De inmediato surge una segunda cuestión ¿quién debe sufragar ese Estado de bienestar?

Y la respuesta es, a mi juicio evidente porque está inscrita en nuestra Constitución y -aún más importante- en la experiencia histórica de nuestro continente: deben costearlo todos los ciudadanos en proporción a sus ingresos.

Vivimos tiempos extraños en los que resulta necesario defender lo obvio: los impuestos deben ser progresivos. Quienes más tienen, deben aportar más a la caja común.

Por si fuera poco, las últimas directrices emitidas por los principales organismos internacionales, la OCDE, el FMI, y el BCE cuestionan la irresponsabilidad fiscal de la que algunos hacen gala y aconsejan seguir una senda clara: gravar las rentas más altas para proveer así de servicios y de protección a las clases medias y trabajadoras.

En esa línea, las declaraciones del economista jefe del BCE, Philip Lane, esta misma semana, son reveladoras.

A nadie le gusta pagar impuestos. El debate no está en si pagamos más o menos impuestos, si no a qué tipo de sociedad aspiramos, y qué nivel y de servicios públicos queremos como país y cuál es la forma más eficaz y justa de acceder a ellos.

Es evidente que hay tareas en las que el sector privado es más eficiente y desde luego imprescindible para garantizar nuestro crecimiento económico y nuestro bienestar social. Como lo es que la colaboración público-privada es la mejor fórmula para acometer algunos proyectos.

Pero pese a las afirmaciones falaces en sentido contrario, los datos demuestran que los servicios públicos son más eficientes y más rentables, entre otras cosas porque están sujetos a las economías de escala.
Por eso, cuando se postula una reducción unilateral de ingresos la pregunta real que debemos hacernos es qué prestaciones y servicios públicos quieren reducirse.

Lo hemos vuelto a ver esta semana, en Reino Unido. Una propuesta mal planteada y con grave riesgo para la sostenibilidad de los ingresos de un país, provoca una reacción sin precedentes, el desplome de la libra y el aumento exponencial de los tipos de interés. Es entonces cuando el dogmatismo neoliberal hace aguas y se enmienda a sí mismo: intervención acelerada para calmar los mercados y salvar los muebles del naufragio.

¿Qué estado del bienestar queremos?

Se podría pensar que habíamos aprendido la lección tras la pandemia. Que el ejercicio diario de solidaridad con los sanitarios en lo más duro del confinamiento era una suerte de expiación de todo un país después de una década de recortes y precariedad inaceptable en el sector.

Pero lamentablemente no ha sido así. Aún no se habían extinguido las últimas restricciones para superar la pandemia y ya elevaban la voz los partidarios de desarmar el sistema de salud pública.

Reaparecen las fórmulas de desmantelamiento del sistema público de protección. Y lo hacen justo después de haber comprobado que en lo más duro, es lo público lo que nos salva. A todos. A los ricos y a los pobres. También a los que creen estar exentos por no ser usuarios de la sanidad y la educación públicas. A los que piensan que la seguridad, las infraestructuras, la red consular o los servicios de emergencias se pagan solos.

No hay mayor muestra de compromiso con quienes velan por nuestra salud, seguridad y servicios, que garantizar la financiación adecuada de los servicios públicos a través de una fiscalidad justa.

Una vez más, ¿Qué estado del bienestar queremos? ¿Aceptamos con naturalidad que una persona pueda caer en la pobreza por no poder hacer frente al gasto de una operación de cadera? ¿Estamos dispuestos a tolerar que una mujer tenga que hipotecar su vivienda para pagar la factura del tratamiento de un cáncer? En España, una persona se hipoteca para comprar una vivienda o un coche. ¿Aceptamos como lógico que tenga que hacerlo para enviar a una hija a la universidad?

Es necesario recordar estas obviedades cuando reaparecen entre nosotros los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y proclaman que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. ¿Entonces las soluciones también están en el bolsillo de los ciudadanos? Es decir, ¿queremos que las soluciones dependan del bolsillo de cada ciudadano? Es decir ¿Nos entregamos a la doctrina del “Sálvese quien pueda”? Alguien que tenga que someterse a un trasplante de corazón pagaría en España 90.400 euros que abona íntegramente el estado frente a casi un millón y medio en Estados Unidos.

Lo cual, por cierto, ilustra también la eficiencia de nuestro sistema. La diferencia es que en España el estado cubre la operación. Allí, depende del grado de cobertura de un seguro que muchos norteamericanos no se pueden permitir.

Para apreciar lo que uno tiene, no hay nada como saber lo que cuesta. El coste medio de una hospitalización asciende a más de 5.000 euros. El coste medio de procedimientos quirúrgicos es de más de 7.500 euros. El coste de ingreso hospitalario en una cama UCI por COVID superó los 19.000 euros.

El coste total de hospitalización de la red de hospitales del Sistema Nacional de Salud supera los 16.000 millones de euros; una cifra mayor que el presupuesto total de 13 comunidades autónomas. Por cada menor escolarizado, el Estado gastó 6.230€. Y por cada hijo estudiando en la universidad, 9.589€.

Y otro tanto puede decirse de todos y cada uno de los servicios públicos. Si queremos que el dinero no salga del bolsillo de los ciudadanos, ¿confiamos también la extinción de los incendios al bolsillo de cada ciudadano?

No hablamos de gastos abstractos. Hablamos de servicios que ilustran una verdad incómoda para los portavoces de la insolidaridad fiscal: la inmensa mayoría de la gente recibe más servicios de lo que paga en impuestos.

Paquete fiscal

Esta semana, hemos presentado un paquete de medidas fiscales que abunda en este binomio que considero inseparable: justicia social con justicia fiscal para avanzar en cohesión social y combatir la desigualdad.

Con esta propuesta, un trabajador casado con un sueldo de 19.000 euros y declaración conjunta se beneficiará de un ahorro de más de 330 euros. Un pensionista que cobra una pensión inferior a 16.500 euros tendrá un ahorro de 689 euros. Y una trabajadora monoparental con dos hijos y un sueldo por debajo de 18.500 euros, se beneficiará de un ahorro de 516 euros.

Existían otras propuestas sobre la mesa que estudiamos con atención. Por ejemplo, la propuesta de una deflactación lineal y carente de progresividad que formuló el primer partido de la oposición. Con esa propuesta, ya en vigor en alguna comunidad autónoma, el ahorro para un trabajador sin descendientes que gana 18.000 euros es de 23 euros.

Con la reforma que el gobierno plantea el ahorro es de 746 euros, es decir, una cantidad 30 veces superior.

Pongámoslo en perspectiva: ¿330 euros de ahorro fiscal para un trabajador con dos hijos con un sueldo de 19.000 euros o los entre 20 y 25 euros de ahorro con estas otras propuestas? ¿689 euros de ahorro fiscal para un pensionista con una pensión de 16.500 o los entre 20 y 25 euros de ahorro con estas otras propuestas? Esa es la diferencia y lo demás es confusión y una gigantesca cortina de humo.

Este gobierno tiene claro que cualquier alivio fiscal debe centrarse en la mayoría social. No en beneficiar a unos pocos. Y que en las circunstancias actuales es necesario pedir un esfuerzo de solidaridad a los que más tienen.

Para ayudar a financiar la protección de la inmensa mayoría.

Este paquete fiscal reduce la brecha de tributación entre las rentas del trabajo y del capital y contempla medidas de alivio con un alcance potencial de un millón y medio de autónomos y más de 400.000 pymes.

No voy a reiterar los detalles ya conocidos. Pero sí quiero hacer una consideración en torno a la filosofía del Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Lo diré con claridad. Esta vez, los costes de la crisis no pueden recaer en la clase media trabajadora, como ocurrió hace una década.

Esta vez serán los más pudientes los que arrimen el hombro para sacar adelante el país.

Hoy quiero hacer un elogio sincero de quienes, desde una posición acomodada, asumen con normalidad que es su deber contribuir en esta coyuntura. De quienes, en definitiva, actúan con patriotismo y sentido común. Con solidaridad hacia sus compatriotas.

Pero además de patriotismo demuestran inteligencia: ¿de qué sirve la riqueza cuando se vive rodeada de diferencias sociales lacerantes? ¿De qué serviría la riqueza cuando se ve amenazada por niveles de inseguridad galopantes como lo que derivan de todas las sociedades con desigualdades acusadas? Para quienes son contribuyentes netos, es decir, para quienes aportan más de lo que reciben, la compensación es moral porque pueden sentirse parte de una comunidad más unida y cohesionada. Pero la compensación es también material porque pueden vivir en una comunidad próspera y segura.

Permítanme hacer un ejercicio sencillo del alcance de una propuesta comprometida con la equidad y la justicia social. El Gobierno ha presentado un plan fiscal que permitirá elevar la recaudación en unos 3.144 millones de euros (en dos años). Esta cantidad permitiría duplicar la partida presupuestaria destinada a vivienda pública.

Solo la subida temporal del impuesto de Sociedades cubre prácticamente todo el presupuesto de becas y ayudas del curso 2021-22, más el aumento extraordinario de 100 euros por estudiante aprobado el pasado mes de julio.

Es una correlación llena de simbolismo: 850.000 jóvenes se benefician de un esfuerzo fiscal que sirve para que España tenga un capital humano más formado. Algunas empresas pagan un poco más y así hacen posible que el capital humano de nuestro país aumente.

Por poner solo otro ejemplo: Sólo con la subida del IRPF a las rentas del capital superior a 200.000 euros cubrimos los 172 millones de refuerzo extraordinario a la atención primaria aprobados hace unos días por el Consejo de Ministros. ¿Dónde está mejor el dinero? ¿En unos pocos bolsillos o en la atención primaria que nos protege a todos y salva vidas?

Estado emprendedor: avanzar

Un estado del bienestar fortalecido y robusto, no sólo protege en momentos de dificultad. Tiene un rol adicional en el que este gobierno ha estado volcado desde el minuto uno: impulsar las grandes transformaciones a las que se enfrenta nuestro país.
El estado no puede limitarse a jugar un papel de árbitro ajeno al debate de la modernización de nuestro tejido productivo. El estado promueve e impulsa.

Es socio inversor y cómplice de quienes se atreven a emprender y se implica activamente en reducir las brechas de todo tipo –desigualdad económica, género o territorial- que lastran el enorme potencial que tiene España. No solo eso, invirtiendo en sectores punteros el estado cataliza y moviliza inversiones privadas que no ocurrirían sin el acompañamiento público, generando riqueza y empleo.

Un ejemplo muy concreto lo tenemos con los PERTES de los fondos europeos, que son un modelo de colaboración pública privada, en la que con 31.000 millones de inversión pública esperamos movilizar unos 50.000 millones de inversión.

Permítanme ejemplificarlo en dos ámbitos concretos, como son la transición ecológica, la transición digital y la cohesión territorial.

En primer lugar, en el ámbito de la transición ecológica, contamos con la oportunidad de ejercer un liderazgo ganado a pulso.

Debemos contribuir a la soberanía estratégica europea desde nuestra fortaleza en renovables. Hoy multiplicamos por 10 la potencia de autoconsumo respecto a 2017 y avanzamos en potencia instalada eólica y fotovoltaica. Contamos con una capacidad de regasificación que permite cubrir nuestra demanda como ningún otro país. Hoy, casi el 10% del gas natural que llega a la Unión Europea entra por España.

Se abre una oportunidad única ante nosotros: reducir drásticamente nuestra factura de importación de energía. En 2019 España gastaba 120 millones de euros al día en comprar combustibles fósiles del exterior: 43.800 millones al año.

Terminar con ese pesado lastre exige volcar recursos y tener clara la hoja de ruta a seguir, como la apuesta por el corredor del hidrógeno verde y el impulso de las tecnologías limpias y disruptivas.

La guerra en Ucrania y los problemas de suministro energético a los que se enfrenta Europa hacen más necesaria acelerar una transición ecológica repleta de oportunidades para España.

En segundo lugar, en el ámbito de la transición digital, quiero detenerme en un concepto abordado en estas jornadas. Me refiero a la autonomía estratégica de Europa y el refuerzo de las capacidades industriales de España. Destinamos el 28% de las inversiones del Plan de Recuperación a este objetivo.

Ejemplos de este compromiso son el PERTE de semiconductores, dotado con 12.250 millones clave en sectores como la automoción, las telecomunicaciones o la electrónica de consumo.

El objetivo del Gobierno es que la brecha digital territorial desaparezca para 2026 y contamos con un buen punto de partida: en 2021 hemos logrado el despliegue de banda ancha en más de 4.500 municipios y 1,2 millones de hogares y empresas. Esta transformación también pasa por las pymes, a las que destinamos esfuerzos específicos, como el programa del kit digital.

Una de cada dos empresas de nuestro país, con entre 10 y 49 empleados ya ha solicitado esta ayuda que debe contribuir a que un sector tan relevante para nuestra economía ofrezca todo su potencial.

Digitalizar nuestro tejido productivo implica avanzar en productividad. Con ella podemos seguir aumentando salarios y crear empleo de calidad. Para ello, debemos seguir avanzando en formación de capital humano, como demuestra la histórica dotación de la partida de becas para este año.

Señoras y señores, como exponía al comienzo de mi intervención, es preciso aprender de la experiencia a la hora de afrontar los desafíos del presente.
Una vez más, Europa está ante una encrucijada. Existe, sin duda, cansancio y descontento en parte de nuestras sociedades. Un descontento con varias manifestaciones, pero un origen muy claro: la desigualdad provocada por recetas políticas y económicas dañinas para la mayoría social.

Pero la encrucijada nos ofrece otra ruta.

La que nos ha señalado Europa en su respuesta a la pandemia y a la guerra en Ucrania. Una Europa capaz como nunca de actuar de manera unida, valiente y solidaria ante amenazas históricas. La Europa que ha establecido la transición energética, la revolución tecnológica y la lucha contra toda forma de desigualdad como valores centrales.

Esa es la Europa por la que merece la pena trabajar. La que estamos fortaleciendo desde un papel protagonista; y creo que eso nos debe enorgullecer a todos. Porque España nunca había sido tan decisiva en el desarrollo del proyecto europeo como ahora.

En esta tarea, caminamos al lado de gobiernos de muy distinto signo. Se trata de defender la gran tradición europea de la socialdemocracia y la democracia liberal frente al retorno de los discursos del pasado.

Pero no hablamos solo de una tarea de gobiernos. La elección de qué camino queremos seguir nos apela a todos. Y muy especialmente a los agentes económicos y sociales. En ningún otro campo es tan importante la colaboración público-privada como a la hora de frenar el descontento social que alimenta las propuestas extremistas.

De la misma manera que un estado social debe ser un estado inversor y emprendedor, es imprescindible que los motores productivos impulsen activamente una sociedad justa y cohesionada. Es la mejor forma de fortalecer los valores de la Unión Europea.

Valores que España defiende por convicción y no por mero interés. Y que nos llevan a ser solidarios con los países más expuestos a la tiranía de Putin en este momento de dificultad.

Acabo. En un foro como este, de marcado carácter internacional y clara vocación global, permítanme que acabe dedicando unas palabras a las mujeres de Irán. Porque no hay tradición, costumbre o creencia que pueda justificar el uso de la violencia para coartar la libertad y los derechos de las mujeres. Quiero mostrar nuestra admiración por la valentía de las mujeres de Irán y reiterar nuestra condena por la represión ejercida. La lucha por la igualdad es universal y se libra en muchos frentes.

Porque no podemos dar ni un paso atrás en los derechos que afectan a la mitad de la población. Tampoco en la presencia de mujeres en foros tan importantes como este.

Muchas gracias

*Discurso íntegro de Pedro Sánchez en el acto de clausura del Foro de la Toja.