La Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno ha quedado aprobada definitivamente este miércoles, después de que el PSOE y sus socios hayan rechazado en el Senado los cuatro vetos y 521 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. La norma entrará en vigor, de forma inmediata, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma pactada por el PSOE con Bildu extenderá hasta finales de 1983 la investigación sobre la vulneración de derechos humanos en la Transición. Ha sido aprobada por 128 votos a favor, 113 en contra (PP, Vox, Cs y UPN) y 18 abstenciones.
Durante el debate celebrado este miércoles en la Cámara Alta, la senadora socialista Eva Granados ha proclamado que "hasta que no se abran las fosas, no se cerrarán las heridas" de la Guerra Civil.
"Paz, piedad, perdón"
A su juicio, el PP ha perdido una vez más "la oportunidad de homologarse a las derechas europeas", al negarse a apoyar el texto que constituye, ha dicho, "un acto de Justicia elemental" con quienes "defendieron la democracia cuando fue derribada. Muchos fueron asesinados ante la tapia de un cementerio o en la cuneta".
La senadora socialista ha apelado a las palabras del último discurso de Manuel Azaña en Valencia —"Paz, piedad, perdón"— para asegurar que el PSOE no busca reabrir heridas. "El olvido y la desmemoria no pueden ser una opción", ha afirmado, "se trata de recordar para que no vuelva a suceder".
Pero ha aprovechado el debate para vincular al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la Dictadura franquista. Las enmiendas presentadas por los populares al texto demuestran, ha argumentado Eva Granados, que Feijóo no quiere que se anulen títulos nobiliarios creados por la Dictadura como el Duque de Mola, el Marqués de Queipo de Llano o el Duque de Carrero Blanco.
El texto da una nueva vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica impulsada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, ha denunciado Granados, no dedicó "ni un euro" a abrir fosas.
Valle de los Caídos
En cambio, el actual Gobierno demostró su compromiso al exhumar en 2018 los restos de Franco del Valle de los Caídos: "Ninguna democracia puede reservar un lugar de honor a un dictador", ha recalcado la senadora socialista.
Por su parte, la senadora del PP Amelia Salanueva ha considerado que la Ley pactada por el PSOE con Bildu busca "reescribir la Historia" desde el BOE, deslegitimar la Transición y "dinamitar el pacto constitucional de 1978". Lo que pretenden los socios del Gobierno que apoyan el texto es "acabar con la Constitución", ha advertido.
"La Historia deben escribirla los historiadores, no los gobiernos", ha dicho al respecto, "cualquier Ley de Memoria que imponga una visión de la Historia será totalitaria, va en contra de la libertad de pensamiento y pluralismo político".
Al respecto, Amelia Salanueva ha recordado que durante los últimos años más de 200 intelectuales y expolíticos se han pronunciado en contra de la aprobación de esta norma. Entre ellos, socialistas como Felipe González y Alfonso Guerra, pero también intelectuales como Fernando Savater, Andrés Trapiello, Jon Juaristi o el historiador Stanley Payne.
Víctimas y verdugos
El PP rechaza además que la Ley se convierta en una "fuente de financiación para entidades y sindicatos" vinculados al PSOE. Quince años después de la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica de Zapatero, el Gobierno ni siquiera sabe cuántas víctimas han sido exhumadas, ha destacado.
Los populares dudan de que la intención real de los socialistas sea reparar a las víctimas y sus familiares, pues desde la Transición ya se han dedicado ayudas millonarias a este fin (más de 16.000 millones de euros sólo desde 2005, ha apostillado). Incluyendo compensaciones a los represaliados por Franco, a funcionarios depurados o el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de los exiliados, ha enumerado.
La senadora popular ha señalado que el PSOE está más interesado en reconocer a las víctimas de la Guerra Civil que a las de la banda terrorista ETA. En algunos casos, ha dicho, se pretende "convertir en víctimas a los verdugos".
En este sentido, Salanueva ha señalado que la Ley prevé designar un fiscal de Sala para investigar los crímenes de la Guerra Civil, 80 años después, y reconoce a los familiares de hasta cuarto grado de las víctimas. En el caso de las víctimas del terrorismo, sólo se reconoce a los familiares de segundo grado.
Tras el debate, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su voluntad de derogar la Ley de Memoria Democrática si llega al Gobierno, por considerar que esta norma "atenta contra el espíritu de la Transición. Bildu no puede ser el notario que reescriba la Historia de España", ha concluido.