El Ministerio de Justicia reforzará la Abogacía del Estado con expertos en materia tributaria ante el previsible aluvión de recursos judiciales que van a generar impuestos como los que afectarán a las empresas eléctricas, a las grandes fortunas o a la banca.
Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que prevé la creación de un Departamento de Derecho Tributario en la Abogacía del Estado. Dicho organismo, adscrito al ministerio que encabeza Pilar Llop, es el dedicado a la defensa jurídica del Gobierno y del resto de la Administración.
Las cuentas públicas también prevén que estos expertos fiscales puedan dar "apoyo en materia tributaria a otras unidades de la Abogacía General del Estado" ya existentes, como son el Departamento Civil y Mercantil, el Social o el Penal. Hasta ahora, no existía un departamento propio dedicado al Derecho Tributario.
"En concreto, durante el ejercicio presupuestario 2023, se pretenden abordar las siguientes actuaciones (...): Creación de un Departamento de Derecho Tributario que asuma la llevanza de los litigios en materia tributaria en el ámbito territorial que se determine, el apoyo en materia tributaria a otras unidades de la Abogacía General del Estado y la coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central", reza el proyecto de PGE.
Esta decisión del Gobierno se produce después de que, a lo largo de 2022, se hayan sucedido los anuncios de varios hachazos fiscales que afectarán a diversos sectores económicos. Y lo más probable es que la respuesta sea un aluvión de recursos judiciales que deberán dirimir los tribunales.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, durante la rueda de prensa de los Presupuestos Generales del Estado.
La tasa que gravará los beneficios netos de las compañías energéticas ya está tramitándose. Además, recientemente, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que estas empresas estarían acumulando en la actual crisis económica.
La gran banca española también se opone a la creación del nuevo impuesto que le afectará, aunque aún no está concretado su diseño definitivo. Se prevé que el Congreso de los Diputados no lo apruebe hasta finales de 2022. Pero las entidades ya tienen claro que darán la batalla judicial.
En un foro reciente, José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, señaló que "para recurrir algo hay que tener la norma". Y aún no existe texto legislativo alguno. Eso sí, Álvarez indicó que el "deber fiduciario" del banco es "defender a sus accionistas"; especialmente, si creen "que el procedimiento discrimina o tiene elementos cuestionables".
A pesar de que la tramitación ya está en marcha, aún falta el dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre esta tasa a las entidades financieras. El Parlamento ya se la ha solicitado al supervisor bancario de la zona Euro. Entre los miembros que deberán pronunciarse se encuentran Christine Lagarde, presidenta del BCE; Luis de Guindos, su vicepresidente y exministro de Economía, y Pablo Hernández de Cos, actual gobernador del Banco de España.
Impuesto a los ricos
Estos dos impuestos se suman a otro, recientemente anunciado: el llamado impuesto a los ricos. O, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el "impuesto de solidaridad".
El Gobierno ha avanzado que gravará a fortunas de más de tres millones de euros, tendrá un carácter temporal para 2023 y 2024, recaudaría 1.500 millones y afectará a 23.000 contribuyentes, el 0,1% del total.
No obstante, tal y como desveló EL ESPAÑOL-Invertia, el impuesto a los ricos esconde una cláusula de revisión para convertirlo en permanente cuando ya lleve esos dos años en vigor.
Foment del Treball, la patronal de empresas catalanas, tratará de recurrir la tasa ante el Tribunal Constitucional (TC), al considerarlo "populista". La Comunidad de Madrid también estudia llevarlo ante el TC. "Ya van casi 20 subidas de impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno", denunció el consejero madrileño de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, el pasado 29 de septiembre.
Según consta en el proyecto de Presupuestos para 2023, la Abogacía General del Estado contará con una asignación total de 44.657.510 euros.
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