Lemas como "la pobreza tiene rostro de mujer", "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" o "abajo los precios, arriba los salarios y pensiones" ondearon junto a banderas republicanas, soviéticas, independentistas, vascas y sindicales en la manifestación –bautizada como 'Gran Marcha'– celebrada este sábado en Madrid. Al menos 15.000 personas, según la delegación Delegación del Gobierno de Madrid, acudieron a la marcha para exigir la revalorización de los salarios y las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).
La marcha protesta ha sido convocada por numerosas plataformas de pensionistas amparadas bajo el paraguas de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), y ha sido secundada públicamente por la Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Izquierda Unida.
Entre sus reclamos está "el fin de la brecha de género" y el fin del "emprobrecimiento de los pensionistas". A pesar de que el Gobierno aumentó a 190.687€ la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a las pensiones, un 11% más respecto a 2022, las plataformas consideran que la partida económica destinada es insuficiente. Los manifestantes reclaman un incremento del "IPC real en salarios y pensiones" y la "no privatización de los servicios públicos". También piden que las pensiones mínimas sean un 60% del salario mínimo interprofesional, esto es, 15.000 euros brutos anuales.
"Es de sobra conocido que las cuentas de Seguridad Social están muy sanas. Según el Tribunal de Cuentas, es el Estado el que debe a la caja de la Seguridad Social 105.000 millones de euros", denunció en sus redes sociales Unidad COESPE, una de las ramas de la coordinadora estatal de pensionistas.
El portavoz de COESPE, Ramón Franquesa, quien ha encabezado la marcha en la capital española, ha defendido que la inflación ha emprobrecido aún más a los pensionistas. Esta movilización trata de lograr "que pensiones y salarios suban con el coste de la vida, lo mismo que mañana van a exigir los trabajadores franceses en París, lo mismo que estamos exigiendo desde hace meses en las plazas de cientos de ciudades y pueblos de toda España". También ha tachado de "inaceptable" que se "desvíen las cotizaciones de la Seguridad Social hacia sistema privados de pensiones".
Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Madrid, Álvaro Aguilera, se ha pronunciado en la misma línea: "Luchar por las pensiones es luchar por nuestro futuro y por nuestro presente, por las condiciones materiales de la clase trabajadora. Apoyamos esta movilización masiva y vamos a seguir trabajando en las instituciones, pero sobre todo en las calles, para que las pensiones se ajusten a salarios dignos".
Autobuses desde toda España
Decenas de trenes y autobuses provenientes de Andalucía, Extremadura, Cataluña, Aragón, País Vasco y Andalucía llegaron a la glorieta de Atocha, el enclave elegido para el inicio de esta marcha que ha pasado por Neptuno y llegado hasta Callao. Entre los reclamos de las plataformas convocantes figuran la eliminación de la brecha de género, la subida de los salarios y pensiones públicas con el IPC real, la defensa de los servicios públicos y una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Condenan que la mayor inversión en pensiones en los PGE es insuficiente y que el poder adquisitivo de los pensionistas se ha devaluado.
A la organización han acudido diversas organizaciones y representantes de partidos políticos y organizaciones sindicales, entre ellos el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y la Confederación General de Trabajadores (CGT), así como la Corriente Marxista Internacional (CMI). A la marcha asistieron, entre otros, la portavoz federal de IU, Sira Rego; el portavoz parlamentario de esta formación, Enrique Santiago; el consejero estatal de Podemos, Roberto Sotomayor, y los diputados de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna y Rafa Mayoral, entre otros representantes regionales y autonómicos de partidos de izquierda.
En algunas de las circulares distribuidas entre los manifestantes se han leído frases como "por la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y los salarios" y "que la crisis la paguen los ricos, no las familias obreras". También que el objetivo de las organizaciones sindicales es "recuperar el 100% del poder adquisitivo" y "rechazar la privatización del Sistema Público de Pensiones". Además, algunos panfletos condenan que los beneficios empresariales hayan aumentado "un 84%" por parte de las empresas y que el gobierno haya subido un 26% el presupuesto en defensa, lo que para ellos supone "aceptar servilmente el mandato de la OTAN" en detrimento de la calidad de vida ciudadana.
No obstante, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, en declaraciones recogidas por la EFE, ha negado que vaya a negociar "ni ahora ni nunca" un acuerdo que pueda vincular los salarios a la inflación, ya que puede destruir la competitividad empresarial y, a la larga, destruir empleo. Asimismo, ha criticado la "falta de flexibilidad" de los sindicatos, que hacen "imposible" entablar un diálogo constructivo. "Dicen que hay que poner una cláusula de revalorización del IPC. Una cosa es poner una cantidad y otra aceptar sine die que los salarios van en función del IPC. Pero las empresas, claramente, no van en función del IPC".