El ex de la indultada María Sevilla demanda a Irene Montero ante el Supremo por llamarle maltratador

Rafael Marcos, expareja de María Sevilla —la expresidenta de Infancia Libre, indultada por el Gobierno tras ser condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustraer a su hijo para evitar dárselo al padre— acaba de presentar una demanda en el Tribunal Supremo contra Irene Montero, la ministra de Igualdad, por calificarle de maltratador.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL el pasado 13 de julio y ha podido confirmar ahora, el padre del niño la ha interpuesto, ante la Sala de lo Civil, a través de su letrada, del bufete Arroyo Abogados,al considerar vulnerado su derecho al honor.

El pasado 25 de mayo, Irene Montero celebró, durante un evento público, la medida de gracia concedida por el Gobierno a María Sevilla. Alabó lo que, a su juicio, constituyó "otra nueva victoria de las feministas" y manifestó que el indulto saldaba una deuda con "las madres protectoras", entre las que incluyó a María Sevilla.

"Lo que están haciendo [las madres protectoras] no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores", indicó la ministra.

A ojos de la defensa de Marcos, estas palabras de la ministra le catalogaban como tal, "siendo inciertas" y constituyendo una "intromisión ilegítima" en su derecho al honor. Por ende, solicitan a Montero una indemnización de 85.000 euros.

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Dos denuncias contra Rafael Marcos por supuestos abusos sexuales hacia el menor fueron archivadas. Tampoco fue condenado nunca por maltrato. Por ello, en una entrevista en este periódico, avanzó que emprendería acciones legales contra la ministra de Igualdad. Y, también, que recurriría el indulto concedido a la expresidenta de Infancia Libre.

María Sevilla

María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre, fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores tras haberse llevado a su hijo para evitar devolvérselo al padre. La Justicia también le retiró la patria potestad durante cuatro años, pero, con el indulto, la ha recuperado y podrá ver al pequeño.

Finalmente, en 2019, el menor fue localizado y rescatado. La madre se había integrado —y al niño con ella— en una organización de corte evangelista y ultrarreligiosa y mantenía al pequeño sin escolarizar ni vacunar.

Cuando fue encontrado por la Policía, a sus 11 años, no sabía ni siquiera restar y vivía casi asalvajado, sin apenas socializar con otros menores.

Pese a estos precedentes, el Gobierno otorgó a Sevilla el indulto parcial. Rebajó su pena de cárcel a dos años y conmutó su inhabilitación para ejercer la patria potestad a cambio de 180 días de trabajos comunitarios.

La Fiscalía se había mostrado favorable a este indulto parcial, pero limitándolo, únicamente, a bajar su pena de prisión hasta los 24 meses, al tratarse del primer delito cometido por la condenada. Sin embargo, el Gobierno fue más allá y, con la medida de gracia, también le devolvió la patria potestad.