Dos sindicatos de la Policía Nacional acudirán a los tribunales para pedir que la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía rectifique su decisión de limitar a sólo 400 las plazas la capacidad del nuevo Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, ubicado en Ávila y cuya inauguración tiene lugar este mismo lunes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) acaba de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este sindicato no quiere "ser cómplice de un procedimiento que ha denunciado judicialmente y que perjudica a miles de policías nacionales que desean cursar estudios".
A juicio del SUP, la restricción a esa cifra de alumnos es una medida incomprensible. "Se trata de una decisión injusta, tomada de forma unilateral, haciendo caso omiso a las numerosas alegaciones presentadas por esta organización y con un desprecio absoluto al trabajo realizado en favor de nuestros compañeros".
"La DGP no puede limitar las plazas a 400 alumnos, cuando son miles los afectados que esperan desde hace años su derecho a formarse. No puede saltarse a la torera la Ley y recomendaciones del Ministerio de Universidades, aplicando unos criterios diferentes para el acceso", prosigue el sindicato.
Esta organización ha decidido no acudir al acto de inauguración que tiene lugar este lunes en Ávila, presidido por el Rey Felipe VI.
También el sindicato mayoritario Jupol ha tomado la decisión de no asistir al acto. La agrupación con más representación en el Consejo de la Policía también anuncia medidas legales contra este proyecto del Ministerio del Interior.
Ambos sindicatos concuerdan en que el diseño de las pruebas de acceso coarta y restringe la carrera de numerosos de agentes. "Ni apoyamos este proyecto, ni lo avalaremos", asegura Aarón Rivero, secretario general de Jupol, en un vídeo difundido este lunes.
"Los requisitos de este proyecto cercenan la carrera de miles de policías. La DGP no ha querido atender a las soluciones que hemos planteado y que son válidas para el acceso a cualquier universidad española excepto para la de la Policía", denuncia Jupol.
"Mismos derechos"
Los agentes insisten en que tienen "los mismos derechos que el resto de españoles en materia formativa, y por tanto es de justicia que puedan cursar un grado universitario, si cumplen los mismos requisitos que el resto de ciudadanos".
La tesis del SUP es que Interior debería permitir el acceso a los grados que oferta este centro universitario a todos los policías que estén en posesión de un título de Bachillerato, que hayan superado los complementos formativos, que tengan más de 25 años y sean técnicos superiores o cuenten con alguna titulación equivalente según el Ministerio de Universidades.
El SUP denuncia que el centro llega con "siete años el retraso". Y que la DGP se habría "saltado la Ley, para imponer nuevas condiciones de admisión al Centro".
Este sindicato plantea a Interior que adopte "medidas cautelares que permitan el ingreso de todos los excluidos en tanto no se soluciona el problema", rematan desde el SUP.
Ambas agrupaciones sindicales han declinado participar "del atropello a todas esas carreras policiales", a su juicio "truncadas" por las "arbitrarias" decisiones de la Dirección General de la Policía.
"Por un mínimo de decencia —finalizan desde el SUP—, pedimos que la DGP reconsidere todas las trabas burocráticas que impiden a miles de agentes continuar su trayectoria profesional".