Ayuso presionó a Feijóo para romper el pacto del CGPJ por la rebaja del delito de sedición

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, decidió suspender el jueves las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que l Isabel Díaz Ayuso le expresaran su malestar por la decisión del Gobierno de rebajar las penas del delito de sedición.

Fuentes del ejecutivo regional de Madrid han confirmado que Ayuso trasladó el jueves por la mañana a Feijóo su disconformidad con las negociaciones emprendidas para renovar el CGPJ, mientras el PSOE sigue haciendo concesiones a los partidos independentistas que desarman el Estado de Derecho.

Ayuso comunicó que le parecía "una barbaridad" pactar el CGPJ en estas circunstancias. Lo hizo después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reafirmara desde la tribuna del Congreso el "compromiso" del presidente Pedro Sánchez de rebajar las penas del delito de sedición, tal como le exigen desde ERC.

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Montero hizo este anuncio durante el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. Pero luego, en los pasillos de la Cámara, intentó matizar sus palabras y aseguró que el Gobierno no tiene la intención de remitir a las Cortes la propuesta de reforma del Código Penal de forma inmediata.

Ayuso habría advertido a Feijóo el coste que puede tener para el PP trasladar una imagen de complicidad —al seguir adelante con unas negociaciones que entregarán al PSOE y sus socios el control del CGPJ y del Tribunal Constitucional—, ante las nuevas concesiones del Gobierno a los secesionistas.

Antes de anunciar su decisión, Feijóo celebró una ronda de contactos con sus principales líderes regionales, que con distintos matices expresaron un criterio similar al de Ayuso, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mostró de acuerdo con Feijóo en que resulta "inasumible" pactar el CGPJ con Pedro Sánchez, mientras este impulsa ventajas penales para los independentistas condenados. Por su parte, el presidente murciano Fernando López Miras trasladó al líder del PP "todo su respaldo" a la decisión del partido de "no ceder ante las mentiras de Sánchez".

Un acuerdo casi cerrado

Ya el pasado fin de semana, Ayuso había advertido, en unas declaraciones públicas, del riesgo de que el presidente Pedro Sánchez llene el órgano de gobierno de la Justicia de "Tezanos disfrazados de jueces", señaló en alusión al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y otros dirigentes socialistas han vertido este viernes una catarata de reproches sobre Alberto Núñez Feijóo por paralizar la negociación sobre el CGPJ.

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"Hay una derecha muy reaccionaria que no quiere cumplir la Constitución y que no quiere llegar a un acuerdo ni reconocer la legitimidad de este Gobierno", ha señalado Bolaños en la Cadena Ser. A su juicio, Feijóo ha provocado con este gesto "una crisis institucional muy grave" y ha dejado de ser "un interlocutor válido" para renovar el Poder Judicial.

Desde Vitoria, Alberto Núñez Feijóo ha dejado la puerta abierta a retomar los contactos, si el presidente del Gobierno rectifica. Porque a su juicio es una "incongruencia pactar por la mañana la defensa de la Constitución y de la independencia del Poder Judicial; y por la tarde pactar el cambio de los delitos que, justamente, afectan a la unidad de la nación y la organización territorial del Estado".

El presidente Pedro Sánchez aseguró el jueves desde Pretoria (Sudáfrica) que el pacto estaba prácticamente cerrado, con la lista definitiva de 20 vocales, a la espera de que Feijóo diera su visto bueno definitivo.

Y pidió al líder del PP que deslinde el acuerdo sobre los órganos constitucionales con las discrepancias políticas que puedan surgir respecto a la tramitación del proyecto de reforma del Código Penal, diseñada para favorecer a los independentistas condenados por el 1-O (y a los que se encuentran huidos de la Justicia, como Marta Rovira).

Conde Pumpido al TC

En la negociación dirigida por Félix Bolaños y Esteban González Pons, el PP hacía aceptado ceder uno de sus 10 vocales del CGPJ al PNV. Pero la negociación también había abierto fisuras entre Podemos (que quiere colocar en este órgano a Victoria Rosell) y la vicepresidenta Yolanda Díaz, dispuesta a ceder en este extremo.

El nombre de Rosell quedó descartado porque el PP logró introducir una cláusula para evitar que entren en el CGPJ jueces o magistrados con un marcado perfil político, es decir, que acaben de ocupar cargos de designación política.

La negociación incluía un principio de acuerdo para que Cándido Conde Pumpido (que fue fiscal general del Estado durante la etapa de Zapatero) se convierta en presidente del Tribunal Constitucional.  

Había mucho en juego en la negociación, pues también toca nombrar ahora a cuatro magistrados del Constitucional (dos designados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ).

Los reparos de la UE

El Gobierno de Pedro Sánchez confiaba obtener así una mayoría favorable en el Tribunal de Garantías, que en los próximos meses debe pronunciarse sobre varias leyes impulsadas por el Ejecutivo de coalición.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, contrarió al Gobierno el pasado mes de septiembre, al defender que los miembros del CGPJ sean elegidos por "sus pares" (es decir, por los jueces), en lugar de por los partidos políticos, según el criterio de la UE.