El 'CNI catalán' abrió seis empresas informáticas en Estonia para conseguir "desconectarse del Estado"

Estas compañías, abiertas por informáticos afines a Carles Puigdemont, facturaron en dos años más de 168.000 euros. La Guardia Civil lo define como un "entramado financiero" y no ha permitido determinar con certeza a quién facturaban estas empresas. Los investigadores sí constatan que su actividad "no responde al sentido común ni a la lógica mercantil".

Los ingenieros que las administraban dedicaban "todo su tiempo" al desarrollo de una app "que podría ser utilizada en la realización de un referéndum de autodeterminación ilegal", según el informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado de la Audiencia Nacional que investiga las actividades clandestinas que pretendían efectuar la "desconexión" de Cataluña.

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Por ello, los agentes señalan que "la única explicación razonable" a los ingresos es que "a quien facturan dichas sociedades y quien les paga por dichos servicios" es el mismo que les encargó la creación de la aplicación digital. Es decir, la órbita independentista próxima a Carles Puigdemont y sus entidades afines.

La 'app' Vocdoni

Según consta en la documentación a la que ha accedido EL ESPAÑOL, la Guardia Civil investigó cómo se creó la app de voto electrónico denominada Vocdoni. Su desarrolladora se llama Dvote Labs, que "aparece vinculada" a una dirección postal en Tallin, la capital de Estonia.

"Aparentemente, no habría ninguna relación entre la aplicación y cualquier desarrollador de origen español. Pero, como se puede observar a continuación, esto no sería sino una maniobra de ocultación de la realidad", concluyen los agentes en su informe.

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Tirando del hilo, descubrieron "la existencia de una sociedad mercantil en Estonia denominada Dvote Labs Oü". Dicha sociedad fue creada el día 4 de diciembre de 2018 por uno de los investigados, Pau Escrich.

Fue domiciliada en la misma dirección que la otra firma de Tallin ya reseñada, y comenzó a facturar al poco tiempo de su constitución. Además, el nombre anterior de esta compañía fue Vocdoni Oü, mientras que la app que Escrich desarrollaba junto a otros informáticos se llamó, precisamente, Vocdoni.

"Así, entre el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, la sociedad Dvote Labs ha emitido facturas por un importe total de 104.643,83 euros", expone la Guardia Civil.

"Esto no tendría ninguna explicación lógica ni sentido comercial alguno, debido a que se trata de una empresa emergente y que no habría desarrollado todavía ningún otro producto, desconocida en el mercado y en fase de creación", valoran los agentes.

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Unos meses antes de que se creara esta empresa, en mayo de 2018, el investigado Joan Arus constituyó en Estonia la compañía Hashdevs Oü. De nuevo, fue domiciliada en la misma calle y portal que Dvote Labs.

La Guardia Civil, además, se percató de que en el Registro Mercantil estonio, como número de teléfono de contacto, aparece uno con prefijo español, a nombre de una anciana residente en Barcelona y que roza los 90 años. En esa misma vivienda es donde, según los investigadores, está empadronado Joan Arus.

"En este caso, la sociedad comienza a facturar en el mismo trimestre de su constitución. (...) Entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2020, Hashdevs ha emitido facturas por un importe total de 54.833,97 euros", concluyó la Guardia Civil, antes de reiterar lo poco lógico de esta situación para una empresa recién nacida.

Un tercer ingeniero informático, Ferran Reyes, creó el 6 de diciembre de 2019 la sociedad Ensoemprius Oü, registrada en la misma dirección que las anteriores. "En el segundo trimestre de 2020, ha emitido facturas por un importe total de 8.556,25 euros", exponen los agentes en su informe, que recalcan la falta de "explicación lógica" a esta situación, al tratarse de otra mercantil nueva.

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El dosier de la Guardia Civil también localizó otras tres empresas, menos relevantes. Y subraya que el desarrollo de una app como Vocdoni requiere "mucho tiempo y una alta cualificación técnica" del personal que la crea.

"Estas actividades, que no se desarrollarían de manera altruista, necesitan, además de la aportación económica que sustente al personal informático, una reseñable inversión de tiempo que aparentemente no sería compatible con la realización de otra actividad laboral", destaca el informe.

A renglón seguido, desmiente que, como sostienen los desarrolladores de Vocdoni, esta aplicación se haya sufragado mediante donaciones.

"Se desconocen las fuentes de financiación del proyecto", apuntan los agentes. "La realidad mercantil observada contradice [las donaciones], pues las autoridades estonias hablan de una facturación que ascendería a un total de 168.034,05 euros por parte de las mercantiles Dvote Labs Oü, Hashdevs Oü y Ensoemprius Oü en el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2020", exponen.

¿Quién paga?

Con estas pruebas en su poder, la Guardia Civil sospecha que "ese tercero" al que facturan dichas sociedades debe ser, irremediablemente, quien ha encargado el desarrollo de la app Vocdoni: el entorno independentista del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Al respecto, los agentes explican en su informe que tanto Escrich como Arus viajaron el 29 de abril de 2019 a Bruselas (Bélgica), lugar de residencia de Puigdemont. Allí se estableció tras huir de la Justicia española en 2017.

En ese país también está radicado el Consell per la República —creado por el expresident y sus afines—, que se proclama como el Govern legítimo de Cataluña en el "exilio".

La Guardia Civil infiere que "el motivo de la presencia de los informáticos en la ciudad belga podría haber sido proceder a la presentación del citado proyecto, así como la solicitud de autorización para su difusión pública por parte de Puigdemont".

Además, los investigadores localizaron como "socios clave" en la creación de Vocdoni  una serie de entidades, entre las que se encuentran Ómnium Cultural, Iden3, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o la Open Society Foundation, encabezada por el multimillonario George Soros. 

La República Digital 

La fundación de Soros es una de las encargadas de financiar al CitizenLab, el instituto canadiense que reveló en un artículo el supuesto espionaje con el software Pegasus a personajes de la órbita separatista. Precisamente en la elaboración de ese informe participó uno de los ahora investigados en esta causa, Elies Campo. 

EL ESPAÑOL ha desvelado que este último participó en la creación de la llamada República Digital Catalana, la infraestructura informática con la que los separatistas querían funcionar al margen del Estado como un país independiente. En su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, la Guardia Civil señala al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como el responsable último de esta iniciativa.  

En el informe se señala que la elección de Estonia para crear estas empresas informáticas no fue baladí. El país es "una referencia en el ámbito digital" y la República Digital Catalana se inspira en el modelo estonio.

El independentismo —señala el dosier— puso en marcha aquel entramado digital "ante la imposibilidad de un control territorial efectivo en Cataluña". Para crear una empresa en Estonia no es necesario ser residente en el país y la compañía figura dentro de la Unión Europea.