La Fiscalía General del Estado de Ecuador investigará las presuntas irregularidades detectadas en los contratos que la Embajada del país suscribió entre 2013 y 2016 con Kinema, la cooperativa fundada por Rafa Mayoral y vinculada a varios cargos públicos de Podemos.
Gracias a estos contratos, la cooperativa Kinema —que funciona como la gestoría de Podemos, pues tramita las nóminas de su personal en toda España—, cobró del Gobierno de Rafael Correa más de 1,6 millones de euros. Recibía esos fondos teóricamente por ofrecer asesoramiento jurídico y psicológico a los ecuatorianos residentes en España que no podían pagar su hipoteca durante la crisis inmobiliaria.
El primero de los pagos fue ordenado por la entonces embajadora de Ecuador en España Aminta Buenaño, quien en una entrevista explicó que actuaba siguiendo las "directrices" del Gobierno de Rafael Correa.
Los pagos a Kinema se efectuaron entre octubre de 2013 y mayo de 2016, según la denuncia que el diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador Fernando Villavicencio presentó el pasado 31 de octubre ante la Fiscalía General del Estado de su país.
la denuncia lleva como encabezamiento: "Notitia Criminis de presunto financiamiento a compañías relacionadas con funcionarios del partido político español Podemos".
Encabezamiento de la denuncia presentada por el diputado Fernando Villavicencio ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador.
La Fiscalía debe proceder ahora a abrir una indagación previa para confirmar si existen indicios delictivos en los hechos denunciados, ha indicado a EL ESPAÑOL el diputado Villavivencio, que en la actualidad preside la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea de Ecuador.
Su denuncia está respaldada por el informe elaborado el pasado mes de abril por la Contraloría General del Estado (el organismo equivalente al Tribunal de Cuentas), que detectó múltiples irregularidades en los pagos efectuados a Kinema por la Embajada de Ecuador.
Dicho informe especifica que, antes de suscribir estos contratos, la Embajada no acreditó la experiencia previa de la cooperativa ligada a Podemos para prestar este servicio ni realizó ningún estudio para determinar que el precio pagado era "adecuado al mercado".
Del mismo modo, el órgano fiscalizador determinó que la Embajada no estableció en el expediente de contratación algunos datos básicos —como el número mínimo de atenciones a ecuatorianos residentes en España, para determinar el precio—, ni comprobó luego que el servicio se hubiera prestado efectivamente.
Fragmento de la denuncia presentada por el diputado Fernando Villavicencio ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador.
"Los contratos se suscribieron sin estudios completos ni definitivos, ni términos de referencia que permitan establecer los parámetros necesarios que garanticen experiencia y capacidad de los contratistas", concluye el informe.
En su denuncia, el diputado Fernando Villavicencio señala que los hechos podrían responder a la comisión de sendos delitos de "peculado" (según el artículo 278 del Código Penal de Ecuador) y de "concusión" (artículo 281). Son los equivalentes a los delitos de prevaricación y malversación, establecidos en el Código Penal español.
Cuando la cooperativa Kinema cesó de prestar este servicio, añade su denuncia, la Embajada de Ecuador en España pasó a contratarlo con otra empresa denominada Mi País Consultores SL, que había creado para este fin un ecuatoriano residente en España, Walter Napoleón Jaramillo Mena, que gestionaba un locutorio de teléfonos en el barrio madrileño de Usera. Esta sociedad se embolsó otros 2,9 millones de euros de la Embajada de Ecuador.
El diputado Villavicencio ha incorporado a su denuncia unas declaraciones efectuadas por el ex embajador de Ecuador en España Pascual del Cioppo, quien vinculó la cooperativa Kinema al diputado de Podemos Rafael Mayoral y a la "señora Irene Montero, que es la esposa de Pablo Iglesias".
Fragmento de la denuncia presentada por el diputado Fernando Villavicencio ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador.
Rafa Mayoral fue inicialmente el encargado de coordinar el servicio de asesoramiento hipotecario contratado por la Embajada de Ecuador con Kinema. Sin embargo, el 2015 abandonó este cometido para centrarse en su carrera en Podemos y asumió dicha responsabilidad Marcelo Duque, un cargo político vinculado a Alianza País, el partido del presidente Rafael Correa.
Rafa Mayoral había sido también uno de los fundadores de la cooperativa Kinema, que quedó constituida el 25 de enero de 2006 en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, el feudo político de Tania Sánchez.
La purga
También participó en la fundación de Kinema Amanda Meyer, hija del histórico dirigente de IU Willy Meyer y hermana de Tristán Meyer, que trabajaba como miembro del equipo de La Tuerka, el programa que Pablo Iglesias presentaba y dirigía en una televisión local de Vallecas.
Al convertirse en ministra de Igualdad, Irene Montero nombró a Amanda Meyer jefa de su gabinete. Sin embargo, la destituyó de este cargo el pasado mes de junio, después de que el resultado de las elecciones andaluzas abriera un cisma entre Podemos e Izquierda Unida.
Rafa Mayoral se retiró del consejo rector de la cooperativa Kinema, cuya presidencia pasó a ser ocupada por Elena Marcello Santos, hermana de la diputada de Podemos por León Ana Marcello, que ha sido secretaria de Círculos y Participación del partido morado.
Desde su llegada a las instituciones, Podemos ha inyectado a Kinema elevadas sumas de dinero público de las instituciones. El partido morado contrata a la cooperativa de Rafa Mayoral la gestión de sus nóminas de su personal en toda España, incluyendo a los asesores y colaboradores que tiene contratados en los distintos Parlamentos autonómicos e incluso en el Parlamento europeo.
La denuncia de Calvente
Gracias a estos ingresos, la cooperativa Kinema declaró una facturación de 1.394.703 euros en 2015, coincidiendo con la llegada de Podemos a varios ayuntamientos y parlamentos autonómicos.
En su denuncia inicial que dio pie a la investigación del caso Neurona, el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente señaló los contratos suscritos en toda España por Podemos con la cooperativa Kinema como una presumible fórmula de financiación ilegal. Sin embargo, el juez instructor, Juan José Escalonilla, archivó esta línea de investigación de acuerdo con el criterio de la Fiscalía.
El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero permanece imputado en el caso Neurona (por el contrato que el partido morado suscribió con la consultora mexicana del mismo nombre) y también está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por un presunto delito de blanqueo.