Si me escuchó usted ayer a esta hora -gracias- esto ya lo tiene oído. Pero a la vista de lo que ha sucedido con las rebajas de penas a agresores sexuales, igual no está de más repetirlo:
Cuantos más casos se conozcan, casos diversos, con circunstancias distintas, en ciudades diferentes, juzgados y revisados por tribunales distintos, más difícil es sostener que todo se explica por la condición de machistas, reaccionarios, fachas y asustamujeres de los jueces y las juezas. Por mucha vehemencia, mucho acaloramiento, mucha descalificación que las responsables del ministerio de Igualdad, o el papa emérito de Podemos, quieran seguir poniendo a este debate.
Sabemos que para ellos no hay nada que debatir. La nueva ley es perfecta y todo el que le vea una fisura aprovechable por violadores ya condenados es un retrógrado, o una retrógrada, que si además viste toga, prevarica. Pero sabemos también que no se ha producido un aluvión de comunicados de asociaciones y organizaciones que estuvieron muy a favor de la ley del 'sólo sí es sí' haciendo suya ahora la explicación que está dando Podemos a las rebajas de penas.
Si sirve de pista, la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha escrito esto en un comunicado: "Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever este efecto de la ley no justifica que se arremeta contra los jueces y juezas, es inapropiado, es injusto y es contraproducente". A esta asociación pertenece, o pertenecía, la jueza del ministerio de Igualdad Victoria Rosell.
Si sirve de segunda pista, los diarios que acostumbran a ser más comprensivos con el Gobierno sentencian que la ministra se ha estrellado.
Repasemos: ¿En contra de su reacción de ayer? Asociaciones judiciales, partidos de oposición, colectivos de mujeres feministas, el juez de Podemos Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del gobierno de Baleares y la mayoría de los diarios. ¿A favor? El Ministerio de Igualdad, o sea, Podemos. Y Pablo Iglesias, o sea, Podemos. Y su podcast, supongo.
Y sobre todo, sabemos que a los tres casos conocidos el martes se han sumado otros nuevos en Madrid, en Baleares, en Murcia, en Castilla y León, en Andalucía. Cinco condenados ya en libertad y once condenas reducidas.
Quizá es que Montero, Rosell y el papa emérito Iglesias saben quiénes son esos jueces y juezas, cómo respiran y lo fachas y machistas que son
Cuesta creer que el Ministerio de Igualdad conozca a cada uno de los jueces y juezas que integran los distintos tribunales que han resuelto rebajas de penas. Quizá es que la ministra, la delegada del gobierno Rosell y el papa emérito saben quiénes son esos jueces y juezas, cómo respiran y lo fachas, machistas e incumplidores de la ley que han sido siempre.
Pero cabe también pensar que están tirando de generalización -invocando a la ONU como si la ONU se hubiera manifestado sobre este debate que hoy tenemos respecto de la nueva ley española- a falta de mejores, o más técnicos argumentos. Ay, la ONU.
Salvo que el ministerio me corrija, que para eso estamos, lo que anoche leyó Irene Montero en su comparecencia en la SER para darse la razón a sí misma (ya nos adviertió la ONU de que esto pasa) es la recomendación general número 33 de la Convención Sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW.
Es general porque está dirigida a todos los países miembros. Y dice que los estereotipos sobre qué comportamiento es el apropiado para una mujer lleva con frecuencia a los jueces a adoptar normas que castigan a la mujer que no se ajusta al estereotipo. Y que esos estereotipos pueden hacer que esos jueces interpreten erróneamente las leyes.
¿Trata el ministerio de hacer pasar una recomendación de la ONU por la prueba de que se está manipulando su ley? Obviamente, sí. Lo leyó bien: los estereotipos pueden hacer que los jueces apliquen las leyes de forma defectuosa. Pueden. Escrito en 2017 para todos los países de la CEDAW. ¿Dice la ONU que sea eso lo que está ocurriendo en España en noviembre de 2022 con la ley del sólo sí es sí? Obviamente, no. ¿Trata el ministerio de hacer pasar una recomendación de la ONU por la prueba de cargo de que se está manipulando su ley? Obviamente, sí. A la vista de las reacciones, yo diría que con poco éxito.
A mayor número de casos, la tesis de que se está aplicando mal la nueva ley se resiente. Y la otra tesis, la de que es la norma tiene una grieta, se refuerza. Dijo ayer Pedro Sánchez: vamos a esperar a ver qué nos dicen los tribunales.
La cuestión es que los tribunales ya están diciendo, presidente. Y no es uno, ni dos, no tres. En muchos de los casos, con el criterio coincidente de la Fiscalía. Y que se dijo que iba a ser esta ley la que unificara las interpretaciones sobre qué es violación y cómo se castiga.
El Ministerio de Igualdad alegó ayer -y está bien que se sepa- que en la Audiencia Provincial de La Rioja hay 54 casos en los que se ha rechazado la petición de rebaja de penas. El número es correcto. Lo que no ha trascendido -o yo no he encontrado- es cuáles eran los hechos y en qué se parecen o diferencian unas y otras sentencias.
Ahí tienen la respuesta de Patxi López. Fue hasta presidente del Poder Legislativo. Y lehendakari. Es para echarse a temblar
La ministra Montero insistió anoche en esto de los 54 casos de La Rioja, y en lo de la ONU. Pero no se trata de ver cómo queda el marcador cuando la cadena de revisiones termine: cuántas que sí, cuántas que no. Se trata de saber las que sí podrían haberse evitado con una redacción de la ley distinta.
La ministra Montero, Irene, parece estar convencida de el Supremo fijará doctrina en el sentido en que ella quiere. Pero eso ni ha sucedido ni es seguro que suceda. Paréntesis: está el Supremo como para que el Gobierno le ponga deberes y le meta prisa. De modo que, como diría Yolanda Díaz, seamos prudentes. Yolanda Díaz, marcando distancias con Podemos también en esto.
El Gobierno tiene un serio problema, es muy consciente de ello. Éste de los violadores es un asunto sensible, resbaladizo, y abrirse ahora a remendar la ley, como dice la parte socialista, no evitaría que el efecto indeseado se siguiera produciendo. Porque todas las condenas tienen que ser revisadas a la luz de la legislación que hoy está en vigor, que es ésta. No hay posible reversión, como dijo anteanoche la jueza Rosell en su afán por callarle la boca, con perdón, a la ministra de Hacienda.
Nadie se plantea. Defina usted 'nadie'. Porque el PSOE sí se lo plantea. Aunque no revierta. En eso tiene razón Rosell, tiene razón Podemos. Y en más cosas. Por ejemplo, que la ley tal como está redactada fue bendecida por el Consejo de Ministros y por el Parlamento. O como les dijo ayer la secretaria de Estado Ángela Rodríguez, que cada uno de los diputados que votó a favor de la norma es tan artífice de la misma como sus impulsoras.
Aquellos que ahora han salido tan rápido a decir 'la retocamos y ya está' debieran haber empezado por defender el trabajo que ellos hicieron. Si es que hicieron el trabajo, claro. Porque hay legisladores que a veces cuesta creer que sepan de la responsabilidad que se deriva de su trabajo. Ahí tienen al portavoz del grupo socialista, Patxi López, en su respuesta que dio el martes a Iñaki López en laSexta cuando éste le insistía en el efecto indeseado de la puesta en libertad de un violador: "Solucionémoslo para que no vuelva a pasar y esa persona que puede salir a la calle vuelva a la cárcel".
Y ya está. Si tocamos la ley y sacamos, sin querer, a uno de la cárcel, la retocamos y lo volvemos a meter. Urge que alguien le explique a López lo de la no retroactividad de las leyes que sean desfavorables al condenado. Bueno, urgía. Urgía habérselo explicado antes de que empezara a ejercer como legislador. Pero de eso han pasado ya seis años. Fue hasta presidente del Poder Legislativo. Y lehendakari. Es para echarse a temblar.