La abogada de la joven de la que abusó La Manada en Pozoblanco: "Tengo miedo por ella y otras víctimas"

Abogadas como la encargada de representar a la víctima de abusos sexuales por parte de La Manada en Pozoblanco, acostumbradas a lidiar con mujeres que han sufrido esta clase de agresiones, preparan el terreno para que las víctimas encajen como puedan la cruda realidad de que algunos delincuentes vean reducidas sus penas.

"No le quiero decir nada, no la quiero asustar antes de saber qué decisión tomará Agustín". Se refiere a Agustín Martínez, el abogado defensor de La Manada, que este jueves ha solicitado rebajar la condena de uno de sus representados. 

Quien habla es Patricia Catalina, letrada encargada de ejercer la acusación popular en el caso de Pozoblanco (Córdoba) por parte de la Asociación Clara Campoamor. "Tengo miedo por ella y por todas las víctimas. Se va a producir una revictimización si los violadores empiezan a salir de prisión. Es una aberración. La ley no hay por dónde cogerla", explica a EL ESPAÑOL. 

Catalina cree que Irene Montero, la ministra de Igualdad, debería abandonar su cargo tras la mayor polémica que ha levantado una decisión de su ministerio. "Debería ser honesta y darse cuenta de que ha gestionado mal esta ley. Debería replantearse su continuidad porque está poniendo en peligro a muchas víctimas. Han intentado hacerlo bien, la idea era buena, pero no la han llevado a cabo como la situación se merece". 

En el caso de La Manada en Pozoblanco, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  confirmó la condena de la Audiencia Provincial de Córdoba contra cuatro de los cinco miembros del grupo por abusar sexualmente de una joven.

Sucedió semanas antes de la violación perpetrada en las fiestas de San Fermín en Pamplona. Abusaron de una joven de Pozoblanco mientras grababan los tocamientos con su teléfono móvil. Después de perpetrar el delito llegaron a golpear a la joven y después la echaron del coche en el que viajaban mientras le gritaban "puta".

El Supremo confirmó una indemnización de 25.000 euros a la víctima y la pena de dos años y diez meses de prisión a tres de los cuatro condenados. También la pena de cuatro años y seis meses de prisión al cuarto miembro, que además difundió las imágenes grabadas en dos grupos de Whatsapp. Sus nombres son Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Guerrero, José Ángel Prenda y Jesús Escudero.

Buena parte de los casos que lleva la abogada que defendió a la víctima de Pozoblanco son delitos de violencia sexual contra la mujer. Este miércoles, precisamente, se encontraba en los juzgados de Huelva ocupada en un caso de abuso a una menor de edad. Al conocer la noticia se puso en alerta. "Me sulfuré al ver las noticias y comprobar las revisiones de sentencias que están saliendo por toda España", dice Catalina.

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También se indignó, dice, "al ver a la señora Montero con la desfachatez de decir que los jueces son todos unos machistas. En qué cabeza cabe que no se previera todo esto. Sus críticas son una falta de respeto al sistema judicial".

Imagen de los abusos sexuales a la víctima de Pozoblanco. EL ESPAÑOL

La opinión de esta letrada se une a la que ha dado este jueves la representante de la víctima de la violación en los Sanfermines de 2016. Teresa Hermida manifestó en diversos medios su temor "a que los violadores se beneficien de la brecha en la ley". Aseguró a La Sexta que la joven "lo está pasando mal" por todo el revuelo. "Ella quiere que termine todo. No deja de ser una revictimización para ella".

Reforma de la ley

La ley del sólo sí es sí ha reducido determinadas penas a delincuentes sexuales. Esta situación está generando un aluvión de revisiones a la baja de las condenas en aplicación del Código Penal, que obliga a aplicar la ley más favorable al reo. 

Es el efecto perverso de una norma cuyo punto de partida, precisamente, fue la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona por la que los cinco miembros de La Manada eran condenados por un delito de abuso sexual, al entender los magistrados del caso que no medió intimidación.

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Aquella resolución sería posteriormente corregida por el Tribunal Supremo, que calificó  de manera definitiva lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 como un episodio de agresión sexual.  

El clamor es tal que las asociaciones judiciales, conservadoras y progresistas, han salido a pedir en tromba responsabilidades al Gobierno por la gestión de Irene Montero: "Que dimita". Todas aseguran que la titular de Igualdad debe "asumir su responsabilidad política" por una ley que está bajando penas y excarcelando a delincuentes sexuales.