El Gobierno expedientará a los organizadores de la marcha en homenaje a Franco en Madrid
Lo hará en virtud de la Ley de Memoria "ante las imágenes, con gritos, gestos y cánticos que enaltecen el golpe militar, la dictadura y a sus protagonistas".
21 noviembre, 2022 09:36El Gobierno actuará contra los organizadores de la concentración este domingo en Madrid en homenaje al dictador Francisco Franco y al fundador de la Falange Española José Antonio Primo de Rivera. El convocante fue el Movimiento Católico Español, que reunió a un centenar de personas en el centro de la capital.
"Ante las imágenes que se han podido ver, con gritos, gestos y cánticos que enaltecen el golpe militar, la dictadura y a sus protagonistas, el Gobierno abrirá expedientes sancionadores a las personas y/o organizaciones que protagonizaron estos actos", informa en una nota el Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños.
"En el marco de los expedientes sancionadores -continúa la nota-, se ha solicitado a todas las delegaciones de Gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura y los responsables de esas conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática".
La Delegación del Gobierno autorizó la celebración, con gran presencia policial. Los congregados cantaron el 'Cara al sol' y la 'Marcha Real' con letra de José María Pemán. Se exhibieron además banderas franquistas y de los tercios de Flandes y no faltó el saludo fascista entre los presentes.
Las sanciones
Como cada 20-N se convocó un acto público para gloria del fascismo, coincidiendo con el día en el que murió Franco. Esta vez la fecha cobraba relieve, con la nueva ley de memoria ya en vigor. En virtud de ésta, la sanción máxima a la que se enfrentan los autores del homenaje al golpe de estado del 1936, la dictadura o a sus ejecutores es de 150.000 euros.
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En los discursos de la concentración, desde el atril, se habló precisamente de esta norma, que fue calificada como un "bodrio" que "propicia el enfrentamiento" entre los españoles, "penaliza" ideas e intenta "clausurar" medios de comunicación.
El Gobierno ha tomado la decisión de expedientar porque "la España actual se basa en nuestra Constitución y en los valores democráticos que garantizan la convivencia en libertad y rechaza, como los países europeos de nuestro entorno, cualquier enaltecimiento de un régimen autoritario o de sus figuras principales".