El rey emérito Juan Carlos I es inmune en Reino Unido y no podrá ser juzgado por los hechos ocurridos durante su reinado en la demanda de Corinna Larsen por acoso, seguimiento ilegal y difamación. La Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales le ha otorgado la inmunidad únicamente hasta su abdicación en 2014, por lo que sus actos a partir de esa fecha sí podrán ser juzgados.
La Justicia británica ha reconocido el recurso presentado por el emérito para justificar que sus acciones entre 2012 y el 18 de junio de 2014 -día de su abdicación como Rey-, no pertenecían a su ámbito privado, por lo que procede concederle la inmunidad únicamente en ese período. En la resolución, el tribunal admite el recurso de casación que presentó el emérito y concluye que "la pre-abdicación" de Juan Carlos I es "inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país". Sin embargo, a partir de esa fecha no.
En un comunicado difundido este martes, la defensa de la examante de Juan Carlos I, subraya que la inmunidad sólo "afecta a un asunto muy limitado", aplaude que la demanda "pueda progresar ahora hacia un juicio en el Tribunal Superior de Londres", y recordó que la "mayor parte de la demanda, a partir de 2014, no se ve afectada y debería ir a juicio".
Corinna Larsen demandó al rey emérito y al CNI ante la Justicia inglesa por acoso, "vigilancia ilegal" y responsabilizó a Juan Carlos I del "seguimiento abierto y encubierto" que presuntamente habría realizado el Centro Nacional de Inteligencia de Félix Sanz Roldán en Londres, lugar de su residencia principal, y en Montecarlo, donde se ubica la segunda. Ella data los hechos entre los años 2012 y 2020.
El pasado 8 de noviembre, los abogados de Juan Carlos I, que siguió la vista vía telemática desde la isla de Zaya Nurai, a 15 minutos de Abu Dabi, defendieron que el emérito es inmune porque los hechos que denuncia Corinna ocurrieron entre 2012 y junio de 2014, cuando Juan Carlos era todavía Rey de España.
Menos de un mes después, han logrado revocar la decisión inicial de pasado 24 de marzo del juez del Tribunal Supremo de Londres, Matthew Nicklin, de no reconocerle su inmunidad en la demanda de Larsen. "Sólo hay un Rey y un jefe de Estado en España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el Rey Felipe VI", dictaminó Nicklin.
Sí habrá juicio
Pese a que el juicio se llevará a cabo, presumiblemente a mediados del año que viene, el dictamen de hoy dejará fuera del proceso algunas de las acciones más perjudiciales para la causa del emérito, sobre todo referidas a las supuestas maniobras de acoso y espionaje dirigidas por Félix Sanz Roldán, jefe por aquel entonces del CNI.
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En la resolución judicial Sanz Roldán "de abril a junio de 2012, actuando bajo la dirección o el consentimiento del acusado, coordinó una operación secreta para entrar y registrar la oficina y el apartamento de la demandante en Mónaco", para lo que contó con la cobertura de una compañía de seguridad monegasca y agentes del CNI.
Esta cuestión, así como las amenazas que supuestamente profirió Sanz Roldán contra Corinna en un hotel de Londres el 5 de mayo de 2012, quedarían fuera del juicio. La decisión se apoya de forma decisiva en la sentencia sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet, cuando quedó estipulado que "la inmunidad es la del Estado, y por tanto solo puede ser suprimida por el propio Estado".
Amenazas, acoso y difamación
En la demanda interpuesta, la que fuera amiga de Juan Carlos I, reclamaba una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos.
Los hechos se desarrollarían "desde 2012 hasta la actualidad", e incluyen amenazas, difamación y vigilancia abierta. Larsen pedía en la demanda que se la resarza por daños y perjuicios y una orden de alejamiento para el padre del rey Felipe VI. No ha trascendido la cuantía de la indemnización económica que pide Corinna.
La examante del emérito también reprocha a Juan Carlos haberla acusado falsamente de quedarse con 65 millones de euros, que formarían parte del polémico donativo de 100 millones de dólares entregados en 2008 por el rey de Arabia Saudí que fueron enviados a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con la fundación Lucum con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I.
Larsen admite que el entonces Rey de España le dio esa cantidad de dinero, pero aclara que al terminar su relación se los reclamó y la difamó en numerosas ocasiones, lo que le acarreó la pérdida de ingresos en su puesto de trabajo como "consultora estratégica".