La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dio positivo por coronavirus este jueves y por ese motivo se ha suspendido el encuentro en su apoyo previsto para el lunes 12 en Buenos Aires al que iba a asistir la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz. El encuentro ha sido aplazado al lunes 19 de diciembre, según han informado fuentes oficiales.
La mujer fuerte de la política argentina se hizo el test de Covid en la tarde del jueves y ante el resultado positivo permanece aislada y descansando, en buen estado general de salud, en su residencia de la villa El Calafate, ubicada al suroeste de Buenos Aires, sobre la cordillera de los Andes.
El Grupo de Puebla, que reúne a 60 políticos de Latinoamérica y España, había convocado una jornada de solidaridad en apoyo a Kirchner, recientemente condenada por supuesta corrupción.
Los organizadores habían informado de que, al final del encuentro, iba a ser la propia Fernández de Kirchner quien lo cerrase con uno de sus discursos. En las calles se preveía una concentración de miles de "kirchneristas" para vitorearla.
La vicepresidenta Díaz iba a encabezar una mesa de debate en el encuentro Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia. Desde España también estaba previsto que viajaran y tomasen parte el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ex juez, Baltasar Garzón, que en la década pasada fue empleado por Kirchner para que colaborase en el ministerio argentino de Justicia. El anfitrión iba a ser el presidente argentino, Alberto Fernández, y participarían también los ex presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Pepe Mujica (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia).
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España, y Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina.
El evento había sido presentado como "un encuentro internacional de solidaridad" con Fernández frente a "la persecución político-judicial de la que ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra".
Y además se intentaría "denunciar que la actual vicepresidenta ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático".
Un tribunal de Justicia enjuició durante los últimos tres años a Fernández, más otros doce encausados, y el martes pasado dictó su veredicto. La condenó a seis años de cárcel e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Según el fallo, en los dos Gobiernos de Fernández, de 2007 a 2015, las licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz iban a manos de Lázaro Báez, supuesto testaferro de los Kirchner. Y ello causó al Estado pérdidas por el equivalente a 471 millones de euros.
Tras conocerse la sentencia, la vicepresidenta argentina pronunció un discurso televisado por las redes sociales. Denunció que a ella la condenó una "mafia judicial" que estaría enquistada en un "Estado paralelo" para proscribir políticamente.
En ese sentido, anunció que en 2023 no se presentará como candidata a ningún cargo electivo. Con lo cual, perdería la inmunidad de los fueros políticos y, si sus apelaciones a tribunales superiores fracasan, debería ingresar a prisión a fines de 2023.