Los médicos confían en que el revés del CGPJ a la Ley del Aborto de Irene Montero conlleve cambios

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este viernes una propuesta de informe sobre la reforma de la ley del aborto que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Con un análisis demoledor, el máximo órgano de gobierno de los jueves critica varios puntos claves del proyecto de Irene Montero que, precisamente, atacan a la profesión médica.

Ahora, los profesionales celebran el informe y esperan que desde el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España se tome nota de dichos apuntes. "Es un desconocimiento profundo de la realidad clínica", lamenta Tomás Cobo, presidente de los médicos de España, al tiempo que pide que, tras el pronunciamiento del CGPJ, impere "el sentido común y el conocimiento de las leyes".

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Aunque en su borrador el CGPJ cuestiona temas como las bajas por menstruación incapacitares, la parte que más afecta a los profesionales sanitarios es la que incide sobre un registro de médicos objetores de conciencia (algo que no existía hasta ahora) y eliminar los tres días de periodo de reflexión desde que la mujer solicita el aborto.

La ley que pasará previsiblemente la próxima semana por el Pleno del Congreso para ser ratificada elimina el requisito que existe actualmente y que establece la obligación de entregar a la mujer que solicita interrumpir un embarazo, un sobre cerrado con información sobre las ayudas públicas para la maternidad, derechos laborales, beneficios fiscales y otros recursos.

Días de reflexión

Pues bien, el órgano de gobierno de los jueces cree que el hecho de no entregarlo puede estar "privando" o "dificultando" el acceso a la información "sobre cuestiones que pudieran ser de su interés". Y los médicos coinciden.

Tomas Cobo, presidente de la Organización Médico Colegial (OMC), insiste en que eliminar este proceso, como los tres días de periodo de reflexión no responde al "sentido común".

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El informe inicial de las ponentes vocales Roser Bach y Ángeles Carmona reprocha que se elimine el periodo de reflexión de tres días desde que se le entrega ese sobre cerrado hasta poder realizarse el aborto.

La facción de Unidas Podemos que defiende eliminar estos días alega que se usan para "echar atrás" a las mujeres embarazadas, pero los profesionales sanitarios lo niegan.
Recuerdan que una interrupción de un embarazo es, en todo momento, una intervención clínica que precisa de un preoperatorio y un postoperatorio. "No es entrar y salir, el proceso requiere de competencias y conocimientos".

Con bastante desilusión, Tomás Cobo lamenta que el equipo de Irene Montero esté cambiando una ley que lleva funcionando muchos años sin problemas para "hacer cambios que no tienen un gran beneficio".

Tomas Cobo, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España.

En su defensa del periodo de reflexión de tres días, el CGPJ recuerda que es una medida que existe en "varios" de los países del entorno y es "necesaria" para una "adecuada formación de la voluntad" y para poder decidir de una forma "consciente y meditada" sobre el aborto y sus consecuencias.

Médicos objetores

Otro de los aspectos que más les ha afectado desde que empezaron a conocerse pequeñas pinceladas de la ley es el hecho de crear un registro de médicos objetores. Ahora mismo es una herramienta que no existe y que se deja a la elección de cada persona en cada caso particular. Algo que los profesionales siempre han defendido como la mejor opción.

En este sentido, los ponentes de CPGJ reconocen que no cabe ningún punto en contra de que haya un registro de médicos objetores, pero inciden en que el acceso a ese registro de personas objetoras deberá concretarse en un "instrumento normativo de rango infraorgánico". Es decir, no ser público.

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Los médicos temen que el registro sea usado como una especie de "lista negra" y, aunque reconocen que es algo aceptado por la ley que van a acatar, prefieren hablar de un listado de médicos disponibles.

Es decir, que cuando el gestor elabore los circuitos, como ocurre en otras patologías, con gente que está dispuesta a hacer ese tipo de estrategias. "Si ese circuito quiere ser práctico es necesario saber quién está dispuesto a hacerlo y quién no. Esto sería posible teniendo una relación de médico su equipo que quiera y desea participar".

"La administración tiene derecho a hacer el registro, otra cosa es que ese registro sea útil o no", puntualiza.

Hay que recordar que cuando se realiza la objeción de conciencia de la que habla la ley de Irene Montero se objeta la ley y no un caso determinado. Esto puede conllevar a que muchos profesionales por el mero hecho de tener que decir sí o no a todas las interrupciones, sin puntualizaciones, se decanten por el 'no'.

Hasta ahora, los médicos pueden decidir en cada caso, pero si se hace un registro de objetores lo que se objetará será toda la ley y los mecanismos que la integren.