La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que se debatirá la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

En el citado dictamen, el Gobierno ha incluido diversas enmiendas presentadas por los grupos independentistas que van encaminadas, entre otros aspectos, en potenciar las lenguas cooficiales (euskera, gallego y catalán) desde el programa Erasmus+. 

Concretamente, una de las propuestas que los independentistas catalanes han conseguido introducir es la que solicita que el programa Erasmus+ no discrimine las lenguas cooficiales y las potencie. Es decir, que los Erasmus puedan llegar a España a aprender catalán, euskera o gallego con "todas las facilidades".

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En la enmienda que se ha aceptado presentada por el independentista catalán Albert Botarán (CUP) se solicita que el Ministerio de Universidades, las comunidades autónomas y las propias universidades promuevan y difundan los programas de movilidad financiados con fondos de la Unión Europea, con particular referencia al programa Erasmus+, "asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación y la inclusión de las lenguas cooficiales".

Desde Junts, Mariona Illamola, ha registrado la enmienda aceptada por el PSOE, ERC y PNV para que dichos programas de movilidad estudiantil aseguren la "no discriminación y la inclusión de las lenguas cooficiales".

En su argumentario, Junts dice que la "movilidad de los estudiantes permite favorecer el conocimiento de la pluralidad cultural y lingüística de la Unión Europea, por ello debe dotarse de las máximas facilidades a quienes las lleven a cabo".

Ha sido ERC el partido que se ha congratulado en el seno de la Comisión de que la nueva ley asegure que todos los estudiantes "conozcan en qué lengua se va a cursar la materia y que se fomente el catalán en programas como Erasmus+".

La enmienda es muy llamativa, pero no es algo nuevo para el Ministerio de Universidades. De hecho, el propio ministro, Joan Subirats, ya prometió que iba a pedir a Bruselas que incorporara el euskera, catalán y gallego en la plataforma OLS (Apoyo Lingüístico en Línea, por sus siglas en inglés) para el programa Erasmus.

Colegios Mixtos y el Rey

Desde que se empezó a fraguarse la ley, la presión de los partidos de la oposición ha sido muy fuerte y la nueva norma se ha visto influida por la actualidad. Por ejemplo, una de las enmiendas que ya han sido aceptadas ha sido la de la formación que lidera Íñigo Errejón, Más País, relativa a los colegios mayores.

Tras hacerse viral un vídeo de los alumnos del Colegio Mayor masculino Elías Ahúsa llamándolas "ninfómanas", "putas", el grupo propuso que ningún colegio público pudiese estar segregado por sexo si estaba adherido a la universidad pública.

La petición de Más País se incorpora el apartado 4 que señala que "los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse".

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Esta primera fase en comisión es sólo un paso antes de aprobar el texto definitivo en el Congreso de los Diputados y que, tras eso, llegue al Senado. Ahora, el texto en Comisión ha recibido el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, mientras que Bildu y Ciudadanos se han abstenido. Vox, el PP y BNG han votado en contra.

Aun así, hay muchas de las reivindicaciones que no han entrado en esta fase. Como es el caso de que el rey firma los títulos universitarios. Era una de las grandes solicitudes del Gobierno que parecía que sí aceptaba el exministro, Manuel Castells, y que no ha ocurrido con Joan Subirats.

Más enmiendas

En total, el informe de la ponencia incorpora 78 enmiendas al articulado y 72 enmiendas transaccionales (entre las que están las ya mencionadas). Otras de las enmiendas aceptadas están enfocadas en fomentar la participación de la comunidad universitaria, impulsar programas de cooperación entre universidades y fomentar "la accesibilidad universal de los edificios universitarios".

La futura ley universitaria también dará más poder a las comunidades autónomas en lo que respecta a becas. A partir de ahora, las comunidades autónomas podrán ofrecer y regular un sistema propio de becas y ayudas con cargo a sus presupuestos y el Gobierno regulará de forma básica con carácter de mínimos las modalidades y cuantías de dichas ayudas.

Dentro del organigrama universitario, una de las enmiendas más polémicas es la que atañe a los rectores. Según el futuro artículo 50 de la ley, cuando el rector esté en periodo activo, "no podrá presentarse a ningún proceso de promoción académica ni formar parte de una comisión de promoción".

La ley es muy importante para el personal docente e investigador laboral. Entre los derechos que incluyen estas enmiendas está el de que tengan derecho a negociar sus condiciones retributivas con la universidad y puedan optar a las convocatorias que las Comunidades Autónomas establezcan para fijar retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales por el ejercicio de actividades docentes, investigadoras, de transferencia del conocimiento, innovación o gestión...