Marlaska anuncia como medida "extraordinaria" contra los maltratadores una orden de hace meses

Según esta norma, cuyo contenido ha podido conocer EL ESPAÑOL, se trata de una orden que sirve para que los policías alerten a las víctimas que acuden a denunciar a sus parejas en caso de que estén con un hombre con antecedentes por otros delitos de violencia de género. 

Es una orden que pone el foco en los maltratadores reincidentes. Se trata de la instrucción 8/2021 de la Secretaría de Estado de Seguridad. El objetivo de la misma es el "control" y la "monitorización" de los agresores. 

Las acciones que encomienda esta instrucción a los agentes son las de solicitar a la Fiscalía un dispositivo de control telemático, establecer una ficha o un dossier sobre este individuo y buscar acciones complementarias de protección a la mujer. A ella se le proporciona inofmración detallada, se le relatan otros incidentes previos de ese hombre al que han denunciado y se les explica la gravedad de estos agresores. 

La idea de fondo es que cuando la víctima acude a denunciar a su pareja por un delito de estas características, este nuevo procedimiento prevé que el agente pueda advertir a la mujer si está con un hombre con este tipo de antecedentes delictivos. Con esta instrucción, los policías le advierten si su pareja es un agresor persistente, si tiene en su historial denuncias previas por violencia de género.

Este mismo año, el departamento que dirige Marlaska dictó otra orden dirigida a víctimas persistentes. Se trata de la instrucción 11/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre "casos resistentes".

Tras el peor mes del año en cuanto a datos de violencia de género, con 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que aumentará la vigilancia sobre los agresores reincidentes, ordenando un aumento de las medidas contra estos individuos.

El ministro anunciaba así "actuaciones de seguridad extraordinarias" tras el peor mes de la historia desde que hay datos. La estadística oficial refleja que diez mujeres han sido asesinadas por violencia machista en diciembre, pero otros tres crímenes ocurridos en los últimos días están en investigación: un total de 13 mujeres asesinadas y dos heridas graves.

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Se trataría de la cifra más elevada desde 2003, cuando comenzaron a registrase los asesinatos machistas de forma oficial. Desde la noche de ayer se han conocido tres asesinatos machistas en Escalona (Toledo), Madrid y Benidorm (Alicante).

Marlaska ha expresado su "profunda frustración" por la "proliferación inusual y terrible" de crímenes y ha ordenado a las fuerzas de seguridad extremar la protección a las víctimas. De todos ellos, 17 están catalogados de riesgo extremo. A su vez, los casos de 706 mujeres están catalogados como de riesgo alto. Un total de 31.161 mujeres figuran en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén).

Confusión

El anuncio lanzado durante la mañana del jueves por el ministro ha creado confusión en diversos sectores del ámbito policial. Una fuente conocedora de los protocolos explicaba a EL ESPAÑOL que por lo general los agentes no cuentan sin más con acceso a los antecedentes penales de cada individuo. Sí que pueden acceder a los antecedentes policiales.

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No obstante, existe un Registro Central para la protección de las víctimas de este tipo de violencia en el que se inscriben las penas impuestas por ese delito, así como medidas cautelares y diversas órdenes de protección. Se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia, y a él tienen acceso las autoridades.

Estas mismas fuentes expresan a EL ESPAÑOL sus dudas sobre la legalidad de esta práctica y estiman que esta comunicación a terceros, es decir, revelar a una mujer maltratada los antecedentes de su pareja, podría constituir un delito contra el derecho a la protección de datos y contra el derecho a la intimidad.

Desde JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, no lo tienen claro: "Hemos estado consultándolo y no sabemos cómo se podría hacer de forma legal. No sabemos si se podría llevar a cabo".

Refuerzo

Mónica Gracia, secretaria general del SUP, observa con recelo la medida adoptada por Marlaska: "Desconocemos el encaje jurídico legal y el funcionamiento de un protocolo de estas características. ¿Con qué requisitos se accede a esos datos? ¿Cómo se acredita la relación para la consulta?".

Su sindicato se inclina más bien por reforzar las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer, una reivindicación que mantienen desde hace años al constatar que aumentan las denuncias de violencia de género en la última década pero no la cifra de agentes. 

Serafín Giraldo, portavoz del digital policial H50, apunta en que debe invertirse más dinero en labor policial. "El protocolo policial funciona, es muy efectivo y hay un protocolo personalizado con la víctima. Si pides más recursos policiales para esas unidades también te pedirán para homicidios, seguridad ciudadana... Hay carencias en la UFAM, pero son carencias generales. El problema viene después, cuando la víctima sale de comisaría. Ahí no tienen la atención debida".