El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid será reformado próximamente y los internos que lo habitan deberán ser reubicados.
Así lo confirman fuentes conocedoras de la operación a EL ESPAÑOL. El Ministerio del Interior, responsable último de estos recintos, ya tomó hace meses la decisión de remodelar el centro, inaugurado en el año 2005, y que Podemos ha pedido cerrar en varias ocasiones. Es uno de los CIE más antiguos del país y, por ello, sufre ciertas deficiencias técnicas. No se reformaba desde 2012.
Hace varios meses, la empresa pública Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado S. A. (SIEPSE) sacó a concurso el acondicionamiento del CIE.
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Se presentaron cinco empresas y, finalmente, el pasado septiembre, la adjudicataria fue Construcciones y Obras Llorente S. A., por un importe de 797.356,60 euros (más impuestos).
Según ha podido saber este periódico de fuentes próximas al Centro, aunque éste tiene capacidad para 206 extranjeros, actualmente, debido a las restricciones derivadas de la Covid-19, no hay más de 40, lo que facilitará el traslado de los internos cuando comience la reforma. De ellos, en torno a la mitad son marroquíes.
El protocolo sanitario obliga a que la ocupación del CIE de Aluche no sobrepase los 67 internos (36% de la capacidad total) y que, "bajo ningún concepto", supere los 92 (50%).
Módulo de mujeres
El CIE de Aluche es, además, el único de todo el territorio nacional que cuenta con un módulo exclusivo para mujeres, con 34 plazas reservadas para ellas. Aunque las fuentes consultadas por este diario indican que, a día de hoy, no hay ninguna interna en él.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso al estudio de seguridad, previo a la reforma, que SIEPSE encargó a un arquitecto. El dosier, de unas 40 páginas, señala que la duración estimada de la obra es de tres meses.
El CIE madrileño se ubica en lo que anteriormente fue el Hospital General Penitenciario, reformado en 2005 y convertido, desde esa fecha, en el único CIE de Madrid. Está integrado en las edificaciones que ocupa la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, conectado con la comisaría de La Latina y rodeado de un muro de unos cinco metros de altura.
El informe también recoge que, durante la reforma, entre otros aspectos, se automatizarán puertas, se renovará la videovigilancia —"debido al deterioro evidente de las [cámaras] actuales"—, se creará un nuevo patio sólo para mujeres, se redistribuirá el aseo femenino, se retirarán rejas de las ventanas y se establecerán nuevas zonas de control.
También, se pintarán varias estancias, se eliminarán humedades y encharcamientos, se sustituirá el actual alumbrado por un sistema LED y se modernizará la climatización del edificio y el saneamiento, la red de fontanería y el mobiliario de cuartos de baño. Todo ello, para resolver las "nuevas necesidades de reorganización interior que deben subsanarse".
Pese a haberse acordado hace varios meses, esta profunda reforma aún no había trascendido. Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que las obras comenzarán "en los próximos meses".
Este periódico ha tratado de ponerse en contacto tanto con el Ministerio del Interior como con la administración del CIE de Aluche para conocer los detalles del protocolo de reubicación de los internos. Por el momento, no ha obtenido respuesta de ninguno.
Polémica política
El CIE de Madrid también ha sido motivo de enfrentamientos políticos. A finales de octubre de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con la izquierdista Manuela Carmena como alcaldesa, aprobó una moción de urgencia en la que se instaba al Gobierno central a clausurar este recinto.
Con aquella moción, el consistorio mostró su "preocupación" por las supuestas vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el interior del CIE días antes.
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El 19 de octubre de aquel año, varias decenas de extranjeros se amotinaron y se atrincheraron en la azotea del edificio. La Policía Nacional tuvo que intervenir. También se registró un intento de fuga.
Poco después, en 2018, Podemos —hoy, parte del Gobierno en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska encabeza Interior— pidió el cierre de todos los CIE. Sucedió después de que se detectase que un interno de Aluche intentó escapar. Once agentes resultaron heridos.
"Este tipo de cosas se acabarían si cerramos los CIE, que no son centros de acogida, son cárceles", señaló Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.
Además, el pasado 2019, más de 150 asociaciones solicitaron el cese del director del Centro de Internamiento de Extranjeros madrileño por supuestas "violaciones" de los derechos humanos que se habrían producido en el recinto.
Entre las firmantes de este manifiesto, entregado en el Ministerio del Interior, se encontraban el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Pueblos Unidos, el Servicio Jesuita a Migrantes, el Proyecto Iusmigrante, la plataforma CIEs No Madrid, Acción en Red Madrid y la Coordinadora de Barrios.
Incluso la Iglesia católica los ha criticado. El pasado septiembre, monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, convocó una vigilia frente a las instalaciones de Aluche, bajo el lema En el CIE no hay futuro. Aquí construimos un futuro con migrantes y refugiados.
Tres Juzgados madrileños —los de Instrucción 6, 19 y 20— son los encargados del control del Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital.
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