El PP ha lamentado que la Vicepresidencia del Tribunal Constitucional haya recaído en un miembro del mismo sector que el del presidente del órgano de garantías, es decir, del progresista, lo que rompe por vez primera una costumbre según la cual el vicepresidente siempre procede de la corriente minoritaria.
Fuentes de la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo han reaccionado de modo muy crítico a la forma en que se ha producido la renovación del TC, con Cándido Conde-Pumpido elegido su nuevo presidente e Inmaculada Montalbán como vicepresidenta, ambos del sector progresista, que ahora es el mayoritario en el tribunal.
Así, han recalcado que el Constitucional se haya convertido en una institución "debilitada por los efectos del sanchismo" de manera que en la opinión pública pueda haber "dudas" acerca de su independencia.
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"No podemos más que lamentar que se haya tensionado de nuevo el procedimiento que se venía siguiendo hasta ahora por el que la Vicepresidencia del Alto Tribunal recaía en alguno de los miembros que forman parte de una corriente doctrinal distinta a la del presidente", han explicado las fuentes sobre la elección de Montalbán como nueva vicepresidencia.
Remarca en este sentido el PP que el Ejecutivo de Sánchez "actúa saltándose consensos respetados hasta ahora por los gobiernos de diferente signo político anteriores a este".
Y pone especial énfasis en el hecho "inédito" de que "dos exmiembros del Gobierno en ejercicio" -en referencia al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y la catedrática y exalto cargo de Moncloa Laura Díez- se hayan incorporado al Constitucional "nombrados por el mismo Gobierno que los designó para sus anteriores funciones".
Por ello confía en que el renovado TC "pueda blindar su actuación ordinaria de la voracidad institucional demostrada por el Gobierno a lo largo de la legislatura colocando a dedo a militantes y simpatizantes socialistas al frente de instituciones".
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Es algo que, insisten los populares, ha mermado la "credibilidad" de estas instituciones y ha devaluado "de forma injusta" el "impecable" trabajo de "cientos de servidores públicos" guiados por "el más escrupuloso respeto a la ley, la vocación de servicio público y la más exigente profesionalidad en el ejercicio de sus funciones".
Eso sí, el Partido Popular manifiesta que el TC "es un órgano fundamental en nuestro Estado de Derecho, que debe garantizar la supremacía de nuestra Carta Magna y su acatamiento por todos los poderes públicos".