Puigdemont reprocha a ERC la "poco afortunada" reforma penal de Sánchez que no le libra de la cárcel

En una "declaración institución" emitida a las 9 de la noche por Youtube desde Waterloo (Bélgica), el fugitivo de la Justicia constató que la reforma del Código Penal negociada por ERC no facilita su regreso a España ni le libra de la cárcel: "No volveré ni esposado, ni rendido ante un juez español para que sea indulgente. Lucharé para volver libre", advirtió.

Entre reproches apenas velados a ERC, Carles Puigdemont entierra la vía política para negociar su regreso a España y pone todas sus esperanzas en la decisión que debe tomar a final de este mes el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre su inmunidad como eurodiputado.

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Sólo en caso de que esta resolución sea favorable, dejó entrever el expresidente de la Generalitat, regresará a España para seguir luchando por la independencia de Cataluña.

En su mensaje institucional, Carles Puigdemont intentó desvincular esta decisión de sus circunstancias personales: "No se trata de aceptar ser condenado por delitos supuestamente menores, que finalmente no lo son", señaló desde Waterloo, "se trata de no permitir ninguna condena por decisiones políticas".

"Y esto no lo puede asegurar ningún pacto con el Gobierno español —como el Gobierno ya se ha encargado de dejar claro— ni ninguna connivencia con la Justicia de aquel país", constató. Sus palabras dejaban entrever la decepción provocada por el auto dictado este jueves por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado de instruir la causa del 1-O.

La escenografía del mensaje parecía bastante improvisada: un mapa de Cataluña —como si Puigdemont fuera el hombre del tiempo de TV3— y una de las urnas-tupper empleadas en el referéndum ilegal del 1-O.

El candidato Junqueras

Con la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas de la malversación, consumada a través de la reforma del Código Penal que ha entrado en vigor este jueves, ERC buscaba en primer lugar librar a Oriol Junqueras de la pena de inhabilitación para que pueda presentarse a las elecciones a partir de este año.

Pero el partido de Gabriel Rufián también aseguraba que esta reforma despejaría el horizonte penal de Carles Puigdemont para que pueda regresar del "exilio", en la terminología utilizada por los impulsores del procés.

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Sin embargo, el auto dictado este jueves por el juez Pablo Llarena ha supuesto un jarro de agua fría para los independentistas. El magistrado del Tribunal Supremo exime del delito de sedición, derogado por el Gobierno, a los cinco fugados de la Justicia: Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Marta Rovira y Clara Ponsatí.

En su lugar, les imputa un delito de desobediencia a la autoridad, por negarse a acatar la prohibición de celebrar el referéndum del 1-O, dictada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según el artículo 410 del Código Penal, este delito sólo implica una multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para ocupar empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

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De este modo, la secretaria general de ERC, Marta Rovira (hoy en Bélgica), y la exconsellera de Educación Clara Ponsatí (huida en Escocia, hasta que obtuvo el acta de eurodiputada, en febrero de 2020) ya pueden regresar a España para afrontar sólo una multa económica, por el delito de desobediencia.

Al igual que Anna Gabriel (CUP), que fijó su residencia en Suiza: ha evitado regresar a España a pesar de que sólo tiene que afrontar una multa por desobediencia, por tramitar resoluciones ilegales en su etapa como miembro de la Mesa del Parlament.

Marta Rovira ha anunciado este jueves que no va a tomar ninguna decisión "precipitada ni inminente" sobre su regreso a España, aunque ha reconocido que "la música que suena hoy, de la interpretación de este Código Penal, es lo que nosotros habíamos pretendido cuando instamos a la reforma".

Lo tienen más difícil Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. En su auto, el juez Pablo Llarena mantiene contra ellos la acusación de malversación agravada, prevista en el artículo 432.2 del Código Penal, con penas de hasta 12 años de cárcel para quien se apropie de más de 250.000 euros de dinero público.

Llarena mantiene la malversación

En su resolución el juez Llarena apela a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, según la cual la sustracción de fondos públicos equivale a su apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes de su destino o desviándolos del mismo.

Por tanto, considera que la reforma del delito de malversación introducida por PSOE, Podemos y sus socios en el Código Penal no es aplicable a Puigdemont, Comín y Puig: desviaron fondos públicos para un fin ilegal (la organización del referéndum de independencia del 1-O), lo cual equivale en términos legales a la apropiación indebida de estos recursos.

Esta interpretación del juez Llarena ha echado por tierra la euforia de Gonzalo Boye, quien a primera hora del jueves se había mostrado "convencido" de que su cliente, Carles Puigdemont, regresará a España este mismo año, después de que se produzca la resolución del Tribunal de UE sobre su inmunidad.

En su declaración institucional de anoche, Carlos Puigdemont no ocultó su decepción al constatar que la reforma del Código Penal negociada por ERC no le libra de la cárcel: "Quien quería ver en los cambios legislativos una herramienta para revertir esta tendencia se equivocaba".

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"Hoy Supremo ha dejado clara", añadió, "cuál es la interpretación y cómo nos aplicarán la poco afortunada reforma del delito de malversación, y no es una interpretación positiva, como los promotores de la reforma esperaban".

El expresidente de la Generalitat dejó claro que ya no tiene sus esperanzas puestas en las medidas impulsadas por el Gobierno para desinflamar la tensión en Cataluña, sino que sólo confía en la decisión del Tribunal de la UE: "No pido a las autoridades españolas ningún beneficio para mi situación personal, no creo que soluciones personales sirvan para resolver el conflicto de fondo", recalcó.