El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dado el pistoletazo de salida al calendario electoral presentando y rubricando el Plan de Calidad Institucional.
Se trata de un documento con 60 medidas que suponen tanto una crítica a la gestión de Pedro Sánchez como un "contrato" con los españoles, en caso de que el líder popular se convierta en presidente de Gobierno.
El líder del Partido Popular asume que lo que propone su partido es una limitación al ejercicio de un poder que confía en alcanzar si obtiene el respaldo en las urnas. Lo explicó argumentando que "hoy, en España, determinadas decisiones están concediendo una preponderancia a una parte del territorio español sobre otra y se ha llegado al punto de que cualquier dislate antes inimaginable ahora parece posible".
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Alberto Núñez Feijóo ultimó que con el Gobierno de Sánchez "se confunde poder y democracia, cuando precisamente restringir el ejercicio del poder es la base de cualquier sistema democrático".
El documento, de 30 páginas estructuradas en cinco bloques temáticos es, en su conjunto, un recorte a las atribuciones del Poder Ejecutivo y que Feijóo se ha comprometido a aplicar en los primeros 100 días en caso de ganar las Elecciones Generales. EL ESPAÑOL disecciona en siete pasos las principales medidas de un plan que es una contrarreforma a la gestión de Pedro Sánchez.
1. Derogación de leyes
Dentro de ellas destaca en primer lugar la derogación de leyes tan controvertidas como la del Sí es Sí, la vuelta a la tipificación de delitos como la sedición, la malversación, o la tipificación del referéndum ilegal "para proteger la integridad territorial del Estado".
También establece la modificación una ley aprobada bajo la presidencia de José María Aznar: la Ley 50/1997, del Gobierno, "con el fin de mejorar la planificación y tramitación normativa, así como la rendición de cuentas ante el Congreso".
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2. Limitar el Decreto Ley
Feijóo apuesta por controlar la potestad legislativa limitando el recurso al Real Decreto Ley, al que se deberá recurrir en caso de extraordinaria y urgente necesidad, debiendo "fundamentarse debidamente". Asimismo, se instaurará Oficina de Calidad Legislativa, con carácter técnico, para "asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación". Estará formada por parlamentarios y Letrados de las Cortes y podrán "sumarse expertos sobre la materia de los proyectos que así lo requieran".
3. El Consejo de Estado
El PP también se ha comprometido a reforzar el papel del Consejo de Estado para que ejerza sus funciones consultivas "con mayor transparencia". Tendrá una prescripción legal "más clara" cuando el Gobierno consulte "antes de la presentación de proyectos de ley". También delimitará Feijóo el sistema de nombramientos, para garantizar "el prestigio profesional, el mérito y la capacidad jurídica en todas las personas que forman parte de dicho órgano".
4. Los altos cargos
El cuarto cambio sustancial que piensa introducir el PP se refiere a los altos cargos. El líder de los populares ha abogado por introducir "por ley" pautas para configurar gobiernos, basados en "número razonable y proporcionado" de ministros, pero también de altos cargos, asesores y miembros de gabinetes, que serán nombrados "con moderación".
En esta línea, el documento se detiene de manera muy pormenorizada en dos instituciones públicas: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Sobre el CNI, el Plan de Calidad Democrática de Feijóo estipula que el director o directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no haya estado en política los cinco años previos antes de acceder al cargo, y que su designación responderá a criterios de "competencia y experiencia".
En cuanto al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los populares se comprometen cambiar la legislación para que su presidente o presidenta sea nombrado por "catedráticos y profesionales de reconocido prestigio que no hayan sido cargo electo durante al menos los últimos cinco años". Tampoco podrán ser "miembros del Gobierno", ni central ni autonómicos, ni podrán haber desempeñado "cargo orgánico alguno en partido político u organización sindical".
Además, el CIS volverá a la periodicidad de las encuestas trimestrales y no mensuales, que se basarán en 2.500 entrevistas. El objetivo es "recuperar la profesionalidad" del organismo, anterior a la llegada de José Luis Tezanos. El líder popular exige que la prioridad "exclusiva" del CIS debe ser "informar y no confundir a la ciudadanía, con especial atención a las encuestas electorales".
5. El uso del Falcon
La quinta enmienda a la gestión de Sánchez y que el PP se compromete a no repetir en caso de gobernar, se refiere al uso de recursos públicos para acudir a actos de partido. "Se evitará la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, entre ellos, los vehículos para el desplazamiento". En caso de que coincidan, reza el documento, los costes del desplazamiento "serán asumidos por el partido que organice el evento".
Alberto Núñez Feijóo, durante la rúbrica del Plan de Calidad Institucional, en Cádiz.
Proponen además a abrir un registro público sobre el uso del Dassault Falcon 900, pero también sobre el Airbus A310, y el helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno. También limitarán los viajes institucionales al exterior "desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones".
6. Ayuntamientos y Senado
El sexto cambio que introducirá Alberto Núñez Feijóo será la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. También prevé fortalecer el Senado y analizar la posibilidad de darle "nuevas atribuciones" para que pueda fiscalizar con mayor agilidad y eficacia "la distribución de fondos públicos en el marco competencial "autonómico, provincial y local".
7. El Poder Judicial
El paquete de enmiendas no olvida el Poder Judicial: el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y la figura delFiscal General del Estado. Así, los magistrados del Constitucional no podrán acceder al cargo si hubiesen ocupado un cargo político en los últimos cinco años. En cuanto al Fiscal General del Estado, su mandato será por cinco años, para desvincularlo de los posibles cambios de Gobierno, cuya renovación es cada cuatro. Asimismo, dentro del nuevo régimen jurídico para esta figura, se suprimirá su cese en paralelo al cese de los miembros del Gobierno que lo hubieran nombrado.
Por último, los populares derogarán la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentra en situación de prórroga. También establecerá un modelo de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el que los doce vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos "por y entre jueces y magistrados", y la elección de los ocho vocales del turno de juristas, por el Congreso y el Senado. La elección se centrará "entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio en su profesión".