El Gobierno ejecuta menos del 3% de sus órdenes de expulsión como la del yihadista de Algeciras

Yassine Kanjaa, el ciudadano marroquí que asesinó a un sacristán con un machete y causó graves heridas a un sacerdote, tenía una orden de expulsión desde hacía siete meses que nunca se ejecutó.

La Policía Nacional le detuvo el 16 de junio de 2022 y comprobó que carecía de la documentación pertinente para poder residir en España. No obstante, aunque se iniciaron los trámites para su expulsión, ésta nunca llegó.

En realidad, ésa es la situación habitual. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2022 se practicaron 539 expulsiones, pese a que hubo 18.676 resoluciones dictadas. Eso significa el 2,8% del total. Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno, fechada el 7 de octubre del año pasado.

Desde que gobierna Pedro Sánchez, el número de expulsiones de personas en situación irregular ha ido descendiendo paulatinamente año tras año, pese a que las órdenes de expulsión no han dejado de crecer.

En 2019 se dictaron 27.821 órdenes de expulsión, pero se hicieron efectivas sólo 5.393, apenas un 19,3% de ellas. En 2020, la situación fue aún peor. Hubo casi 10.000 órdenes más (37.287) y únicamente se ejecutaron 1.623; esto es, el 4,3%. En 2021 volvieron a crecer las órdenes de expulsión, hasta alcanzar las 42.614, pero se practicaron 1.417, el 3,3%.

Con la situación registrada hasta agosto de 2022, se estima que el año acabó con unas 28.000 órdenes de expulsión, de las cuales sólo se consumaron alrededor de 800, menos del 3%.

El balance de Marlaska

Estos datos los proporcionó el Ministerio del Interior a raíz de una pregunta parlamentaria de Teresa López, diputada de Vox por Ceuta. Así pues, durante los últimos cuatro ejercicios con Fernando-Grande Marlaska al frente departamento, se han dictado más de 135.000 órdenes para repatriar a personas en situación irregular y sólo se han ejecutado 9.200, una cantidad irrisoria.

Además, se advierte cada vez un mayor descontrol en el cumplimiento de la norma.  Desde la oposición se habla de "falta de voluntad política" y "desinterés" por actuar frente a la inmigración irregular. También, de escasez de medios y de poca inversión para poder abordarlo con ciertas garantías.

En el Gobierno achacan la situación, en cambio, a la dificultad de controlar un fenómeno creciente al que no es ajeno ningún país europeo, y que se ve agravado por la pobreza y la inestabilidad política en muchos territorios africanos.  

[El asesino de Algeciras tenía orden de expulsión desde hace 7 meses sin ejecutar por Interior]

Yassine Kanjaa, el islamista de Algeciras, carecía de papeles de residencia en España. Ni los grupos de Información ni las brigadas antiterroristas lo tenían registrado como posible yihadista, al no tener noticia de su radicalización.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, Kanjaa cruzó el Estrecho en una moto de agua en 2019 con destino Gibraltar. Fue expulsado de la colonia inglesa y devuelto a Marruecos.  

Los agentes encargados del caso todavía desconocen cómo y cuándo entró en España. Lo poco que consta en su ficha es que nació en octubre de 1997 en Marruecos y que llevaba varios meses viviendo como okupa en un piso de la calle Ruiz Ragle, muy cerca del centro de Algeciras y a 90 metros de una de las iglesias donde atentó. Compartía casa con otras cuatro personas de origen magrebí que no han sido detenidas.

En el expediente de Yassine figura también la diligencia de identificación y el comunicado de su estancia ilegal y expulsión, ése que nunca llegó a ejecutarse. Cuando la Policía lo identificó el pasado mes de junio cabía la posibilidad de enviarle a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde habría sido trasladado a Rabat en un plazo máximo de 60 días. Nunca se hizo.

Fuentes expertas en asuntos migratorios apuntan a EL ESPAÑOL que, en muchas ocasiones, las personas que se trata de devolver no son readmitidas por sus países de origen.