El coronel de la Guardia Civil Jesús Vicente Torresano, jefe de la comandancia de Melilla, ha sido fulminado este mismo martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apenas unos meses después de su nombramiento y 30 días después de que asumiera el cargo.
La dirección de la Guardia Civil le envía a la Jefatura de Enseñanza en Madrid "por necesidades del servicio", ya que, al parecer, cumple "los requisitos exigidos" y reúne "el perfil idóneo para desempeñar los cometidos encomendados".
Torresano había exigido, según ha podido conocer este diario de fuentes del Instituto Armado, que los guardias en las ciudades autónomas contasen con un protocolo para actuar en caso de ser agredidos por los inmigrantes en la valla.
Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL en las altas instancias de la Benemérita, se da la circunstancia de que el ministro tenía interés en fechas recientes en que se abriera expedientes a los guardias que lanzaron piedras contra los inmigrantes el día del salto masivo a la valla fronteriza, conforme pedía la Fiscalía en su informe final en el que archivaba la investigación sobre los hechos.
La fiscal no apreciaba indicios de delito en la actuación de los agentes de la Guardia Civil, aunque dio traslado de sus conclusiones al director adjunto Operativo de la Benemérita por si la actuación de algunos agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes fuera constitutiva de infracción disciplinaria.
Las imágenes de los agentes lanzando piedras se constataron en los vídeos remitidos por la comandancia acerca de la trágica mañana del pasado mes de junio.
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Ante la petición de la cúpula de Interior, el jefe de la comandancia se negó en rotundo, según las mismas fuentes, asegurando que quienes necesitan protección realmente son los guardias civiles en Melilla.
Protocolo de actuación
En cuestión de unos días se ha procedido a su destitución irrevocable, enviándole a un nuevo destino, en este caso Madrid. La directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el ministro personalmente firmaron su cese el pasado jueves. Este martes el cese ya figura en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL.
El coronel Torresano fue nombrado el pasado 22 de noviembre. Tomó posesión en diciembre. A finales de enero, ya ha tenido que hacer las maletas de vuelta rumbo a Madrid.
En los últimos tiempos, los saltos a la valla son cada vez más violentos. Se producen en grandes grupos, de centenares o miles de personas al mismo tiempo encaramándose a la verja. Sabedores de que los recursos policiales son limitados, los inmigrantes que aguardan al otro lado intentan ese método, convencidos de su eficacia.
Por eso el coronel solicitó protección para sus efectivos. Se lo dijo personalmente al ministro. La respuesta no se ha tardado en conocer.
JUCIL, la asociación mayoritaria del Instituto Armado, realiza una valoración muy crítica de los hechos por medio de su portavoz Agustín Leal: "Es una muestra más de la dejadez en política de interior de este ministerio. Todo lo que respecta a seguridad debe quedar al margen de la política y cualquier tipo de ideología, porque es algo que incumbe y mucho a la libertad y la calidad democrática de los ciudadanos. La seguridad debe estar por encima de todo".
Entre los agente de Melilla, continúan en JUCIL, se está produciendo una "desazón generalizada" al ver que su nuevo jefe, que trataba de mejorar la calidad y la seguridad del trabajo de sus hombres, ha sido destituido de manera irrevocable. El coronel, dicen "buscaba activar un protocolo para que nuestros compañeros tuvieran un respaldo jurídico ante los ataques violentos que venían sufriendo en cada salto. Tras esto, ha habido un cese encubierto con un destino forzoso a Madrid del coronel, con el fin de quitarle en medio".
"Ni tan siquiera ha habido explicaciones sobre las causas del fin del mandato del coronel. La nefasta gestión que afecta a la Guardia Civil continúa de este modo y los agentes que trabajan en la frontera son quienes más lo sufren", denuncian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Esta asociación ha exigido ya la dimisión del ministro por esta nueva polémica. "No hay implantados unos protocolos claros ni concretos de actuación, tampoco se dota de la suficiente protección jurídica y quienes tienen cargos de responsabilidad no solucionan los problemas que prevalecen. El problema no son los agentes, es la ineptitud de quienes no están capacitados para desempeñar cargos ministeriales. Es Grande-Marlaska quien debe dimitir de inmediato".