Bruselas expedienta a España por la adjudicación irregular de locales permanentes en la costa

La Comisión Europea ha abierto expediente este miércoles a España por no garantizar un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras. Además, Bruselas considera que la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta setenta y cinco años sin justificación es contraria a las normas de la UE.  

El expediente se ha iniciado con el envío de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. Si las autoridades españolas no adoptan medidas correctivas, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) e incluso con la imposición de multas, aunque las sanciones tardarían años en concretarse.

El Ejecutivo comunitario denuncia que la Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar "concesiones" para construir locales permanentes (por ejemplo, restaurantes, agrogranjas, empresas papeleras o químicas, etc.) en el denominado dominio público marítimo-terrestre, fuera de los puertos, "sin llevar a cabo un procedimiento de selección abierto y transparente".

"También permite ampliar la duración de tales concesiones por un período de hasta setenta y cinco años, una vez más sin procedimiento de selección alguno", censura la Comisión. Por estos motivos, la Ley de Costas infringe la directiva europea de servicios, según el análisis de Bruselas

En su afán por impulsar la liberalización del sector servicios en la UE, la Comisión ha lanzado un segundo expediente contra España por no aplicar correctamente la directiva sobre el test de proporcionalidad para la regulación de las profesiones. Esta norma exige a los Estados miembros que se aseguren de que todos los requisitos que introducen para las profesiones sean necesarios y equilibrados.

La directiva establece distintos criterios para evitar normas nacionales innecesariamente gravosas, que pueden obstaculizar el acceso de candidatos cualificados a una amplia gama de profesiones en otro Estado miembro. Su objetivo es facilitar a los profesionales de toda la UE el acceso a las actividades reguladas y su ejercicio.

Bruselas sostiene que se trata de una cuestión que afecta a muchos europeos. Aproximadamente cincuenta millones de personas, el 22% de la población activa europea, desempeñan profesiones cuyo acceso está restringido a personas con cualificaciones específicas o en las que está protegida la utilización de un título concreto, como puede ser el caso de los abogados o los farmacéuticos.

A menudo existen también requisitos específicos sobre cómo puede ejercerse la profesión, por ejemplo, limitaciones sobre quién puede poseer las acciones de las empresas o sobre cómo pueden anunciarse los servicios. "Garantizar que estas normas estén justificadas y sean proporcionadas aporta beneficios concretos a los ciudadanos europeos, tanto a los profesionales como a los consumidores", asegura la Comisión.