Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido con representantes del sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, a derogar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ultima el Gobierno. Así lo expresó en una reunión en la sede central del PP, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

El compromiso de Feijóo, si logra convertirse en el próximo presidente del Gobierno, es derogar esa reforma inmediatamente, antes de 100 días.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno y sus socios quieren aprobar en las próximas semanas ha causado un profundo malestar en el seno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A juicio de los agentes, lejos de garantizar su protección como máximos garantes del cumplimiento de las leyes, la nueva norma les resta garantías, seguridad y eficacia en su labor. Fuentes populares y policiales presentes en la reunión de la calle Génova aseguran que Feijóo coincidió en ese análisis.

Según denuncian los agentes, la reforma que promueven la izquierda y la extrema izquierda rebaja el castigo por desobediencia y recorta los medios de contención para hacer frente a altercados violentos multitudinarios.

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También retira la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a policías en su trabajo, e incluso rebaja la presunción de veracidad de sus relatos frente a los de los presuntos delincuentes.

El Gobierno y sus socios suprimirán también, con la nueva ley, la obligación de comunicar una manifestación a las delegaciones del Gobierno. Por eso, entre otros aspectos, la intención del PP es regresar a la actual normativa.

Informes de letrados

Este mismo miércoles, los letrados de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados han trasladado a los grupos sus "observaciones técnicas" después de analizar el borrador del informe. A su juicio, algunos cambios pactados en la reforma de la llamada Ley Mordaza no cuentan con una redacción "todo lo clara que se pretende".

Los letrados María José Ripollés y Luis Manuel Miranda subrayan que en el articulado modificado "se utiliza indistintamente" la expresión 'Fuerzas y Cuerpos de Seguridad' con la de 'Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'. Ambos recuerdan que estas expresiones "no son equivalentes" y, por tanto, la utilización de una u otra determina el ámbito de su aplicación, es decir, en determinados preceptos en los que se emplea 'Fuerzas y Cuerpos de Seguridad' se estaría dando competencias a cuerpos policiales autonómicos e, incluso, locales".

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Por ello, ya han solicitado a los partidos que perfeccionen, concreten y completen una decena de artículos de redacción poco clara o directamente confusa. 

Los letrados piden "clarificar", por ejemplo, la redacción propuesta del artículo 16.1. en el que se asegura que la identificación de personas "deberá estar basada en criterios razonables, que responderá al comportamiento individual de la persona o a la información o circunstancias objetivas".

También pide que se especifique "el tipo de infracción disciplinaria" al que podrían enfrentarse los agentes que incumplan los principios fijados. En concreto, sugieren que se deje claro en el mismo artículo si sería una infracción "muy grave, grave o leve".

Manifestación

Al mismo tiempo que se acelera la aprobación de esta reforma, los colectivos policiales se echarán en los próximos días a la calle para manifestarse contra esta iniciativa del Gobierno.

La primera de las concentraciones será el próximo sábado 4 de marzo y está organizada por la plataforma Jusapol y sus organizaciones en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, Jupol y Jucil respectivamente, mayoritarias en ambos cuerpos.

La marcha arrancará, como otras concentraciones previas, a los pies del Congreso de los Diputados. Los organizadores, a los que se ha sumado el sindicato CSIF, creen que podrán conseguir una afluencia cercana a las 80.000 personas en el centro de Madrid. 

El 6 de mayo, Jupol y Jucil organizarán otra concentración similar. "Esta se produce en un contexto muy negativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos efectivos se encuentran desmoralizados y debilitados en un escenario de violencia agravada y pérdida del principio de autoridad policial", explica Aarón Rivero, su secretario general.

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