La Policía pide registrar el despacho de 'Tito Berni' en el Congreso pero la Fiscalía se opone

La Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, uno de los grupos policiales a cargo de la investigación sobre el caso Mediador, ha pedido a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife el registro del despacho del diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, uno detenidos y de los cabecillas de la trama de beneficios y presunta extorsión a empresarios.

Sin embargo, en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Nº4 de Tenerife que ha podido consultar EL ESPAÑOL, el fiscal del caso Jaime Serrano-Jover González se opone a la petición de los investigadores, que pedían acceder a la Cámara Baja "sin restricciones y de manera exclusiva". 

El representante del Ministerio Público valora que la Constitución prevé la inviolabilidad de las Cortes Generales, y que por ello no puede pronunciarse a favor. Sin embargo, Serrano-Jover propone solicitar al Congreso mediante un oficio la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualquier efecto interesante para la investigación que Fuentes Curbelo tuviera en su despacho.

Así, dice que mediante esa petición se autorice a una comisión policial su acceso a la cámara "con las previsiones y prevenciones que consideren oportunas". Dice que incluso se incluya la participación de la Comisaría de Policía Nacional que se encuentra en el Congreso de los Diputados. 

Una vez que los equipos informáticos estén en poder de los agentes actuantes, la Fiscalía solicita que se proceda a la concesión de autorización judicial para que lleven a cabo la práctica de las diligencias que recogen en el oficio policial".

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Es decir, para su análisis, "autorizando, incluso, el cambio de claves de acceso con las prevenciones lógicas y adecuadas a esta medida". Todas estas decisiones ya se adoptaron en idénticas situaciones respecto del domicilio particular y profesional del investigado.

Nuevas diligencias

Estas diligencias se unirán a las ya solicitadas por la jueza que indaga en el llamado caso Mediador. La instructora ya ha ordenado a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que le entregue el expediente completo de cuatro contratos que adjudicó a una de las empresas implicadas de la trama de corrupción.

La empresa beneficiaria de estos contratos es la mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones SL, cuyo propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, uno de los que quedó en libertad tras ser detenido. 

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La Policía sospecha que José Santiago Suárez Estévez se benefició de su contacto con el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (el único implicado que permanece en prisión), que coordinaba el proyecto GAR-Si Sahel de la Fundación FIAPP.

El caso

En el caso Mediador, una jueza de Tenerife investiga una presunta red corrupta activa en los años 2020 y 2021 en la que están implicados un diputado, un director general de una administración autonómica, un general de la Guardia Civil y ocho empresarios canarios y peninsulares. Hay 12 detenidos en total.

El ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni y otros miembros de la trama se valían supuestamente de un intermediario para obtener comisiones en forma de dinero en efectivo, jugosas transferencias, fiestas, banquetes, prostitutas o noches en clubs de alterne.

Los integrantes de esta organización prometían abrir puertas a los empresarios para adjudicarles contratos públicos, subvenciones, tratos de favor con la administración, e incluso para ayudarles a eludir multas u otras responsabilidades en las que hubieran podido incurrir sus compañías. 

Para aparentar seriedad e importancia se valían de la figura del diputado socialista Fuentes Curbelo y del general de la Guardia Civil Espinosa Navas, hasta ahora el único encarcelado en la causa. La trama llevaba de visita a los empresarios a Madrid, en una ruta en la que comenzaban metiéndoles en el Congreso, en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para luego continuar en algún exclusivo restaurante.

Las noches finalizaban o bien en los hoteles en los que se solían alojar los miembros de la organización o en clubs de alterne en los que, según figura en el sumario, no faltaban las drogas, las copas y las prostitutas. Al final del día cada empresario se había gastado miles de euros en toda la fiesta.