La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha autorizado la entrega a la juez que instruye el llamado caso Mediador del ordenador, la documentación y demás efectos personales del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, investigado en esta causa.
Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la presidenta de la Cámara Baja. Este lunes, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife solicitó "acceder" a "los efectos depositados en el interior del despacho" del parlamentario, que entregó su acta hace escasas semanas, tras ser detenido.
Batet ya ha enviado un oficio a la Comisaría del Congreso y a la Secretaría General del mismo "acordando que se dé cumplimiento a la mayor brevedad posible a lo solicitado por el órgano judicial". Ahora, será la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, uno de los grupos policiales a cargo de la investigación, la que analizará los dispositivos del diputado, apodado Tito Berni.
En esta causa judicial, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres investiga la supuesta red corrupta dedicada a cobrar mordidas a empresarios para eliminar sanciones administrativas y obtener tanto adjudicaciones públicas como facilidades comerciales para operar en las islas Canarias.
Tal y como consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la jueza sitúa a Fuentes Curbelo en la cúspide de la presunta trama. Concretamente, en un auto reciente, considera a Tito Berni "líder de la rama política de la organización criminal".
Meritxell Batet, presidenta del Congreso, en una imagen de archivo.
El expolítico figura como imputado en el caso Mediador por varios delitos; entre ellos, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a grupo organizado; "los cuales habría llevado a cabo en el seno de una organización criminal", detalla la juez.
El PSOE dio de baja al diputado tras ser detenido a mediados del pasado mes de febrero. Cuando la magistrada preguntó al Congreso por la "documentación y efectos personales" propiedad del parlamentario que allí estuviesen, desde la Cámara Baja se informó al Juzgado que, "efectivamente, en el mencionado despacho se encuentra diversa documentación y efectos personales, así como un ordenador de sobremesa propiedad del Congreso; todo ello para uso del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo".
Ahora, la Policía Nacional analizará los dispositivos y redactará un informe pericial sobre su contenido, que, cuando esté completado, será enviado a la instructora.
'Caso Mediador'
En el caso Mediador, la juez investiga la supuesta trama corrupta dedicada a cobrar mordidas a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, de la anulación de sanciones administrativas o de la obtención de facilidades para extender sus negocios al archipiélago canario.
El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife señaló que el diputado Tito Berni se situaría en "la cúspide de una organización criminal asentada en Canarias". Su interés no sería otro que el de "enriquecerse ilícitamente mediante delitos relacionados con la corrupción".
Además del diputado, en esta trama figura, también como investigado, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, cuyo rol sería el de intermediario —el mediador del que el caso toma el nombre— entre el político y los empresarios.
Supuestamente, Tacoronte se dedicó a conseguir "el pago de dádivas" por parte de las compañías que se habrían beneficiado de los tejemanejes. La Policía enumera en el sumario estas dádivas: "prostitutas, cocaína, viagra, cenas...".
Otro tercer imputado en el caso Mediador es el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (alias Papá), el único de los más de doce detenidos que aún permanece en prisión.
La magistrada también ha ordenado investigar varios contratos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) —dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores— de los que se benefició la empresa dirigida por José Santiago Suárez Estévez, otro de los empresarios imputados en la trama.
La Policía sospecha que este último utilizó su contacto con el general Espinosa Navas, que coordinaba en el norte de África el proyecto GAR-Si Sahel, encabezado por la Fundación FIIAPP.
La juez instructora ha incorporado al sumario la transcripción de una conversación en la que Suárez Estévez, dueño de una empresa de drones, explica al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte: "Todo lo que hago con África, a través de Papá, ¿vale?", dice en alusión al general de la Guardia Civil.
"El contrato que tengo ahí metido con el Ministerio... o sea, con la Fundación", añade. De hecho, la Policía ha conseguido acreditar distintos pagos que el empresario realizó tanto al general Espinosa Navas como al mediador Navarro Tacoronte.