El Consejo de la Guardia Civil debatirá el caso Tito Berni y la corrupción en contratos de los cuarteles
La próxima reunión del órgano que coordina la Benemérita debatirá estos casos de corrupción tras la presión de los guardias.
20 marzo, 2023 02:58Tras ampliar el foco y salpicar con sus derivadas a cinco mandos de la Guardia Civil en una red de presuntos amaños de contratos públicos por toda España, el caso Mediador y las irregularidades en la adjudicación de contratos llegan por fin al Consejo de la Guardia Civil.
La presión de las bases del cuerpo y de las asociaciones ha conseguido que las artimañas de los mandos detenidos o investigados en ambas causas vayan a tratarse en la próxima reunión con la cúpula del Instituto Armado. Esta tendrá lugar el próximo 30 de marzo.
Desde la dirección de la Benemérita, tras las noticias de las últimas semanas sobre las irregularidades presuntamente cometidas por algunos de sus altos cargos, se ha decidido incluir el punto "Actuaciones para la mejora de la Gobernanza".
En él, la directora María Gámez dará parte a las asociaciones de guardias de la intención del Ministerio del Interior de poner en marcha diferentes iniciativas con las que mejorar la conducta de algunos altos mandos del cuerpo.
Interior tiene previsto estudiar la legislación vigente para tratar la lucha contra la corrupción, según las fuentes consultadas. Era una reivindicación que llevaba tiempo exigiendo la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). En su día, la AUGC realizó una petición al Consejo para la apertura de grupos de trabajo que para crear un sistema interno con el que regular la protección de los denunciantes de la corrupción.
Inquietud
Si hace dos semanas la investigación judicial se llevó por delante a un diputado del PSOE, el llamado Tito Berni y a un general de la Guardia Civil entre imágenes de comidas, juergas con drogas y prostitutas en clubs de alterne, las derivadas de esta trama amenazan con convertirse en un escándalo de mayor envergadura. Desde entonces la inquietud se ha instalado en la Guardia Civil y sus mandos, así como en el ministerio.
Las decisiones en el seno del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se han precipitado en los últimos días tras conocerse las irregularidades presuntamente cometidas en toda España de uno de los empresarios que aparece, tangencialmente, de refilón, en una de las reuniones registradas en el sumario de la causa de Tito Berni, el parlamentario Bernardo Fuentes Curbelo.
Ese empresario se llama Ángel Ramón Tejera de León, Mon para los amigos, yy no está siendo investigado en el caso Mediador, aunque aparece en una reunión recogida en los informes policiales de la causa.
Sin embargo, ha sido recientemente imputado en esta otra causa que se instruye en los juzgados de Madrid en la que se indaga, precisamente, en presuntas irregularidades en obras adjudicadas a su empresa para reformar comandancias de toda España. Es él quien conecta la trama Mediador con el llamado caso Cuarteles.
Junto a él figura como imputado otro empresario y dos mandos de la Guardia Civil; uno de ellos, el teniente general Pedro Vázquez Jarava. Por el momento el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil aprecia supuestas irregularidades en 193 obras en cuarteles adjudicadas por 3,3 millones de euros a este empresario. Esta unidad continúa con sus pesquisas en ambos casos.
[El Gobierno adjudicó contratos por 355.000 € a uno de los detenidos en el 'caso Mediador']
Mientras tanto en Interior se ha decidido cesar de forma fulminante al coronel Tienda Serrano, de la comandancia de Tenerife, tras su aparición en el sumario de Tito Berni y se han comenzado a tomar medidas contra los altos representantes de la Benemérita salpicados por estos casos de corrupción.
A la vez, la Guardia Civil mantiene intervenida la Tesorería de este destacamento. En la decisión pesaron tanto la conversación del sumario como la revelación de que Tenerife, precisamente, era para el empresario canario Mon uno de los lugares predilectos a la hora de conseguir licitaciones. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, le apartaron por pérdida de confianza, y ya estudian más medidas a imponer en la cúpula ante los recientes escándalos.