Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no le quedó otra que aceptar este miércoles la renuncia de la primera directora de la Guardia Civil en toda su historia. Pero la dimisión de María Gámez, tras la imputación de su marido en un caso de corrupción, responde, a juicio del titular de la cartera de seguridad, a los "altos estándares" que tiene fijados según él este Gobierno. Por eso, dijo, no tuvo más alternativa que aceptarla.

"María Gámez ha sido la mejor dirigente de la Guardia Civil en sus 178 años de historia", destacaba el ministro en la tarde de este miércoles en una rueda de prensa en Interior. "Lamento esta renuncia pero la he aceptado, conmovido por su gesto".

Gámez, a su juicio, actuó guiada por el principio "de decencia democrática. Vive una situación injusta pero necesaria, ya que es consecuencia de los duros niveles de proflilaxis democrática de este Gobierno, que debería extenderse a otras formaciones políticas". 

Marlaska dice que nada ha tenido que ver en la dimisión de Gámez el caso Mediador o el caso Cuarteles. Ha apuntado que en 2017, cuando Asuntos Internos investigaba en la trama de las adjudicaciones irregulares en múltiples comandancias otra cúpula y otro ministerio frenaron aquella investigación, en tiempos del PP.

[Los empresarios del 'caso Mediador' recibieron 1M en ayudas públicas además de 355.000 € en contratos]

A la llegada del PSOE, dijo Marlaska, se otorgaron plenos poderes a los investigadores para ir hasta el final. "Gámez dio toda la autoridad al Servicio de Asuntos Internos. Los primeros interesados en que ninguna actividad irregular tenga lugar en el seno de la Guardia Civil". 

La directora general de la Guardia Civil ha dejado el cargo que asumió en enero de 2020, en la segunda legislatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Es la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien asuma su puesto.

Así queda marcada la vara de medir con la que fija su tolerancia ante la corrupción el ministerio del Interior. La ya ex directora de la Benemérita anunció esta mañana su dimisión después de que el titular del juzgado número 6 de Sevilla haya citado a declarar en calidad de investigado a su marido por su presunta implicación en una de las ramas del caso ERE, el que se refiere a las ayudas de la Junta de Andalucía a la empresa Santana.

Marlaska se ha deshecho en elogios hacia María Gámez asegurando que no le cabe la más mínima duda de su honorabilidad tanto antes como ahora, en el ámbito profesional y personal.

Las causas

Recientemente, su marido, el empresario Juan Carlos Martínez, se había visto involucrado en un caso de corrupción en el que indagaba el juez de los ERE de Andalucía. En ese caso se investigan el presunto desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía a las cuentas del marido de la hasta ahora directora de la Benemérita en los años 2009 y 2011. Este jueves le han comunicado su imputación en la causa. 

Ella misma lo ha reconocido en una rueda de prensa este mismo miércoles. Gámez reconoció que se marchaba de su cargo "tras haber tenido conocimiento" de que su marido "ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial". Ha calificado la decisión de "difícil" pero asegura que lo ha hecho para proteger a su familia y a la Guardia Civil.

[El Gobierno adjudicó contratos por 355.000 € a uno de los detenidos en el 'caso Mediador']

"Provengo de una cultura personal, política y profesional donde los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto. No voy a permitir ni por asomo que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes ni al Gobierno de España del que tan orgullosamente he formado parte. Ninguno de ellos lo merece. También pienso en salvaguardar y proteger a mi familia", señaló.

Escándalos

La dimisión coincide con las investigaciones judiciales del caso Cuarteles, por las presuntas irregularidades en obras en 13 comandancias y con el caso Mediador, afectando ambas a dos generales retirados, Pedro Vázquez Jarava y Francisco Espinosa Navas, este último en prisión por las mordidas en las que también está imputado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.

En el Caso Cuarteles Asuntos Internos ha llegado a la conclusión de que un mismo empresario, Ángel Ramón Tejera de León, recibió 193 contratos presuntamente irregulares cuyo valor total superaba los 3,3 millones de euros. Según los informes del sumario, conocido por EL ESPAÑOL, pese a constar como terminadas, algunas de las obras no fueron siquiera ejecutadas. Otras fueron realizadas parcialmente. 

Este empresario contaba con el favor y la recomendación de los dos mandos investigados. En el sumario del caso Mediador figura una reunión en la que Tejera de León se junta con el intermediario y con el general Espinosa Navas. En esa reunión, que está grabada, hablan con un tercer mando del cuerpo, el coronel de Tenerife Tienda Serrano, quien les asegura a ambos y a empresarios investigados en esta trama que "los suyos están buscando los papeles".

La comandancia de Tienda Serrano es precisamente la que más licitaciones concedió a este empresario. Por eso, Tienda Serrano fue cesado de su puesto hace menos de quince días. 

En el caso Mediador, una jueza de Tenerife investiga una presunta red corrupta activa en los años 2020 y 2021 en la que están implicados un diputado, un director general de una administración autonómica, un general de la Guardia Civil y ocho empresarios canarios y peninsulares. Hay 12 detenidos en total.

El ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni y otros miembros de la trama se valían supuestamente de un intermediario para obtener comisiones en forma de dinero en efectivo, jugosas transferencias, fiestas, banquetes, prostitutas o noches en clubs de alterne. A cambio, prometían múltiples favores a empresarios.